Al interior del Congreso de la República, una mesa de trabajo a cargo de la Comisión de Energía y Minas viene elaborando un predictamen para la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, conocida como la ‘Ley MAPE’. Sin embargo, la fórmula se viene desarrollando estrechamente con los mineros informales, a quienes, en la práctica, se tendría que empezar a regular.
Esta semana, se llevaron a cabo dos reuniones, tanto el martes como miércoles último. En ambas, los mineros informales de organizaciones como la Confemin, Fenamarpe y otras, fueron convocados y se hicieron presentes en el Parlamento, en sesiones que no fueron transmitidas en vivo por los canales de la institución.
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Tal como lo informó El Comercio, de las más de 40 visitas registradas para la mesa de trabajo del día martes, 21 correspondían a mineros informales inscritos en el Registro Integral de la Formalización Minera (Reinfo). De ellos, más del 70% tenían el registro suspendido; es decir, no cumplieron con los requisitos mínimos.
Además, varios de ellos tienen vínculos políticos, como Máximo Franco Béquer, presidente de la Confemin y, además, militante de Renovación Popular. También José Torrealva Yparraguirre, además exalcalde distrital de Pataz y, actualmente militante de Podemos Perú; así como Adolfo Valverde Calipuy, quien pertenece a las filas de Perú Libre; y Zilha Sánchez Villegas, militante del partido de A.N.TA.U.RO.
Pero lo mismo ocurrió en la sesión de este miércoles 8, en donde se presentó un primer borrador del predictamen de la nueva ‘Ley MAPE’. Según una revisión de este Diario al registro de visitas del Congreso, de los diez ingresos registrados para la mesa de trabajo, cuatro eran de mineros informales con Reinfo. De ellos, tres en estado suspendido y cuyas zonas de operación son Ica, Áncash, La Libertad y Arequipa.
En la lista está Gladys Tapia Medina, presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú (AMIP) y quien tiene un Reinfo suspendido en Caraveli, Arequipa. En el 2021, Tapia intentó postular al Congreso con Renovación Popular, sin éxito. Además, militó en agrupaciones como el Partido Nacionalista, el Frente de la Esperanza y Perú Moderno.
También acudió Celso Cajachagua Guere, presidente de la Fenamarpe y quien ostenta hasta dos registros consignados en Nasca (Ica), ambos suspendidos. Además de José Castillo Salvatierra, quien tiene hasta tres registros suspendidos en Ica, Áncash y La Libertad. En el caso de Delia Paucar Huamaní, vinculada a la Confemin, tiene vigente un registro en Ica. Los cuatro también habían acudido a la sesión del último martes. Además de ellos, se registraron también otros representantes de la Confemin para participar de la mesa de trabajo.
Un borrador con cuestionamientos y un debate viciado
En la sesión de este miércoles, se dio a conocer un “primer borrador” de lo que será el predictamen para la nueva ‘Ley Mape’. En la víspera, uno de los asesores que conduce la mesa de trabajo se mostró en contra de que se ‘filtre’, por lo pidió a los gremios que solo acudan “los que necesitamos estar”, especialmente abogados y dirigentes, y “sin celulares, para no hacer grabaciones”, una muestra del pésimo manejo que viene teniendo la discusión de este tema.
En el borrador socializado, al que pudo acceder este Diario, se plantea la incorporación de la figura de la servidumbre minera en concesiones mineras inactivas. La servidumbre minera es un mecanismo que, en la actualidad, está regulado para acceder al terreno superficial, mas no faculta la explotación de recursos minerales. En la práctica, esto solo fomentaría la invasión a las concesiones mineras formales.
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En el texto, se propone que, ante la falta de consenso entre el titular de la concesión y un minero que aspira a formalizarse, este último puede recurrir a una oficina de conciliación implementada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En caso no se llegue a un acuerdo entre ambos, es el Minem el que resolverá, previa fijación de una contraprestación económica para el titular.
Por otro lado, también se propone la creación de un “régimen especial” para todo el proceso de adquisición, transporte, almacenamiento y uso de explosivos para este sector minero. Además, se recarga en el Minem la responsabilidad de otorgar la certificación ambiental en la pequeña minería y minería artesanal.
Es más que manifiesto la parcialidad que viene habiendo en la discusión de este tema tan clave, y la responsabilidad recae en el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial). A opinión de César Ipenza, abogado especialista en derecho ambiental, es evidente que el parlamentario “representa a los intereses de la minería informal”.
“Un legislador debe tener una posición seria, no parcial, ni siquiera evidenciar los intereses que tiene tras él. En este caso, es evidente que el presidente de la Comisión de Energía y Minas representa los intereses de la minería informal, porque ha presentado proyectos para seguir extendiendo la impunidad que tiene este proceso de formalización. (…) Entonces, esto evidencia una posición viciada, que tiene intereses tremendos en esta actividad, en desmedro de los intereses del país”, remarcó en diálogo con este Diario.
El especialista también apuntó que, si realmente se busca sacar adelante una nueva ‘Ley MAPE’, se debería escuchar a todas las voces y a todos los actores involucrados, no únicamente a los mineros informales. En la práctica ―agregó― esto ocasionaría que se siga entrampando el tema y continuar prolongando el proceso de formalización.
“Sería pertinente que, más allá de que solamente escuche una voz de quien provoca la problemática, escuchar también a todos los afectados. ¿Dónde están los pueblos indígenas afectados por esta actividad? ¿Dónde están sus propuestas para enfrentar el uso ilegal de insumos como el mercurio? ¿Dónde está su propuesta para enfrentar toda la criminalidad asociada a esta actividad?”, incidió.
Desde diciembre, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) optó por no continuar en la discusión que se viene realizando en esta mesa de trabajo, precisamente por la falta de parcialidad por parte del presidente la comisión, Paul Gutiérrez.
“Dada la relevancia de este tema, deberían hacer un esfuerzo y tener [en el Congreso] una comisión multipartidaria y con un representante, un congresista que tenga la habilidad de lograr consensos y que no haga muestra evidente de parcialidad plena antes de empezar la conversación. Si no se logra eso, eso está viciado de fondo”, aseveró en diálogo con El Comercio.
De la discusión de esta mesa de trabajo, saldría el predictamen para la nueva ‘Ley Mape’, luego que la propuesta que planteó el Ejecutivo en noviembre pasado no generara consensos. Luego, esta tendría que ser analizada en el seno de la Comisión de Energía y Minas, que preside precisamente Gutiérrez y luego pasar al pleno del Congreso.
