La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, por mayoría, admitir a trámite la Denuncia Constitucional 468 e iniciar investigación contra la exministra Betssy Chávez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado, tipificado en el artículo 401 del Código Penal.
De acuerdo con el informe de calificación de la denuncia formulada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, a Chávez Chino se le acusa de haber adquirido un inmueble en la ciudad de Tacna por S/136.500, pagando al contado con un dinero, si bien bancarizado, de origen desconocido.
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Ante esta información, la Fiscalía de la Nación dispuso incorporar información y documentación de fuente abierta, obteniendo las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentada por Betssy Chávez ante la Contraloría General de la República.
Dichos documentos sirvieron como sustento para calificar los hechos imputados y ordenó el inicio de diligencias preliminares contra la también excongresista, como el levantamiento de su secreto bancario y reservas tributarias y bursátil del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2022.
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Asimismo, dispuso la realización de una pericia contable financiera al patrimonio de la exprimera ministra en el periodo comprendido de julio del 2021 hasta agosto del 2022.
Posteriormente, el 18 de agosto del 2023 el perito contable emitió un informe sobre el caso, que si bien concluye que de la comparación de los ingresos y egresos, Chávez Chino no tiene un desbalance patrimonial, señala el desconocimiento de la procedencia de los S/100.000 que entregó en efectivo para la compra del inmueble.
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Del mismo modo, el documento señala que si bien los S/36.500 restantes fueron bancarizados, no se tiene prueba que permita sostener que fue a partir de los retiros de la exjefa del Gabinete Ministerial.
“Por tanto, si bien de la comparación de los ingresos y egresos de la excongresista y exministra se aprecia que no existiría un desbalance patrimonial, también se registran en sus cuentas financieras abonos y/o depósitos de dinero de origen o procedencia desconocida, por no estar documentada su fuente de origen, las cuales ascienden a un importe total de S/136.500″, indica el informe.
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La denuncia, según se sustentó en la sesión del último martes 5 de noviembre, cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República.
Por ello, el documento fue aprobado por mayoría (14 votos a favor, cero votos en contra y 4 abstenciones) por la subcomisión. Los votos en abstención fueron de Francis Paredes (Podemos Perú), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Jorge Coayla (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) y Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular).
