En la última semana, la Municipalidad de Miraflores clausuró al menos diez locales vinculados al Grupo Intercorp —Cineplanet, Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos, Oechsle, entre otros— bajo argumentos de “condiciones de seguridad” y “falta de implementación adecuada”, con advertencias de sanciones y hasta denuncia penal por resistencia a la autoridad. Esta es sólo una muestra de lo que ocurre en diferentes distritos a nivel nacional.
Que una municipalidad fiscalice no solo es legítimo: es necesario. Nadie quiere locales inseguros, edificaciones sin inspección técnica o actividades que pongan en riesgo a trabajadores y consumidores (y no, los expedientes técnicos no son caviares). El problema aparece cuando la fiscalización deja de ser un mecanismo de gestión del riesgo y se convierte —por discrecionalidad, arbitrariedad o incentivos recaudatorios— en una amenaza permanente para operar. Ahí, la autoridad deja de ordenar la ciudad y pasa a desordenar la economía.
Los datos ayudan a entender por qué esto no es un caso aislado. Según reportes del Instituto Peruano de Economía (IPE), indican que el 2024 se eliminaron 4.299 barreras burocráticas a nivel nacional y que tres de cada cuatro barreras burocráticas eliminadas por Indecopi en los últimos años fueron impuestas por municipalidades. El mismo análisis muestra una realidad que todo emprendedor reconoce: el costo y los requisitos para obtener una licencia de funcionamiento pueden variar considerablemente entre distritos, incluso cuando se trata del mismo nivel de riesgo. En otras palabras, el cumplimiento deja de ser una regla clara y se convierte en una lotería.
La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento establece un paraguas común y define los supuestos de clausura temporal o definitiva. Sin embargo, entre la norma y la práctica suele abrirse un espacio peligroso: inspecciones con criterios poco transparentes, exigencias no uniformes, plazos impredecibles, extorsión de funcionarios corruptos, y medidas de cierre usadas como primera respuesta, no como última sanción.
Es importante recordar que la competencia para ordenar aperturas o cierres de locales recae en los municipios. Por ello, el equilibrio entre seguridad e inversión depende, en gran medida, de cómo ejerzan esa potestad. La solución no es menos fiscalización, sino mejor fiscalización.
Se requieren al menos tres mejoras concretas. Primero, estandarizar ‘checklists’ públicos nacionales y criterios técnicos claros para determinar cuándo corresponde una clausura. Segundo, privilegiar plazos de subsanación y medidas proporcionales antes del cierre cuando no exista riesgo inminente. Tercero, fortalecer los mecanismos de control de barreras burocráticas para que los empresarios tengan una vía rápida y efectiva frente a exigencias ilegales o irrazonables.
Cuando la municipalidad se convierte en traba, no solo pierde el empresario. Pierde el empleo, pierde la inversión y pierde la ciudad. El orden no se impone con miedo; se construye con reglas claras, previsibles y aplicadas con proporcionalidad.
