La controversia alrededor de Bordemar, complejo ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, volvió a escalar durante la madrugada del sábado 29 de agosto, luego de que empresarios denunciaran la presencia de personal de Serenazgo y un supuesto intento de retiro o demolición de las estructuras. La abogada y apoderada del complejo, Magaly Salvador, sostuvo que los negocios cuentan con resoluciones judiciales que respaldan su reapertura y que la Municipalidad de Barranco no les había presentado una orden de demolición.
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La jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Yvonne Roballo, añadió que no existe una ordenanza metropolitana que haya modificado formalmente esa zonificación a una de carácter turístico. Según explicó, cualquier cambio de zonificación en Lima Metropolitana debe ser aprobado por el Concejo Metropolitano de Lima y materializado mediante una ordenanza metropolitana.
“A la fecha no existe acuerdo de Consejo ni ordenanza metropolitana que haya cambiado el cambio de zonificación a zona turística”, sostuvo Roballo.
Yvonne Roballo, jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica de Barranco, afirmó que no existe una ordenanza metropolitana que haya modificado la zonificación del terreno de Bordemar a una categoría turística. (Foto: Diego Aquino).
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La funcionaria agregó que la zona corresponde a un área de reglamentación especial de la Costa Verde y que la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) no habría emitido un pronunciamiento favorable para convertirla en un espacio turístico-comercial.
Un oficio de la Autoridad del Proyecto Costa Verde es ahora parte del sustento municipal
Según David Mendoza, la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) remitió el 26 de agosto un documento solicitado por la Municipalidad de Barranco en el que ratificaría que los terrenos donde se ubica Bordemar no cuentan con zonificación turística para desarrollar actividades comerciales.
La información se suma, según la Municipalidad, a pronunciamientos anteriores de la autoridad de la Costa Verde. Yvonne Roballo sostuvo que desde 2010 y 2011 existen documentos en los que la APCV consideraba viable el proyecto en tanto tuviera un carácter deportivo, pero no avalaba su conversión en un complejo turístico.
Posición de Autoridad del Proyecto Costa Verdes (APCV) en el cual establecen que estas construcciones no cuentan con opinión favorables y/o certificación emitida correspondientes a su autoridad. (Imagen: Municipalidad de Lima).
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La diferencia resulta relevante para entender el origen del conflicto. Según la versión municipal, la concesión originalmente estaba destinada a un proyecto deportivo denominado Sport Point, que incluía canchas y servicios complementarios, pero no restaurantes.
“Eran unas canchas, yo recuerdo de fútbol, con algunos snacks, o sea, jugos, café, porque eso sí podría haber servicios más no restaurantes, dice bien claro, no cocina”, explicó Vargas.
La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, afirmó que la Municipalidad espera contar con apoyo policial para ejecutar la intervención sobre las estructuras de Bordemar. La autoridad negó que durante la madrugada del sábado se haya realizado un operativo de demolición. (Foto: Fernando Sangama / GEC).
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La alcaldesa sostuvo que posteriormente el proyecto cambió de razón social y pasó a operar como Bordemar, incorporando restaurantes y una discoteca. Para la comuna, esas actividades no serían compatibles con la zonificación vigente.
Fiscalización inició un procedimiento administrativo sancionador
La Municipalidad sostiene que la eventual demolición no deriva únicamente de la discusión sobre la concesión. William Cornejo, subgerente de Fiscalización de Barranco, explicó que su oficina inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) tras identificar una presunta infracción vinculada con la construcción y ocupación de áreas de uso público.
“Hemos detectado una conducta infractora que es construir u ocupar en vías de áreas de uso público. Esas construcciones que ahorita vemos en el local denominado Bordemar no tienen autorización, nunca las han tenido anteriormente tampoco”, afirmó.
William Cornejo, subgerente de Fiscalización de Barranco, informó que la comuna inició un procedimiento administrativo sancionador por la presunta construcción y ocupación de áreas de uso público sin autorización. (Foto: Diego Aquino).
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Cornejo aseguró que el procedimiento se viene desarrollando respetando el debido proceso y que los representantes de Bordemar sí fueron notificados.
Según su versión, los administrados presentaron sus descargos, pero no entregaron documentación que acreditara la existencia de autorizaciones para las construcciones.
“Administrativamente estamos actuando dentro de lo legal, las normas municipales son de cumplimiento obligatorio para todos”, sostuvo.
La Municipalidad de Barranco sostiene que las construcciones de Bordemar fueron levantadas en un área con zonificación de servicios y que no cuentan con autorización para desarrollar actividades comerciales. Además, la alcaldesa señala quela Municipalidad también ha detectado que las estructuras se encuentran deterioradas. (Foto: Jesús Saucedo / GEC).
