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Falta menos de una semana para que este domingo 7 de junio los peruanos acudamos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto y elegir al próximo presidente de la República por el periodo 2026-2031. Sin embargo, faltando pocos días para los comicios, diversos conflictos sociales podrían poner en riesgo el normal desarrollo de la votación en diversos puntos del país.
Falta menos de una semana para que este domingo 7 de junio los peruanos acudamos a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto y elegir al próximo presidente de la República por el periodo 2026-2031. Sin embargo, faltando pocos días para los comicios, diversos conflictos sociales podrían poner en riesgo el normal desarrollo de la votación en diversos puntos del país.
La alerta del JNE
Ante esto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha mostrado su preocupación por diversos conflictos sociales, como el Paro Agrario que tiene lugar en diversas regiones del país, así como las tomas de universidades nacionales en los últimos días.
“El Jurado Nacional de Elecciones manifestó su preocupación frente a la continuidad del paro agrario, la toma de carreteras y las manifestaciones sociales en el interior del país, situaciones que representan un riesgo latente para el traslado y despliegue del material electoral, así como de los electores, de cara a la Segunda Elección Presidencial que se celebrará este domingo 7 de junio”, detalla en su comunicado.
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En medio de esta situación de convulsión social previa a los comicios, Eugenia Fernán Zegarra, directora de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial (Dneect) del JNE, reveló que la entidad está realizando el respectivo monitoreo a través de su equipo de Prevención de Conflictos Electores, el cual cuenta con gestores especializados en cada región.
Una de las medidas que llevó a cabo la oficina de Fernán Zegarra, es convocar a sesión a la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictos Electorales (y que encabeza el presidente del JNE), para fortalecer las acciones de prevención requeridas para que la segunda vuelta electoral se desarrolle con normalidad.
Esta labor es posible gracias a las 28 comisiones interinstitucionales que coordinan de forma permanente con los Jurados Electorales Especiales (JEE), tras lo cual se recoge la información en tiempo real sobre el desarrollo de los conflictos sociales que se vienen presentando en diversas zonas.
Del mismo modo, el JNE ha remitido un reporte a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), detallando los “puntos críticos de manifestaciones e interrupciones de carreteras”, según se lee en el comunicado. Su objetivo tiene como finalidad facilitar el libre tránsito de los camiones que trasladan el material electoral a los diversos centros de votación.
Al respecto, Alejandro Rospigliosi Vega, abogado Constitucionalista, mostró su preocupación por el actual panorama de convulsión social a pocos días de la segunda vuelta electoral, destacando que el Gobierno tiene está en obligación de “llevar a cabo los comicios, de no manifestarse a favor de ningún candidato, de respetar el principio de neutralidad, garantizar la seguridad del proceso”, considerando que “no lo está haciendo. Eso es muy peligroso”, dijo al diario El Comercio.
Asimismo, calificó de “gravísimo” que la ONPE que la no puede trasladar al material electoral a las distintas zonas del país: “Hay que exhortar (al Gobierno) a no incurri en una infracción constitucional, ¿Cómo es posible que no se pueda poner paz y tranquilidad en el país?”.
Paros y conflictos sociales activos
En el caso del paro agrario convocado y acatado por los agricultores arroceros, principalmente, se han realizado medidas de protesta como el bloqueo de carreteras en regiones como Lambayeque, Piura, San Martín, Puno y Ucayali; pero, a la par de esto, también hay conflictos activos en la Universidad Nacional de Ucayali (Ucayali), la Universidad Nacional de Educación Enrique y Guzmán Valle, La Cantuta (Lima) y la Universidad del Centro del Perú (Huancayo, Junín).
Ante esto, Fernán Zegarra declaró a RPP sobre el impacto que podrían tener las paralizaciones en el despliegue del material electoral a los centros de votación e, incluso, los centros de educación superior tomados por manifestantes, lo que conlleva a problemas de instalación de las mesas de votación si no se solucionan, sobre todo teniendo en cuenta que el reparto tendrá lugar entre el 27 de mayo y el 2 de junio:
La funcionaria destacó que lo transportado comprende: las actas, las cédulas de votación, de capacitación, de señalización, entre otros. Por ello, es que el JNE le da este nivel de prioridad al monitoreo de las protestas, destacando el caso particular de La Cantuta: “Hay 52 mesas de sufragio y 15.391 electores programados en la próxima segunda vuelta electoral que es el 7 de junio”.
