La minería informal tomó Palacio de Gobierno. A dos semanas de asumir el cargo, el presidente José Balcázar abrió las puertas de la Casa de Pizarro a dirigentes radicales de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales (Confemin) a fin de escuchar sus demandas sobre el Reinfo y otras propias del sector.
Esta visita -registrada el martes por la noche- generó críticas de parte de expertos consultados por este Diario, que calificaron al hecho como un error político y un mensaje indirecto de empoderamiento a la minería informal.
En la cita estuvieron presentes el radical dirigente de Confemin, Máximo Franco Bequer, y los congresistas Guido Bellido (Podemos) y Víctor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas. Ambos elegidos por las filas de Perú Libre.
Foto: Presidencia.
/ LINO CHIPANA
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—Una reunión de exploración—
La reunión empezó cerca de las 6:30 de la tarde y concluyó poco antes de las 9 de la noche. En ella, Máximo Franco Bequer, según confirmó a El Comercio, hizo dos pedidos directos al jefe de Estado: el primero, que el Ejecutivo “reglamente bien” la ampliación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), y el segundo, la derogatoria del Decreto Legislativo N.° 1695 porque “criminaliza a los mineros artesanales”.
“Nos estamos quejando ante Balcázar de que el Ministerio de Energía y Minas no ha cumplido con reglamentar (la ley de ampliación). Está desvirtuando todo a través de un reglamento que no corresponde. Él ha dicho que va a conversar con sus ministros para que interpreten la ley como corresponde”, dijo a este Diario.
Sobre la segunda demanda afirmó: “Se lo dijimos y expresamos nuestro malestar y también hemos solicitado al Congreso que tienen que derogar el decreto —impulsado por José Jerí— con un proyecto de derogatoria”.
Explicó que se amplió el Reinfo por un año, es decir, hasta diciembre del 2026, pero que debe cumplirse a cabalidad y no retrasándose por la falta de la reglamentación.
“No se va a cumplir porque el Ministerio de Energía y Minas no está haciendo nada con la reglamentación para que se amplíe la ley. Han pasado más de dos meses desde que se promulgó”, agregó.
Franco Bequer destacó que la falta de reglamentación hizo que varios mineros artesanales no sepan bajo qué mecanismos se realizará el censo minero, el sinceramiento de la información y el régimen tributario. “Tampoco sabemos el tema de la Sunafil y las planillas”, añadió.
“No sabemos a quiénes van a censar: ¿A quienes tienen Reinfo nomás o a todos? No sabemos. Queremos saber”, dijo Bequer tras indicar que este punto se lo trasladó al presidente Balcázar.
De no acatar ninguna de estas demandas, advirtió, convocará a una movilización nacional de mineros para que estas solicitudes sean atendidas por los órganos del Estado.
“Vamos a salir a las calles. La consecuencia de todo esto es que no avance el proceso de formalización. No se puede ampliar por ampliar”, remarcó.
Adelantó que es perjudicial y que estaría pensando en solicitar como parte de de sus demandas que el Reinfo se amplíe unos 10 años más “porque el problema de la formalización pasa por la falta de capacidad de las autoridades”.
De acuerdo con Franco Bequer, la desorganización o la falta de reglamentación han hecho que los mineros pierdan valiosos meses, pues hasta diciembre —en que concluirá la ampliación del Reinfo— quedarán al menos 9 meses.

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—¿Fallas en las normas?—
Este Diario consultó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre en qué estado se encontraba la reglamentación de la norma y lo que contestaron fue que no hay nada oficial, solo “una prepublicación”, es decir, una propuesta de reglamento que aún está a la espera de comentarios y aportes técnicos para que pase a una fase de publicación oficial.
En tal sentido, indicaron que se encuentran dentro de los 120 días de plazo para reglamentar la ampliación del Reinfo.
El 26 de diciembre del 2025 el Gobierno promulgó la norma que extiende el Reinfo hasta diciembre del 2026. Hasta el momento han pasado 70 días desde la promulgación; es decir, tendrían plazo para reglamentar la norma hasta un máximo de 50 días más.
Ahora bien, sobre el Decreto Legislativo 1695, al que el gremio busca derogar, se conoció que fue publicado el 19 de enero del 2026 con las firmas de Jerí, el expremier Ernesto Álvarez Miranda y los exministros Vicente Tiburcio (Interior) y Walter Martínez (Justicia).
Dicho decreto buscó modificar tres artículos importantes (307-A, 307-E y 307-F) e incorporar uno al Código Penal para fortalecer las medidas sobre la prevención, investigación y sanción efectiva de la minería ilegal.
Uno de ellos es el artículo 307-A sobre el delito de la minería ilegal.
Este indica que el que realice actividad de exploración, extracción y explotación de recursos minerales metálicos o no metálicos sin contar con autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.
Con la reciente modificación, el que “beneficie o realice otra actividad minera según la ley de la materia y sin autorización de la entidad administrativa” también será sancionado.
