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A través de un comunicado, la minera informó que el reciente ataque dejó sin fluido eléctrico el sector Cedro y la Unidad Productiva Santa María de Compañía Minera Poderosa. En ese sentido, resaltó que se pudo activar el plan de emergencia para reponer parcialmente el suministro eléctrico a las operaciones mientras se reemplaza la torre afectada.
“Como señalamos en un anterior comunicado, la escalada destructiva desatada por los mineros ilegales se da a pesar de la vigencia del Estado de Emergencia y la presencia de más de 200 efectivos policiales y personal del ejército en Pataz”, señaló la empresa.
Las acciones de Poderosa
A través de un comunicado, la minera Poderosa manifestó que el deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales en la zona exige una respuesta contundente y coherente del Estado. Precisó que este accionar debe involucrar un mejor trabajo de inteligencia, la creación de una unidad de flagrancia y la conformación urgente del Frente Policial en la zona que fue anunciado por el primer ministro Gustavo Adrianzén el año pasado.
Precisamente, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, comentó a El Comercio que la tarde de este jueves, se llevó a cabo una reunión con el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, César Guardia, en la que el representante del Ejecutivo aseguró la pronta creación de dicho Frente Policial, en el más breve plazo, a fin de reforzar la lucha contra la criminalidad en este punto del país.
“Hemos tenido una reunión bastante provechosa en la que hemos conversado con el viceministro de Orden Interno respecto a esta espiral de violencia y deterioro en las condiciones de seguridad en Pataz y nos ha asegurado que en breve se estará constituyendo tal y como lo anunció el presidente del Consejo de Ministros un Frente Policial en la zona. Esa es la intención del Gobierno”, confirmó.
Asimismo, De la Flor detalló que este Frente se trata de una plataforma en la que participarían distintas unidades especializadas de la Policía Nacional, que podría eventualmente contar también con la presencia de otras organizaciones gubernamentales, como la Sunat, la Sucamec, entre otras. Por otro lado, señaló que urge reafirmar las coordinaciones con el Ministerio Público y el Poder Judicial para combatir la minería ilegal.
“Ojalá se pueda añadir la presencia del Ministerio Público y el Poder Judicial. Recordemos que el Ministerio Público no tiene oficinas en Pataz, los fiscales tienen que desplazarse desde Huamachuco, que está a 6 horas, para sus intervenciones”, mencionó.
De la Flor explicó que la intención de los mineros ilegales es afectar las operaciones de Poderosa y crear condiciones que les permita seguir avanzando en su objetivo que es lograr el control territorial de la zona. “Recordemos que ya han derribado otras torres de alta tensión, además de atentar contra distintos elementos de nuestra infraestructura física”, detalló.
El representante de la minera Poderosa expresó también que el Congreso de la República tiene un grado de responsabilidad en la situación que atraviesa Pataz, pues en diciembre pasado, amplió nuevamente el REINFO, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad.
Detalles del conflicto
Pedro Yaranga, analista en materia de seguridad, señaló a El Comercio que los autores de los continuos atentados serían delincuentes conocidos como “parqueros”, quienes integran bandas criminales dedicadas a la sustracción ilegal del oro y el robo de este mineral en agravio de empresas como Poderosa. Asimismo, dijo que para perpetrar dichos actos delictivos contarían con información que solo podría ser proporcionada por algún funcionario de la compañía.
“Los que roban material minero en puntos determinados, sobre todo a Poderosa, siempre es con la complicidad de algún funcionario de la misma empresa. Es información clasificada. Los atentados son obra de la criminalidad, la cual tiene su origen en la llegada de bandas extranjeras a Pataz. Empezó con la presencia del Tren de Aragua, que llegó con toda su ferocidad, y con lo parqueros, que son los que roban material minero”, indicó.
Sin embargo, Yaranga sostuvo que estas bandas han sido golpeadas en el último tiempo, por lo que en parte han optado por irse a otros sitios y dedicarse a otras actividades ilegales, lo que ha originado el aumento del accionar de bandas criminales locales.
“La escuela quedó. En el lugar está actuando principalmente la criminalidad local. La mayor parte de estos criminales son naturales de La Libertad, de diferentes poblados, y de Lima. Se han organizado y actúan con la misma ferocidad, con armas de guerras como las escopetas R15. Llevan gente, los hacen trabajar y muchas veces los matan después”, explicó.