(Foto: MTC)
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Situación actual del paro agrario
El paro agrario en regiones como Lambayeque, Piura y Tumbes tuvo lugar desde el pasado lunes 25 mayo con medidas de fuerza como el bloqueo de carreteras, afectando seriamente la distribución de alimentos, golpeando con particular dureza a Chiclayo, en cuyo periodo, los comisionados electorales conminaron a los manifestantes a garantizar el paso de ambulancias, personal de salud, personas vulnerables y vehículos que transportan material electoral a los centros de votación en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
Sin embargo, el 28 de mayo, regiones como Piura, Lambayeque y Tumbes levantaron los bloqueos con una tregua de 10 días con la advertencia de ir a la huelga indefinida si el Gobierno no cumple sus demandas
También se ha reportado que diversos gremios de la Amazonía se plegaron a las protestas, teniendo como epicentro lugares como Tarapoto, Rioja, Nueva Cajamarca, Bellavista y Tocache, todas en la región San Martín. En Ucayali, las movilizaciones más importantes tienen lugar en Pucallpa; mientras que en Huánuco, los piquetes tomaron forma en Aucayacu.
Pese a que el Gobierno oficializó este viernes la entrega de 170 millones de soles para el sector agrario, específicamente arrocero, mediante una edición extraordinaria de las normas legales, la paralización continúa.
El Decreto de Urgencia Nº 005-2026 autoriza una transferencia de 120 millones de soles al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este presupuesto financia la compra directa de arroz a los agricultores familiares. Posteriormente, el Estado distribuye el insumo de forma gratuita a la población en situación de pobreza extrema.
¿Qué carreteras están bloqueadas por el paro agrario?
Carretera Fernando Belaúnde Terry (Norte y Sur): en los sectores de Rioja (km 742), Uchiza (km 602 en Tocache), Nueva Cajamarca y Bellavista; también el tramo de Aucayacu hacia la selva central en Huánuco. Ha sido abierta de forma progresiva, permitiendo el paso de camiones y buses varados.
Panamericana Norte: en el Óvalo El Trébol, en los accesos a Sullana, Tambogrande y vías internas que dirigen hacia Catacaos y Sechura, ambos en Piura. Reabierta tras la tregua de 10 días con el Gobierno central.
Carretera Federico Basadre: los principales accesos de esta vía hacia la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali. Se encuentra restringida de forma intermitente, aunque los comités locales evalúan bloqueos totales.
Longitudinal de la Sierra Sur: principalmente en el kilómetro 1220, en el distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, en Puno. De momento, el flujo ha sido restablecido hacia el sur del país.
El constitucionalista calificó de “chantaje a la democracia” la actual situación de convulsión social: “Es un chantaje solucionar el paro (agrario) o no dejar plena vía de acceso en las carreteras”.
Asimismo, Rubén Vargas, exministro del interior, fue consultado por el diario El Comercio, quien dijo lo siguiente sobre los inconvenientes que el paro agrario podría tener en el desarrollo de la segunda vuelta electoral.
“Por más entendible que sea la agenda de los sectores levantados, no pueden atentar contra el derecho a elegir y ser elegido. Sin ejercer ese derecho se comete un delito de orden público”.
En esa misma línea, nos da una explicación para el actual contexto de convulsión social: “falta total de autoridad, no solo en las regiones, sino en el país entero. Estamos abandonados. Luego, de esa falta de autoridad emergen sectores económicos que aprovechan la debilidad del gobierno para poner, utilizando acciones de fuerza, una agenda que quiere sacar provecho desde una coyuntura donde se necesita la logística adecuada para llevar el material electoral a todo el país”.
Toma de la Universidad Nacional de Ucayali
A inicios de la semana pasada, estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali tomaron la sede de esta casa de estudios con un pliego de reclamos que exigen cumplir a las autoridades académicas.
