Un hombre fue asesinado la noche del martes 13 de mayo con al menos trece disparos en la cabeza, en un ataque ocurrido a tan solo dos cuadras de la comisaría de Santa Clara, en el distrito de Ate, en Lima.
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El crimen se produjo en plena avenida Independencia, una zona conocida por la presencia de diversos negocios de venta de comida y bebidas alcohólicas. Según informó la Policía Nacional, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) hallaron trece casquillos de bala en el lugar, coincidiendo con la cantidad de impactos que presentaba la víctima en la cabeza.
El fallecido, que aún no ha sido identificado, vestía una polera amarilla, jean y zapatillas, y tenía un tatuaje de un santo en la muñeca izquierda. No portaba documentos, aunque fuentes policiales indicaron a RPP que se trataría de un ciudadano extranjero.
Una de las cámaras de seguridad de un local cercano habría registrado el momento del ataque, lo que podría resultar clave para identificar al autor o los autores del crimen.
Los peritos de criminalística llegaron al lugar junto con un representante del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver, que fue posteriormente trasladado a la Morgue Central de Lima.
La policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas vinculado al crimen organizado, aunque las investigaciones continúan.
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Estado de emergencia y aumento de la delincuencia
El gobierno peruano declaró recientemente el estado de emergencia en Lima y Callao debido al incremento de la criminalidad. Esta medida permite la suspensión de ciertas libertades civiles y la realización de arrestos sin órdenes judiciales durante 30 días. Se han desplegado 1,000 soldados adicionales y se han incrementado las patrullas en estaciones de tren y autobús.
Según estadísticas gubernamentales, en 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con los 674 de 2017. Además, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la declaración del estado de emergencia no es suficiente para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha instado a implementar medidas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia.