Otra modificación se dio al artículo 307-E sobre el tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal.
Este señala que el que, infringiendo las leyes y reglamentos, adquiere, vende, distribuye, comercializa, transporta, importa, posee o almacena insumos químicos con el propósito de destinar dichos bienes a la comisión de los delitos de minería ilegal, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis años ni mayor de nueve años.
La pena antes de la modificación era no menor de tres años ni mayor de seis. Es decir, se endureció la pena.
Sobre el artículo 307-F del tráfico ilícito de recursos minerales provenientes de la minería ilegal se precisa: El que traslada, acopia, almacena, transporta, custodia, oculta, comercializa, adquiere, embarca, desembarca o exporta, o tiene en su poder recursos minerales metálicos o no metálicos provenientes de actividades mineras que se encuentren fuera del proceso de formalización minera integral o que no cuenten con las autorizaciones administrativas correspondientes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de nueve años.
Antes de la modificatoria, este artículo era el 307-G, en el que iba la “Inhabilitación” de quien cometía dichos delitos. Sin embargo, este último pasó a ser parte del Código Penal en el artículo 307-G.
—¿Cuáles son los riesgos de que Balcázar se reúna con estos mineros?—
De acuerdo con Iván Arenas, experto en temas mineros, los riesgos son que los mineros informales conviertan esa foto en un gesto o discurso político en beneficio de ellos.
Consideró que con la foto “se empoderó” a los mineros.
“Pueden convertir o usar la foto con Balcázar como un discurso político y decir que están recibiendo apoyo de parte del Gobierno. Y lo otro es que es un tema técnico, no es un tema político. Entonces, lo que ha hecho el presidente, al recibirlos, es politizar un tema técnico”, manifestó.
Sostuvo que el asunto, en rigor, debió pasar por los canales respectivos como el del Ministerio de Energía y Minas.
Calificó al hecho de un error político.
En el mismo sentido opinó César Ipenza, especialista en derecho ambiental. El experto dijo a este Diario que esta foto solo empodera a una organización que, según afirmó, se ha dedicado por años a chantajear al Estado peruano con ampliaciones tras ampliaciones del Reinfo.
“Lo que estamos viendo con este señor Balcázar que tiene el cargo temporal es empoderar a una organización que más que se ha dedicado a cumplir la ley es chantajear al Estado de manera constante para seguir cumpliendo ampliaciones. No sorprende ver al congresista Guido Bellido y también al señor Alberto Rojas que está en la foto al lado izquierdo”, refirió.
Sostuvo que con la reciente foto el Ejecutivo dio un mensaje de respaldo político a la Confemin. “Si recibo en Palacio de Gobierno a estos señores nuevamente los empodero frente a toda la sociedad. Es un baño de popularidad del presidente de turno que tenemos”, manifestó.
Agregó que el proceso de formalización tiene 23 años de existencia, que todos tuvieron tiempo para formalizarse y que cuestionar ahora sobre los tiempos “no tiene sentido”. Dejó claro que el hecho de tener Reinfo “es una licencia para que los mineros informales puedan operar de forma delictiva”.
—Operación congresal—
Es importante recordar que durante su etapa como congresista José Balcázar apoyó en coautoría al menos dos iniciativas legislativas para ampliar el Reinfo.
En 2022, en calidad de coautor, suscribió el proyecto de ley N.° 02519 que establece el nuevo plazo de inscripción del Reinfo para personas naturales o jurídicas que se encuentren desarrollando actividades de pequeña minería o de minería artesanal.
El 25 de mayo del 2023, otra vez en calidad de coautor, Balcázar firmó otro proyecto de ley: el 5171. Este fue presentado por Guido Bellido (Podemos) a fin de promover la formalización minera para personas naturales y jurídicas, ampliando el plazo de inscripción del Reinfo.
Finalmente, ambos proyectos se acumularon en un dictamen y, según el seguimiento de las propuestas del Parlamento, quedaron congelados en el orden del día del pleno congresal.
Es importante recordar que el 16 de octubre del 2019, a través de la Ley N.° 31007, se amplió el proceso de formalización hasta el 31 de diciembre del 2021.
El 30 de diciembre del 2021 se dio una segunda ampliación hasta el 31 de diciembre del 2024. Ese día se promulgó la Ley N.° 31388.
El 27 de diciembre, por tercera vez, a través de la Ley N.° 32213 se amplió el Reinfo hasta el 30 de junio del 2025. Y el Gobierno, a través de un decreto supremo, lo extendió hasta el 31 de diciembre.
Finalmente, el 26 de diciembre del 2025 se promulgó el Reinfo, pero esta vez hasta el 31 de diciembre del 2026.
Al interior del Congreso, no obstante, se aprobó en noviembre pasado en la Comisión de Energía y Minas el dictamen para extender el Reinfo hasta diciembre del 2027. La norma aún no ha sido vista por el pleno.













