Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) terminó de cerrar una puerta que el Congreso nunca abrió. La denuncia constitucional N.° 577 contra José María Balcázar —presentada por la Fiscalía por presunto cohecho— ingresó al Parlamento el 16 de abril de 2025 y, tras más de diez meses, no obtuvo informe de calificación.
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Consultada por este Diario, Camones señaló que “la condición de Balcázar ha cambiado” y que el caso deberá quedar a la espera del próximo Congreso. Afirmó que su equipo técnico ya venía trabajando en el informe para la calificación, pero que ahora están impedidos de avanzar. “Mientras Balcázar esté como presidente no se le puede investigar”, sostuvo.
Camones señaló que “la condición de Balcázar ha cambiado” y que el caso deberá quedar a la espera del próximo Congreso. (Foto: Congreso)
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La denuncia constitucional se origina por un presunto intercambio de favores entre Balcázar y la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. La acusación dice que él, en su calidad de congresista, ofreció respaldo a la fiscal a cambio de que ella lo ayude a archivar un proceso en su contra por apropiación ilícita en Chiclayo. También habría enviado el CV de su exnuera para que la designen como fiscal. Este proceso se le tipificó por el delito de cohecho y la Fiscalía Suprema le abrió una investigación, en mayo de 2024.
Caso ingresó en abril del 2025 a la subcomisión del Congreso. A la fecha el estado procesal es paralizado y sin informe de calificación.
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Prácticas dilatorias
El factor tiempo siempre ha sido determinante para Balcázar. En su proceso fiscal de Lambayeque por apropiación ilícita, solicitó reiteradas reprogramaciones de audiencias. El 13 de marzo de 2024, invocó actividades en la Comisión de Justicia para no asistir a una diligencia. El 17 de mayo pidió una nueva postergación por una “lumbalgia con ciática”. Y El 19 de junio solicitó trasladar el caso fuera de Chiclayo alegando falta de imparcialidad de los jueces.
Documentos judiciales revisados por esta Unidad, revelaron que incluso la jueza Sara Vera calificó las actuaciones de Balcázar como “prácticas dilatorias” y advirtió una estrategia de “mala conducta procesal” orientada a evitar la instalación de la audiencia de control de acusación.
Denuncia constitucional fue presentada por la fiscal suprema Delia Espinoza el 16 de abril del 2025.
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Según el expediente fiscal, el objetivo era claro: que el delito prescriba en enero de 2025. El legislador intentó acogerse a la denominada “Ley Soto” (llamada así por el legislador Alejandro Soto de APP), que limita la suspensión de la prescripción y reduce plazos para mayores de 65 años. La Fiscalía Superior rechazó ese cálculo y precisó que el cómputo debía iniciarse en enero de 2021, cuando concluyó su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.
