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La Contraloría General de la República emitió un primer informe tras la cuestionada compra de vehículos de alta gama para oficiales generales de la PNP valorizados en más de S/7 millones, donde señala irregularidades y sugiere al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) que determine la responsabilidad de quienes participaron en esa adquisición.

El documento, al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, fue emitido el último 12 de diciembre y revisa al detalle el proceso de adquisición de vehículos de seguridad tipo B para el uso de generales y tipo C para los tenientes generales de la PNP.

Fueron 50 camionetas RAV 4 adquiridas por un monto superior a los S/6 millones y siete modernas camionetas Audi Q5 adquiridas por más de S/1 millón. El informe del máximo órgano de control señala que, al menos, 52 de los 57 oficiales superiores ya contaban con automóviles marca sedán asignados como vehículos de seguridad en estado operativo y sin que hayan alcanzado el respectivo kilometraje de recorrido.

Además se apunta como referencia que, en el 2021, se compraron 23 unidades como vehículos de seguridad tipo B y C para el mismo uso de generales y tenientes generales.

Según la normativa vigente de la Policía Nacional del Perú, aprobada el 5 de agosto del 2009, el tipo de vehículo automóvil sedán seguridad 2 (tipo B) y automóvil sedán seguridad 3 (tipo C) serán usados o asignados para su uso a los generales y tenientes generales PNP, respectivamente, por desempeñar la actividad policial comando.

Compra innecesaria

El sustento para la compra, emitido en un informe el 20 de enero, explica que, para el cumplimiento de las misiones de los oficiales superiores se requería la asignación de estos vehículos como parte de la seguridad que les corresponde a los generales y tenientes generales. Sin embargo, la contraloría detectó que el sustento técnico para la compra de estos vehículos de lujo no responde a las necesidades de altos mandos de la PNP.

Informe de contraloría señala que la compra de camionetas SUV y Audi generó un impacto económico negativo al Estado.

Para Jesús Poma, abogado especialista en derecho policial, estamos ante un hecho irregular de los altos mandos. “La norma es clara, la directiva y reglamentos internos son claros, para generales coroneles y tenientes generales los vehículos de seguridad deben ser vehículos sedán. Sin embargo, ellos, para sacarle la vuelta a la norma han tratado de justificar mediante un informe técnico sin sustento”.

Asimismo, ratifica que la compra era innecesaria. “Estos generales y tenientes generales tienen la posibilidad de compra. Por ejemplo, el teniente general (José) Zanabria, le entregan un Audi y en tres meses pasa al retiro, tiene la opción de compra, pero ya no lo va comprar a 200 mil soles, sino que lo va comprar a un precio mucho menor. Es un regalo que se están haciendo ellos con la plata de todos los peruanos”, asegura el abogado.

Sin pronunciamiento

Este Diario solicitó descargos a la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la PNP respecto al informe de la Contraloría General de la República, pero hasta el cierre de esta edición, no se emitió respuesta alguna.

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