Betssy Chávez, acusada por el golpe de Estado del 2022 junto al vacado Pedro Castillo, continuará gozando de su libertad e incluso podría terminar trabajando en el Congreso de la República, a pedido del parlamentario Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo).
Y es que, la tarde del 4 de setiembre, el parlamentario presentó un requerimiento para la contratación de personal de confianza en el cargo de Asesor II. Para el cargo propuso a la procesada Chávez Chino.
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El documento, al que accedió El Comercio, señala que la exministra iniciaría sus labores el 5 de setiembre, fecha en que se dispuso que el Poder Judicial (PJ) analice un pedido de prolongación de prisión preventiva en su contra.
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Sin embargo, la exministra y mano derecha del vacado Pedro Castillo, continuará bajo comparecencia simple afrontando el juicio oral que se le sigue por el presunto delito de rebelión y por el que la Fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel en su contra.
La tarde del viernes, el juez supremo Edhin Campos, aceptó el desestimiento del pedido de prolongación de la prisión preventiva en contra de Chávez Chino, planteado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
El fiscal supremo Edward Casaverde, explicó que había operado la caducidad del requerimiento solicitado en 2024, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional (TC) había anulado la resolución que declaró fundada la ampliación de la medida y dispuso la libertad de la ahora acusada.
Además, señaló que la medida no era viable en la actualidad, debido a que la requerida ya se encontraba en libertad.
César Romero, abogado de Chávez Chino, se mostró de acuerdo con el desistimiento solicitado por la fiscalía. Explicó que al expirar el plazo de la prisión preventiva inicial, ya no cabe solicitar una prolongación de una medida que no existe.
El juzgado concluyó que siendo la parte requirente quien solicitó el desistimiento y la defensa de la procesada estaba conforme, el desistimiento era viable.
“Procede amparar el desistimiento, dejando sin efecto el requerimiento fiscal (…) Tener por desistido el requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva de la procesad Betssy Chávez Chino, procesada por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado Peruano.”
¿Qué hará Bettsy Chávez en libertad?
Durante todo el viernes, los allegados y abogados de Betssy Chávez no publicaron fotos de la expresidenta de Consejo de Ministros de Pedro Castillo.
Incluso, no se presentó a la audiencia donde se iba a evaluar la prolongación de su prisión preventiva.
De acuerdo a su abogado César Romero, si bien ya había sido excarcelada, continuaba internada en una clínica local por prescripción médica. Además, adelantó que su patrocinada viviría en Lima y que ya estaba gestionando contratos laborales.
“Mi clienta, estando enferma, ha buscado una residencia en Lima, está pidiendo el requerimiento laboral, hay un contrato de arrendamiento y hay informes médicose”, dijo.
Luego, en diálogo con El Comercio, sobre los contratos laborales, el abogado sostuvo que eran documentos previos a un contrato.
“Son documentos que son previos a cualquier emisión de contrato, son requerimientos (…) Es un documento de temas sobre un estudio de abogados que es el de nosotros”, dijo.
Sin embargo, quien sí se pronunció sobre la posibilidad de emplear a Chávez Chino, fue el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo.
Sánchez, como se recuerda, fue investigado también por el Golpe de Estado del 2022; sin embargo, posteriormente fue excluido del proceso por el Poder Judicial.
En declaraciones a la prensa, el parlamentario anunció su predisposición para emplear a la exministra acusada en su despacho congresal.
“Si no tiene ningún impedimento para laborar, para trabajar, procede, y si cumple los requisitos; la doctora Betssy es titulada, tiene maestría, tiene formación profesional. Yo estaría contentísimo para que sea soporte profesional en mi despacho parlamentario”
Sánchez, quien ha sido uno de los congresistas que más ha tenido contacto con Chávez Chino durante el tiempo que esta cumplió prisión preventiva, también la ha visitado constantemente en la clínica donde fue internada la exministra.
Al ser repreguntado si contratará a la exministra, el congresista señaló que sí.
“Claro que sí, corresponde porque cumple requisitos, es legal, es de ley, de derecho constitucional. Pregunto, ¿alguien me lo va a impedir? No creo, porque el derecho y la razón siempre priman”, anunció.
Precisamente, de acuerdo al Requerimiento de Personal N° 10533 presentado por Sánchez ante la oficina de contrataciones de personal del Congreso, se procedió a solicitar que la exministra sea empleada por el Parlamento como Asesora II.
De ser contratada, Chávez Chino podría percibir un sueldo entre S/10 mil y S/15 mil.
Este Diario buscó la versión de Sánchez Palomino a fin de conocer si mantendrá el requerimiento para que la acusada exministra sea contratada en su despacho, pero no respondió hasta el cierre de este informe.
Cabe precisar que, el pasado mes de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó un informe que recomendó la inhabilitación en el cargo, por 10 años, contra Chávez Chino, por haber participado en el Golpe de Estado.
Raúl Noblecilla, otro de los abogados de Chávez Chino, no descartó la posibilidad de que su patrocinada sea contratada en el despacho del congresista Roberto Sánchez. Sin embargo, dijo que no se quería adelantar.
“Sus facultades las tiene, pero en este momento me parece que se está adelantando demasiado. Primero vamos a recuperar la salud y luego veremos”, anotó.
“No solamente es un despropósito político, además va a tener acceso a esa información privilegiada”
Consultado sobre la posibilidad de que Bettsy Chávez, exministra de Pedro Castillo, pueda ser contratada como asesora o trabajadora del Congreso, el constitucionalista Aníbal Quiroga cuestionó dicho anuncio y lo calificó como un “despropósito”.
El abogado advirtió a El Comercio que, de concretarse ello, sería un “reto” no solo al Parlamento; sino también al sistema.
Además, consideró que sería “impertinente” teniendo en cuenta que, de ser contratada por el congresista Roberto Sanchez, en su despacho, Chávez Chino podría acceder a información privilegiada.
“Me parece que es también un reto al Congreso y al sistema, no una persona que está procesada por un golpe de estado y que está bajo el proceso termina trabajando en el congreso donde se hacen las leyes, no solamente es un despropósito político, un reto, si no, además va a tener acceso a esa información privilegiada en el congreso, me parece que es absolutamente impertinente e improcedente Hay otros sitios donde puede colaborar con su trabajo de mejor manera.”
El especialista, cuestionó que el sistema político haya adquirido la “cultura combi”, comparando la posible contratación de Chávez Chino en el Congreso, con la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia, pese a que fue censurado por el Parlamento.
“Mutis Mutandi, es lo mismo que ha hecho la presidenta (Dina) Boluarte al nombrar a un ministro censurado por el Congreso. Es decir, las formas políticas se están rompiendo y es un, digamos, un reto al sistema el intentar que una persona procesada por un golpe de Estado sea trabajadora o asesora del Congreso”, comentó.