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La alcaldesa agregó que la Municipalidad también ha detectado que las estructuras se encuentran deterioradas y cuestionó que cuenten con autorización de construcción. Mencionó el efecto de la brisa marina sobre los elementos metálicos y expresó preocupación por la seguridad de las instalaciones.
La municipalidad dice que todavía no ha ejecutado la demolición
Pese al anuncio, Jessica Vargas precisó que la Municipalidad no ingresó a Bordemar durante la madrugada para demoler las instalaciones.
La comuna sostiene que ha solicitado apoyo policial para realizar cualquier intervención y que no ingresará al complejo sin las garantías correspondientes.
“Se irá cuando la policía nos dé las garantías respectivas como procede a la ley. Sin embargo, el día que bajaron a los fiscalizadores a hacer su rutina habitual, que siempre los fines de semana, día de semana bajamos a la Costa Verde, han sido interceptados por dos camionetas”, señaló Vargas.
La alcaldesa agregó que la Municipalidad solicitará información al Ministerio del Interior acerca del incidente registrado en la playa Las Cascadas.
La versión municipal difiere así de la denuncia realizada por los empresarios el sábado, quienes interpretaron la presencia de Serenazgo como un intento de retirar las estructuras. Según Vargas, no hubo un operativo de demolición esa madrugada.
Empresarios sostienen que existen resoluciones judiciales a su favor
El conflicto también enfrenta versiones contrapuestas sobre la situación judicial de Bordemar.
Los empresarios sostienen que existen resoluciones judiciales que favorecen la reapertura de los establecimientos que se ubican en la zona. Magaly Salvador, abogada y apoderada de Bordemar, afirmó que la Municipalidad únicamente les había comunicado la posibilidad de realizar un retiro voluntario y que no existía una orden específica de demolición.
“No existe ninguna orden de demolición. Solo nos notificaron mediante una carta de proceder al retiro voluntario. No hay ninguna resolución que nos imponga una sanción de demolición”, indicó a los medios.
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
Bordemar, ubicado en la playa Las Cascadas, en Barranco, es objeto de un procedimiento administrativo impulsado por la Municipalidad de Barranco. La comuna sostiene que las estructuras no cuentan con las autorizaciones correspondientes y que el terreno tiene zonificación de servicios. (Fotos: Jesús Saucedo / GEC).
La posición de la comuna es distinta. Jessica Vargas afirmó que el procedimiento actualmente seguido por Fiscalización no está judicializado y que la Municipalidad ha revisado el asunto con sus abogados.
“No, no está judicializado, eso es lo que hemos evaluado con los abogados”, declaró.
William Cornejo añadió que la Procuraduría municipal habría emitido un informe según el cual no existe impedimento para que la Municipalidad actúe administrativamente.
La Municipalidad cuestiona además la situación de la antigua concesión
La alcaldesa sostuvo que la historia de Bordemar se remonta a una concesión otorgada en 1994 a ‘GD Group’, posteriormente vinculada a World Entertainment & Communications S.A.C.
Según Vargas, la concesión original comprendía unos 10 mil metros cuadrados y posteriormente se incorporaron otros 5 mil metros cuadrados. La alcaldesa afirmó que el derecho sobre esta segunda área ya habría vencido y que parte de establecimientos como ‘La Trastienda’ y ‘Arnold’s’ se encontrarían fuera del área concesionada.
Plano de ubicaciones de la Municipalidad de Barranco. La alcaldesa afirmó que el derecho sobre esta segunda área (enmarcada en color rojo) ya habría vencido y que parte de establecimientos como La Trastienda y Arnold’s se encontrarían fuera del área concesionada. (Foto: Diego Aquino).
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La Municipalidad también cuestiona la situación económica de la empresa. Vargas afirmó que, según información solicitada esta semana a la administración tributaria, World Entertainment & Communications S.A.C. mantiene una deuda de 27 millones 406 mil 264 dólares por derecho de concesión. Añadió una deuda de 675 mil 955 soles por conceptos que incluyen impuesto predial, arbitrios y multas.
Estas cifras corresponden a lo informado por la alcaldesa durante la conferencia y deberán ser contrastadas con los documentos tributarios y contractuales respectivos.
El conflicto por Bordemar se enmarca, según la comuna, en una política de recuperación de espacios públicos de la Costa Verde.
Jessica Vargas rechazó que su posición sea una acción contra los negocios o contra la actividad empresarial y sostuvo que otros restaurantes de la zona sí pueden operar porque cuentan con la zonificación y las licencias correspondientes.