La protesta es encabezada por Álvaro Ríos, presidente de la Federación de Estudiantes, quien aseguró que las manifestaciones tendrán carácter indefinido hasta que se reúnan con el rectorado.
Piden que las reuniones con el rector, vicerrector de investigación y vicerrector académico se transmitan en vivo y que se acepten sus 21 reclamos, que incluyen: la residencia estudiantil, la mejora de la infraestructura de la universidad, así como más raciones de comida en el comedor.
Toma de la Universidad La Cantuta (Lima)
El pasado miércoles 20 de mayo, estudiantes de este centro de formación universitario tomaron parte de la residencia universitaria denunciando que dicho espacio también es utilizado por maestros, ex docentes y hasta familiares, pese a que dichas instalaciones están reservadas para alumnos con bajos recursos y provenientes de otras provincias.
La medida de fuerza provocó que las clases pasen a modo virtual hasta nuevo aviso. Ante esto, una represente universitaria dijo a Exitosa que la residencia para señoritas fue desactivada en 2019 ¿Los motivos? Se argumentó que el espacio era “inhabitable”.
Toma de la Universidad del Centro del Perú (Huancayo)
El pasado 18 de mayo, estudiantes de esta casa de estudios superiores tomaron la ciudad universitaria exigiendo la pronta culminación del nuevo pabellón de aulas y laboratorios de la Facultad de Ingeniería Civil, así como la contratación de maestros en la Facultad de Derecho.
Según detallaron los alumnos, la construcción del nuevo pabellón está paralizada desde octubre de 2025, provocando falta de aulas, así como diversos problemas de infraestructura que afectan el desarrollo de las clases. ¿Cuál es el motivo de esta demora? Las autoridades de la UNCP aseguran que se debe a la falta de presupuesto.
También se sumaron estudiantes de Sociología, quienes exigían la separación de docentes vinculados con presuntos casos de acoso sexual. Sin embargo, medios locales informaron que se ha llegado a una tregua, restableciendo de forma parcial las actividades académicas.
En cuanto a las universidades tomadas en las últimas semanas, Rospigliosi Vega fue claro en su posición: “Mi solidaridad con los universitarios, su reclamos son justos, pero eso no tiene nada que ver con tomar un local de votación, lo cual rechazo, pues restringe el derecho al voto”.
Por ello, dijo que el gobierno tiene dos caminos para solucionar estos temas de cara a los comicios del domingo 7 de junio: “Uno es el diálogo, pero también se encuentra el uso constitucional de la fuerza para restablecer el orden”.
En ese sentido, el exministro del Interior, señaló: “Entiendo la agenda de las universidades, se tiene que atender, pero ello no pasa por atentar contra el derecho político al voto, ahí estamos cruzando una línea muy fina (…) se trata de un aprovechamiento oportunista por, precisamente, la falta de gobierno, de las instituciones que deben garantizar el derecho a elegir y ser elegido”.
Paro de transportistas en Lima y Callao
El paro de transporte programado para mañana martes 2 de junio en Lima y Callao ha sido suspendido, anunciaron hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y dirigentes de los gremios de transportistas.
Tras la reunión sostenida esta mañana con dirigentes del gremio de transporte urbano, Prieto informó que se firmó un acta de entendimiento en el cual se deja sin efecto el paro de mañana.
Asimismo, dijo que se deja constancia del compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de avanzar en el proyecto de rescate económico financiero para las empresas de transportes.
“Tenemos la mesa 1, que da origen a los subsidios, que ahora ya tenemos definido, y la mesa 2, sobre el compromiso por parte del MTC en aras de conseguir las mejores medidas de rescate económico financiero del sector”, enfatizó Prieto Barrera.
Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao, explicó que el acta suscrita contempla, además de dejar sin efecto la medida de fuerza, el compromiso del sector para continuar participando en las mesas de trabajo destinadas a buscar soluciones a la crisis económica que enfrentan las empresas de transporte.
Según indicó, varias empresas ya han quebrado y otras atraviesan serias dificultades para mantenerse operativas, razón por la cual solicitaron al Ejecutivo la implementación de un plan de rescate financiero y un subsidio temporal y focalizado.
