Sin embargo, el equipo no logró mantenerse en el anonimato. Su presencia fue detectada por un grupo de presuntos criminales que bebían licor en una bodega. En cuestión de segundos, respondieron con una ráfaga de disparos, dando inicio a una violenta emboscada.
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Entre los atacantes se encontraba el suboficial de tercera Paul Ángel Galicia Chacón, de 26 años, quien trabajaba en la comisaría de Santa Elizabeth y se hallaba junto a dos sujetos: Elio José Antonio Mundaca Vargas (18) y Luis Córdoba Yaya (19). Según las investigaciones preliminares, Galicia Chacón reconoció de inmediato a sus colegas encubiertos y habría disparado en, al menos, quince oportunidades. De acuerdo con los reportes iniciales, este policía proveía armas a organizaciones criminales.
Los policías, desarmados y sin protección, intentaron cubrirse, pero fue inútil. Todos resultaron heridos por los proyectiles disparados por Galicia Chacón, quien luego huyó del lugar con dirección a una fiesta cercana, con la intención de mezclarse entre la multitud y evadir a las autoridades.
Los agentes no lo siguieron. Al ver a su compañero, el suboficial de tercera Julio César Calderón Díaz (24), tendido en el suelo e inconsciente, optaron por levantarlo y trasladarlo de inmediato al vehículo en el que habían llegado. A pesar de que todos perdían sangre, priorizaron ayudar a su colega. Las manchas de sangre sobre el pavimento quedaron como evidencia del brutal ataque que habían sufrido.
El grupo se dirigió con urgencia al Hospital de Canto Grande, donde los cuatro fueron atendidos. Lamentablemente, en dicho establecimiento de salud se confirmó el fallecimiento de Calderón Díaz. Los otros tres suboficiales: Alexander Requejo Carranza, Modesto Rodríguez Paredes y Yony Benancio Valentín, presentaban heridas de bala en las piernas.
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Tras el ataque, agentes de la Brigada Especial Contra el Crimen (Brecc) de San Juan de Lurigancho ejecutaron un operativo para identificar y capturar al policía en actividad y a sus cómplices. El grupo fue intervenido dentro de la misma fiesta a la que Galicia Chacón había huido, y posteriormente trasladado a la División de Investigación de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal.
En paralelo, la Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho inició una investigación para determinar las circunstancias del asesinato del suboficial Julio César Calderón Díaz, quien integraba el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado de dicho distrito.
Familia exige justicia
El suboficial Julio César Calderón Díaz tenía muchos sueños. Uno de ellos era convertirse en un agente de inteligencia destacado dentro de la Policía Nacional del Perú. Su vocación por el servicio y su compromiso con la lucha contra el crimen lo llevaron, lamentablemente, a perder la vida a manos de un colega, otro suboficial del mismo rango.
Tras conocerse la noticia de su asesinato, su tía Cinthya fue la primera en acudir a la sede del Grecco en San Juan de Lurigancho. Ante los medios, contó que la familia no tenía conocimiento detallado de los operativos en los que participaba su sobrino. “Él trabajaba 18 horas y descansaba otras 18”, relató.
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Exigió que la institución policial se encargue del traslado del cuerpo de Calderón Díaz hasta Jaén, para que sus padres puedan despedirse de él. “Eso le corresponde a mi sobrino como el buen policía que ha sido”, expresó conmovida.
Poco después, la familia del suboficial denunció que en la sede del Grecco no les brindaron información precisa sobre la intervención en la que participó el agente fallecido. Además, señalaron que sus pertenencias les fueron entregadas sin ser lacradas, a pesar de que constituían evidencia directa del crimen. Entre los objetos devueltos figuraban su chaleco distintivo de investigación y su arma personal.
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Para agravar la situación, la entrega de dichas pertenencias se formalizó mediante un acta manuscrita, carente de validez oficial, lo que incrementó la indignación y la desconfianza de los familiares, quienes ahora exigen justicia, transparencia y el esclarecimiento completo de los hechos que acabaron con la vida de un joven agente que apenas comenzaba su carrera en la lucha contra la delincuencia.
Irregularidades
El exdirector de Investigaciones de la Inspectoría de la PNP, general (r) Juan Carlos Tuse, expresó que los hechos denunciados por la familia de la víctima evidencian serias irregularidades en el caso. “Así sea de su propiedad el arma, está involucrada en este hecho de sangre, por lo que debe permanecer en custodia para ser sometida a las pruebas de laboratorio respectivas. Es una negligencia preocupante lo que se ha cometido y la institución deberá responder por qué se entregaron las pertenencias”, afirmó.
El general en retiro destacó que, en todo hecho de sangre, la Policía debe preservar la escena del crimen, es decir, acordonar hasta la llegada de los peritos de criminalística, quienes deben realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, señaló que, lamentablemente, la institución enfrenta una preocupante carencia de armamento y chalecos antibalas, en referencia a la denuncia de la familia del suboficial, que aseguró que este solo portaba su pistola personal al momento del ataque.
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Sobre el policía en actividad sindicado como el presunto autor del asesinato, Tuse explicó que deberá ser procesado por el fuero común, al tratarse de un delito de homicidio. Paralelamente, dentro de la institución será sometido a un proceso administrativo disciplinario y, conforme a su responsabilidad, recibirá una sanción.
“La Ley 30714 —norma disciplinaria de la PNP— es demasiado laxa. Esta genera demasiadas apelaciones y procesos, por lo cual la institución no puede tomar medidas disciplinarias drásticas y ejemplificadoras. Debe seguir un debido proceso, que no dura menos de dos años. Entonces, en ese lapso que se plantea el retiro, no se ha hecho justicia. Por otro lado, en ese intervalo de años la institución tiene que mantenerlo en actividad y podría estar cometiendo otros delitos”, concluyó el exdirector de Investigaciones de la Inspectoría de la PNP.
