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Un informe periodístico del programa “Punto Final” indicó que, tras realizar una trazabilidad documentaria, se pudo establecer que, al menos, 15 armas fueron incautadas dos veces, es decir, habían sido decomisadas por la Policía y luego de un tiempo volvieron a ser usadas en otros actos delictivos.
El caso del ‘Maldito Cris’
Un caso que comprueba esta denuncia, según el reportaje, es que el arma que se le incautó al delincuente venezolano Christopher Fuentes Gonzales, alias ‘Maldito Cris’, el día que fue capturado en Los Olivos por la Policía, en abril de 2022, tras robar celulares en su moto fue hallada luego a otro hampón en Lurín.
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Al ‘Maldito Cris’ se le encontró en el morral una pistola Glock con número de serie BHWF 976 y fue puesto a disposición de la Depincri de Los Olivos, pero el arma no se habría enviado a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), ya que fue incautada a León Raleen Torres, en enero del 2023, cuando pretendía ingresar, junto a otros dos sujetos, a una fábrica de Lurín.
El ‘Maldito Cris’ fue abatido, en junio del 2023, por la Policía durante un enfrentamiento con agentes policiales en la avenida Universitaria, que lo buscaban de manera intensa tras asesinar al sereno de Surco Luis Manrique, quien trató de intervenirlo al percatarse de que había cometido un asalto.
Piden que armas incautadas pasen a propiedad de la Policía
El comandante general de la Policía Nacional del Perú, teniente general PNP Víctor Zanabria afirmó en declaraciones recogidas por este diario, que la institución policial desarrolla un informe sobre el destino de las armas incautadas a los criminales y que este será entregado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. No obstante, recordó que se efectúan tres investigaciones y que dos de ellas están en el ámbito penal, por lo que los agentes policiales involucrados ya han sido detenidos.
Además, propuso que las armas modernas incautadas a los delincuentes sean utilizadas por los propios policías, pues recordó que hace muchos no se compran armas de puño para la PNP.
“Hemos hecho tres investigaciones, de las cuales dos están a nivel penal, con personal (policial) que de manera directa ha dado un mal uso al arma o que de manera negligente las ha extraviado. Estos casos ya están algunos con detenidos, ha habido personal de una Depincri (de Comas involucrado) y en el otro estamos haciendo una verificación física de los internamientos, toda vez que en este reportaje se dice que habría falsedad en las actas de internamiento. Entonces, ya se ha dado las indicaciones al Departamento de Armas de la Dirincri para que haga el seguimiento físico del arma. ¿Dónde está el arma incautada de las 1500 que hemos incautado en el año? ¿Dónde están físicamente? Si descubrimos que hay una irregularidad, de inmediato el personal va a ser puesto a disposición del Ministerio Público”, precisó.
“Algunas armas, por eso estamos pidiendo la modificatoria de la norma, deben pasar al uso de nosotros (la Policía), por ejemplo, las pistolas Glock, que son nuevas, y las R15. Tenemos en la Sucamec casi 250 R15 y un poco más de 500 pistolas Glock, que hace falta a la Policía porque varios años no hemos comprado armamento de puño”, añadió.
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El jefe de la Policía aseguró que en el tema del arma incautada al ‘Maldito Cris’ hubo un error en su registro, por lo que descartó que haya sido usada en otro acto criminal. Incluso, señaló que en otro caso la propia Sucamec devolvió el arma a su dueño, tras un proceso administrativo, pero este murió abatido tiempo después con el arma a su costado.
Santiváñez: “Hay un grupo de armas que podrían estar en el mercado negro”
Juan José Santiváñez, ministro del Interior, indicó en declaraciones obtenidas por El Comercio, que un grupo de armas que incauta la Policía a los delincuentes estaría en el mercado negro, por lo que se investiga si se respetó el procedimiento de ponerlas a disposición del Ministerio Público o de Sucamec.
Al igual que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el titular del Mininter indicó que, tras realizarse una trazabilidad, se ha determinado que hubo un error en la colocación del código en tres armas de fuego.
