El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, cuestionó este jueves al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por destituir a los fiscales que investigaban al expresidente Evo Morales (2006-2019) por trata de personas, y afirmó que su despacho investiga actualmente tres casos por supuesta violación que involucran al exgobernante.
“El fiscal Lanchipa debe rendir un informe al pueblo boliviano, él tiene que decir por qué ha cesado de sus funciones a la fiscal departamental de Tarija (Sandra Gutiérrez) y a fiscales de materia que están investigando el hecho”, afirmó Del Castillo en una rueda de prensa en La Paz.
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La ahora exfiscal departamental de la región de Tarija (sur) denunció en la víspera que Lanchipa la echó de su cargo y ordenó frenar una orden de captura contra el expresidente Morales en una investigación por el delito de trata y tráfico de personas.
Por su parte, Lanchipa se pronunció este jueves para explicar que la fiscal Gutiérrez fue cesada de sus funciones por una “conducta negligente” al proceder en inconsistencias procesales. Además, negó que haya instruido paralizar el proceso con el exmandatario.
El ministro de Gobierno informó que aunque su despacho investiga tres casos por el delito de violación contra Morales, no descarta que se presenten más denuncias.
“Estamos investigando, estamos recibiendo denuncias de manera formal e informal, haremos lo que esté en nuestras manos y, si existen elementos de convicción, vamos a pedir las sanciones correspondientes”, dijo.
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Del Castillo también cuestionó que la jueza que debía ordenar la captura contra Morales anulara dicha solicitud y, además, que el proceso lo haya derivado de la región oriental de Santa Cruz a la población de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político de Morales y una de las principales áreas cocaleras del país.
Según un documento de la fiscalía boliviana filtrado en los medios, el caso por el que se investiga a Morales es por el delito de “trata y tráfico de personas” y habría ocurrido cuando la supuesta víctima “tenía 15 años”, en 2015, en una provincia de Tarija.
“El Ministerio de Gobierno va a ser parte de este proceso para que sea reconducido, para que esta niña pueda obtener justicia, no necesitamos revictimizar a esta persona, necesitamos justicia”, añadió el ministro.
El caso surge en medio de la pelea interna que se libra en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) entre facciones afines a Morales y al presidente del país, Luis Arce, por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
