La Comisión Permanente del Congreso aprobó este viernes la acusación constitucional que la fiscalía de la Nación presentó contra la exministra y excongresista Betssy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado.
Esto por contrataciones supuestamente irregulares en el Estado de personas de su entorno cuando fue congresista y ministra de Cultura y Trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo.
Suscríbete gratis al newsletter Mientras Tanto
Ahora la decisión de la Comisión Permanente deberá ser ratifica en el pleno del Congreso.
La exministra purga prisión preventiva como parte del juicio oral que afronta -junto con Pedro Castillo y otros exministros- por presunta rebelión por su papel en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Mira aquí el debate:
El informe final fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside María Acuña (Alianza para el Progreso).
Conclusiones del informe final contra Betssy Chávez
• Acusar a Betssy Chávez Chino, en su condición de ex congresista, ex ministra de Trabajo y Promoción del empleo y de Cultura, por la presunta comisión del delito negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal), debiendo solicitarle al Pleno del Congreso que proceda al levantamiento del antejuicio político.
• Acusar a Betssy Chávez Chino, en su condición de ex congresista, ex ministra de Trabajo y Promoción del empleo y de Cultura por la presunta comisión del delito tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal), debiendo solicitarle al Pleno del Congreso que proceda al levantamiento del antejuicio político.
Otro informe en agenda es contra el exministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Castillo, Geiner Alvarado, por presunta infracción constitucional durante su gestión. Contra él se plantea una inhabilitación para ocupar cargos públicos de 10 años.
También está en agenda el informe contra el expresidente del JNE, Jorge Salas Arenas, que se basa en la denuncia que presentó el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por contactos que el magistrado tuvo con Walter Ríos Montalvo en el 2017 para pedir que contrate a su exsecretario Pavel Cárdenas.
Aquí, el informe aprueba acusarlo por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Finalmente, se agendó otro informe final donde se busca acusar penalmente al exjuez supremo Aldo Figueroa por presunto cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.
La Comisión Permanente también debatirá el informe final que elaboró la congresista de Fuerza Popular Nilza Chacón y que fue aprobado en la subcomisión a favor de Dina Boluarte, ya que plantea archivar la denuncia que presentó Villena por el caso Rolex.
En este proceso, la Subcomisión con los votos a favor de Fuerza Popular (4), Acción Popular (2), Alianza para el Progreso (1), Honor y Democracia (1), Bloque Magisterial (1) y Juntos por el Perú – Voces del Pueblo (1) concluyó que es “constitucionalmente correcto y jurídicamente obligatorio” archivar este proceso porque los delitos no están incluidos en el artículo 117 de la Constitución.
