El comandante de la policía que estuvo a cargo de la operación, Jorge Mendoza, explicó a los medios que el segundo piso del inmueble funcionaba como un búnker criminal, ya que se halló un arma de fuego con una cacerina y municiones. Además, se verificó que las ventanas estaban enrejadas y el acceso era limitado.
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“Hemos intervenido este inmueble a través de una planificación operativa, en el cual se han encontrado 21 personas involucradas en diversas actividades delictivas, como la tenencia ilegal de armas de fuego. Se hallaron un revólver, una cacerina y municiones. Asimismo, se encontró droga en diferentes espacios multifamiliares del lugar”, declaró el comandante Mendoza.
Un día después de la intervención, el coronel Henry Chingay, jefe de la División Policial Este 2, declaró ante la prensa que, en menos de 24 horas, todas las personas detenidas en el edificio de Ate fueron puestas en libertad por una disposición fiscal. “La fiscal a cargo indicó que no había elementos de convicción, pese a que se encontraron armas de fuego y drogas… Ustedes saben que una investigación puede durar hasta 15 días”, comentó.
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Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por la fiscal Jessica Gomero, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita. “Mi despacho, después de recibir y realizar las diligencias pertinentes durante el tiempo que las personas estuvieron detenidas, evidenció que lo que se intentó presentar como una operación significativa no fue más que una noticia sensacionalista”, señaló en una entrevista con TV Noticias.
Durante el operativo, los agentes policiales ingresaron a un edificio de seis pisos, compuesto por varias habitaciones en cada nivel donde habitan familias o parejas, compartiendo un baño por piso. La fiscal aclaró que la intervención se realizó sin la participación del Ministerio Público, lo que impidió que se garantizaran las condiciones legales necesarias para una intervención adecuada.
“El personal policial, sin la participación del Ministerio Público, efectuó este operativo, que no puede ser denominado de otra manera, con un despliegue de 69 efectivos, apoyados por unidades de La Molina, Cieneguilla y unidades especializadas. Esto demuestra que se trató de un operativo policial, aunque se presentó un acta de intervención”, explicó Gomero.
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La fiscal enfatizó que en todo operativo debe intervenir el Ministerio Público a través de un representante para garantizar que se aseguren las pruebas y no surjan cuestionamientos posteriores sobre la legalidad de las detenciones. Además, señaló que no debe haber distinción alguna en el tratamiento de las personas detenidas, independientemente de su nacionalidad. “La ley debe aplicarse por igual a todos”, recalcó.
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Gomero también detalló que, dentro de uno de los baños comunes del segundo nivel, la policía encontró un arma de fuego en la ducha, una cacerina junto al inodoro y tres municiones. Explicó que la policía no solo detuvo a las personas que habitaban el segundo piso, sino a todos los hombres del edificio.
Fuentes de este diario revelaron que, durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía, que incluyeron la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas dentro del edificio, se pudo confirmar que desde las 10:00 p.m. de la noche anterior a la intervención hasta las 2:17 a.m. -hora en la que ingresó la policía-, no se observó que ninguna persona se acercara al baño del segundo piso. Lo mismo ocurrió en los pisos superiores, donde no se registró movimiento alguno. Además, los policías que han declarado en el marco de la investigación tampoco han podido señalar a quién de los detenidos podría haber ocultado el arma en el baño.
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Según el acta de intervención policial, los detenidos habrían formado parte de una banda criminal conocida como ‘Los Gatilleros del Ache’, dedicada a la microcomercialización de drogas, extorsión, sicariato y cobro de cupos en la zona rosa de Ate. Sin embargo, la fiscal subrayó que estas personas no fueron detenidas por esos cargos, sino por el hallazgo de un arma en el baño, lo que corresponde a un delito totalmente distinto.
Gomero confirmó que se continúan realizando las investigaciones, pero que su despacho necesita pruebas objetivas para fundamentar las detenciones. Informó que, a las 8:44 a.m. de ese día, fue notificada de la detención de seis personas, pero a las 10:00 a.m. el número de arrestados aumentó a 21, luego a 22, y finalmente se corrigió a 16 detenidos.
Finalmente la fiscal indicó que para proceder con la detención de los implicados, era necesario presentar ante un juez un acta de hallazgo que justificara la privación de su libertad, lo que no ocurrió. El acta solo detallaba que se encontró una cacerina, un revólver y municiones en un espacio común utilizado por niños, adolescentes y mujeres, quienes no fueron detenidos.
El Ministerio Público ha informado a través de sus redes sociales oficiales que durante el primer trimestre del presente año, el registro oficial de detenidos del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple) contabilizó 56.593 detenciones en flagrancia a nivel nacional. Del total, delitos como extorsión, homicidio y secuestro representaron el 1.38% de los casos.
