La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debate este viernes el informe final que plantea inhabilitar por diez años de la función pública a Pedro Castillo, así como a Betssy Chávez, quien permanece asilada en la Embajada de México en Lima, por su participación en el golpe de Estado.
El documento fue elaborado por la delegada a cargo del caso, Ana Zegarra (Somos Perú), y en base a la denuncia constitucional que presentó Alejandro Muñante (Renovación Popular).
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El informe final, que deberá ser debatido y votado por la subcomisión en primera instancia, plantea inhabilitar por diez años de ejercer cargos públicos al expresidente Pedro Castillo.
De esa misma manera y por diez años, también se propone la inhabilitación de Betssy Chávez y Willy Huerta, ambos exministros que estuvieron presentes en Palacio de Gobierno el día del golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. A todos ellos, de igual manera, propone que sean acusados por infracción constitucional.
De otro lado, Zegarra propone archivar el caso contra Roberto Sánchez, congresista y entonces ministro de Pedro Castillo, en atención que una resolución de la Corte Suprema que estableció que no cometió ningún acto ni intervino en la planificación o el anuncio del mensaje a la Nación de Castillo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también tiene en agenda evaluar otros procesos, incluyendo dar cuenta de denuncias presentadas por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el fiscal supremo Hilder Uriel Terán, y contra el congresista Alejandro Soto (APP).
Finalmente, se evaluarán informes de calificación para determinar si admiten o no a trámite acusaciones de Delia Espinoza contra la parlamentaria Lucinda Vásquez, de los legisladores Elías Varas y Alex FLores contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entre otros.