“Nosotros no solamente ya hemos iniciado un procedimiento administrativo disciplinario. La investigación tiene que desarrollarse y también la Policía está trabajando en este momento en la determinación de la trazabilidad de estas armas para determinar realmente la fehaciencia de la información”, señaló Juan Santiváñez.
“En el caso de dos o tres armas se ha podido detectar que la información proporcionada de que estas habrían desaparecido y se habrían incorporado al mercado ilegal no es así, simplemente que, al momento que se ha determinado la trazabilidad, se ha podido llegar a la conclusión de que se cambió el código, estamos estableciendo de por qué razón, estas continúan incluso en la estación policial internadas. Lógicamente, al momento de hacer la trazabilidad podrían decir que ha desaparecido, pero no, simplemente hubo un cambio de código, y hay que determinar cuál es la razón que ha generado esta información”, añadió.
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“Hay que reconocer que definitivamente si hay un grupo de armas que, definitivamente, podrían estar en el mercado negro y hay que determinar también las responsabilidades; porque aquí la obligación de la Policía Nacional del Perú, cuando concluye una investigación, es ya sea ponerla a disposición del Ministerio Público o entregarla a la Sucamec para su custodia y que pueda construir los proyectos de parques temáticos que hoy tenemos”, indicó.
La Depincri de Comas bajo la lupa
Al menos tres armas de fuego habrían sido ‘ruleteadas’ en la Depincri de Comas, es decir, fueron incautadas por la Policía pero no llegaron a ser entregadas a las autoridades y terminaron siendo usadas por delincuentes, según “Punto Final”.
Sin embargo, no es la primera vez que dicha dependencia policial se ve involucrada en la supuesta ‘perdida’ de armas de fuego, ya que, en junio del 2023, se denunció que 22 armas de fuego habían desaparecido.
“Tenemos ya la trazabilidad de lo que ha pasado con estas armas y el personal de Divincco (División de Investigación Contra el Crimen Organizado) ya tiene la información, y (estamos) cruzando la información con Sucamec, con el Departamento de Armas y Municiones de la Policía y otros elementos que nos van a permitir esclarecer de manera conveniente esa supuesta pérdida de 22 carabinas y pistolas”, expresó el coronel PNP Leiby Huamán Daza, entonces jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado, en junio del 2023.
Además, se debe tomar en cuenta que el alto mando de la Policía y del Ministerio del Interior decidieron remover, en ese momento, a todos los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas debido a que se denunció la pérdida de 20 armas de fuego. Así lo confirmó el entonces titular del Mininter, Vicente Romero.
Sin embargo, el general PNP Luis Flores, jefe de la Dirincri, informó que en la comisaría de La Pascana se recibió una denuncia respecto a que 22 armas, 20 carabinas y dos pistolas, desaparecieron de la casa de un suboficial PNP que presuntamente pretendía abrir una empresa de seguridad.
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“Por la inconsistencia y sospecha de la denuncia es que la Dirincri solicita la investigación y nosotros estamos investigando la desaparición de las armas de propiedad de este suboficial, que no son armas de la Policía y tampoco se han perdido en una dependencia policial”, expresó el oficial PNP.
Plantean tipificar la posesión de armas como tráfico ilícito
El general (r) PNP Carlos Tuse, exjefe de Inspectoría de la Policía y exsuperintendente de la Sucamec, indicó que, de comprobarse responsabilidad de agentes policiales en el caso de armas incautadas que regresan a la delincuencia, sería una “falta gravísima”.
En diálogo con El Comercio, Tuse detalló que la ley establece que las armas ilegales que sean incautadas deben ser llevadas a la Sucamec, ya que esta entidad se encarga de la línea de custodia.
“La ley establece que toda unidad policial o cualquier autoridad o funcionario que intervenga un arma de fuego en cualquier parte del territorio está obligado, dentro de las 48 horas como máximo, en ponerlas a disposición de Sucamec, libre del trámite que tenga el expediente. Sucamec se encarga de la cadena de custodia, pero resulta que en la práctica una unidad policial incauta un arma y la envía a laboratorio, pero el laboratorio tiene carencia de personal y va a una cola de espera, y la cola de espera puede ser semanas, meses o años, con lo cual se empieza a perder la cadena de custodia y el control de las armas”, expresó.
