En los últimos años, el Estado peruano ha destinado recursos a una amplia gama de prioridades, pero becar a sus mejores estudiantes no ha sido una de ellas. El reciente anuncio de que cerca de 300 jóvenes admitidos en las mejores universidades del mundo quedarían sin poder postular a las 150 plazas que el programa ofrece cada año, sumado a los problemas previos de presupuesto en torno a Beca 18, revela las prioridades del Estado. Esto ocurre en un contexto en el que el Ejecutivo ha comprometido cerca de S/20 mil millones en nueve rescates a Petro-Perú desde 2022. El Congreso, por su parte, ha aprobado medidas que reducirían la recaudación en S/34.564 millones y, además, ha elevado su propio presupuesto en un promedio de S/366 millones anuales por encima de lo propuesto inicialmente por el MEF desde 2022. Solo el último incremento, equivalente a S/485 millones, habría bastado para cubrir más de la mitad del déficit presupuestal que enfrenta Pronabec este año.
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Por un lado, el programa contribuye a cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de talento en el mercado laboral peruano. Actualmente, nueve de cada diez empresas reportan dificultades para encontrar trabajadores con las calificaciones que requieren, especialmente en tecnologías de información, ingeniería e investigación aplicada. Los becarios se forman justamente en esas disciplinas, donde la oferta local es más escasa.
La beca es también uno de los pocos canales reales de movilidad intergeneracional que ofrece el sistema peruano. De hecho, los trabajadores con posgrado perciben ingresos 63,5% mayores que quienes solo culminaron el pregrado y registran una tasa de empleo informal de 13,1%, menos de la mitad del 31,2% observado entre quienes tienen educación universitaria completa. Además del ingreso mayor que reciben los trabajadores con posgrado, hay que tomar en cuenta que el 70,5% de sus beneficiarios proviene de universidades públicas y el 49,3% postula desde fuera de Lima. En la práctica, el programa financia la distancia que separa a estudiantes talentosos de bajos ingresos de instituciones académicas de excelencia global, una brecha que el mercado no resuelve por sí solo.
Además, el impacto del programa no termina en el becario. De acuerdo con el más reciente estudio de Pronabec sobre experiencias de retorno, el 75,9% de los beneficiarios pasa más tiempo en el Perú que en el extranjero luego de culminar el posgrado. Una proporción relevante, además, se incorpora a la docencia universitaria, multiplicando el efecto de la inversión pública sobre nuevas generaciones de talento. En conjunto, esto puede contribuir a elevar la productividad del país en el largo plazo.
Cada año que se posterga esta inversión, el país renuncia a una cohorte de ingenieros, médicos, investigadores y servidores públicos formados al más alto nivel. También renuncia a los encadenamientos que esa formación genera sobre la productividad y la movilidad social de familias que no pueden costear un posgrado en el extranjero. El Ejecutivo todavía puede corregir el rumbo: asegurar los recursos y evitar que otro grupo de estudiantes quede fuera no por falta de mérito, sino por falta de voluntad política.