Yaranga agregó que el año pasado, la policía especializada logró capturar a un cabecilla criminal de la zona, que tenía una serie de propiedades a unas tres horas de Pataz. Se trató de uno de los delincuentes más “rankeados” del lugar. No obstante, tras su captura, sus secuaces permanecieron y cada uno formó su propia banda.
Cifras preocupantes en Pataz
Se trata del segundo atentado contra la empresa en menos de cuatro días y la decimosexta (16) torre de alta tensión siniestrada por los mineros ilegales en los últimos tres años. A ello hay que sumarle la muerte de 18 colaboradores de la minera Poderosa, víctimas de los ataques contra sus operaciones.
El anterior ataque ocurrió la madrugada del domingo, con la destrucción de la torre de alta tensión N° 24 ubicada en el distrito y provincia de Pataz. La compañía mencionó que los mineros ilegales, coludidos con bandas criminales, hicieron detonar tres cargas de dinamita para derribar la estructura, que alimenta de energía la planta Santa María y otros sectores de Pataz. Tras la activación del plan de contingencia, se restauró el servicio.
Además de estos ataques a Poderosa, en los últimos días también se reportó otro atentado contra un socavón de la minera Los Tubos, ubicada en el anexo de Pueblo Nuevo. Este incidente ocasionó que 17 trabajadores queden atrapados. No obstante, este jueves se confirmó que los hombres lograron escapar con vida.
“Al constante asedio que viene padeciendo Poderosa por parte de estos grupos criminales hay que sumar el espiral de enfrentamientos violentos que se vienen produciendo entre los propios mineros ilegales por el control territorial de la zona, con terribles consecuencias. Recordemos que el último noviembre la PNP descubrió una fosa común con al menos 16 cuerpos, según reportes policiales”, detalló la empresa.
En la actualidad, Poderosa precisó que tiene 25 zonas de sus operaciones tomadas por mineros ilegales, por lo que han tenido que replegarse para proteger la integridad física y seguridad de sus trabajadores. Igualmente, indicó que más de 40 plantas ilegales de procesamiento aurífero operan en la zona, las cuales están plenamente identificadas y georreferenciadas.
“A ello hay que agregar el trasiego de mineral extraído ilegalmente y que es trasladado a distintas plantas formales en la costa. Lamentablemente, nuestros reiterados requerimientos a la PNP para que desaloje a los ilegales de las galerías invadidas e intervenga las plantas que procesan el mineral ilícito no han sido atendidos”, criticó la minera.
Pronunciamiento de la SNMPE
Mediante un comunicado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hizo un llamado urgente para que el Gobierno haga primar el Estado de Derecho frente la ola de violencia que se viene registrando contra unidades productivas del sector minero energético en diversas regiones del país, afectando la seguridad de los trabajadores y de la población.
“Este es el segundo ataque en el lapso de 72 horas, pues el último domingo también dinamitaron otra torre de alta tensión que alimenta de energía a la planta Santa María. A la fecha, ya suman 16 torres de alta tensión destruidas”, citó el gremio empresarial al alertar que estos ataques buscan paralizar la producción de la mina y ahuyentar a la compañía minera formal.
La SNMPE manifestó que es evidente que la declaratoria de Estado de Emergencia en Pataz, por parte del Gobierno ante el crecimiento de la minería ilegal en esta provincia, está fracasando porque los mineros ilegales y las organizaciones criminales siguen actuando con total impunidad con el propósito de convertirla en una “zona liberada”.
Al respecto, expresó que la situación actual en la provincia de Pataz está totalmente desbordada por la asonada criminal de los mineros ilegales, que incluso por disputarse la invasión de concesiones protagonizan violentos enfrentamientos, como el reportado el último fin de semana.
“Invocamos al Gobierno para que ejecute a la brevedad posible medidas y acciones concretas que garanticen la seguridad de los peruanos y de las empresas formales que día a día son extorsionadas y atacadas”, señaló. Además, agregó que se requiere de una intervención del Estado mucho más efectiva que sea fortalecida con un trabajo de inteligencia para identificar y capturar a los cabecillas de los grupos criminales.