Recordó que en su gestión en Sucamec propuso, para evitar más hechos como los denunciados, que el área de Criminalística de la Policía instale un laboratorio en la entidad para que se realicen todos los estudios balísticos, a fin de que las armas no sean manipuladas, pero que no se concretó.
Tuse planteó que se cambie la ley para establecer que no es “tenencia ilegal de armas” sino “tráfico ilícito de armas”, pues aseguró que eso desincentivará a las personas a guardar o tener armas al elevarse las penas.
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“Yo he sugerido que se cambie la ley y que salga el término posesión ilegal, que es un término administrativo, por el término tráfico ilícito de armas, con lo cual la pena pasaría de ser una falta administrativa a una condena arriba de los 8 a 10 años de cárcel”, manifesto.
“Si le ponemos tráfico ilícito de armas, entonces la persona que esté con un arma ilegal es su problema y no podrá decir que la me dieron para guardar. Basta que tenga en su poder un arma ilegal es tráfico ilícito de armas, es como el tema de la droga”, añadió.
“Cuando persigamos el tráfico ilícito ya nadie va a querer tener en su mano un arma porque se corre el riesgo de ir preso cinco o 10 años”, enfatizó.
Corrupción dentro de la PNP
Por su parte Ricardo Valdez, ex viceministro del Interior, señaló que el problema de fondo es la inmensa corrupción que existe dentro de la Policía Nacional, no solamente por el ruleteo de armas sino incluso con al alquiler de armamento oficial por parte de malos agentes.
“Esta situación no solo demuestra las irregularidades por parte de elementos policiales al momento de la cadena de custodia, sino que hay una falta en la tecnología para cruzar las bases de datos. Ha quedado demostrado que los centros de peritaje de la policía no hacen el cruce de datos y esto nos lleva a pensar que esta inoperancia lleva a que se maneja con total libertad la venta y en ruleteo del armamento”, indicó.
Incluso, Valdez detalló que hace unos años fue testigo de que los propios almacenes de armamento de la policía estaban al servicio de loas organizaciones criminales. “He sido testigo del alquiler de armamento de oficial por parte de agente a los delincuentes y luego de cometidos los ilícitos este volvía a los almacenes de la policía”, agregó.
¿Qué dice la ley sobre el destino de las armas incautadas?
Ante la denuncia de un ‘ruleteo’ de pistolas y revólveres, una pregunta que surge es qué señala la norma sobre el destino de las armas incautadas. Lo que usualmente se ve es que cada vez que la Policía incauta un arma a un delincuente, esta debe ser enviada a pasar un peritaje balístico a las unidades de criminalística de la Policía, que solo hay cinco en Lima. Luego, debe ser internada en los almacenes de Sucamec, en tanto duren los procesos fiscales y judiciales, donde se decide si el arma es destruida o es devuelta a su dueña si no hay responsabilidad penal
Así lo establece la Ley 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, que en su artículo 39 determina que dichas armas deben ser entregadas exclusivamente por la Policía a Sucamec.
“Las armas de fuego, municiones y materiales relacionados empleados en la comisión de delitos son incautados por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas cuando corresponda, para ser internadas en la Sucamec e informar al Ministerio Público”, se indica en el texto de la norma.
“Ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial están facultados a remitir, trasladar armas de fuego, municiones, explosivos y similares para su internamiento en la Sucamec, debiendo esto ser función exclusiva de la Policía Nacional del Perú por la seguridad de las mismas”, se señala en otra parte.
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“La autoridad judicial, bajo responsabilidad, comunica a la Sucamec la culminación de los procesos, a fi n de que esta entidad proceda a la disposición final de las mismas”, se precisa en la ley.
“La autoridad judicial o fiscal puede solicitarlas solo para los efectos de las diligencias necesarias, a cuyo término son inmediatamente devueltas a la Sucamec, bajo responsabilidad administrativa, civil y/o penal a que hubiere lugar”, se lee en otra parte del texto.
Este diario buscó a Sucamec, entidad adscrita al Mininter, para que participe de este reportaje y pueda explicar las razones por las cuales la policía no envió las armas incautadas a los almacenes correspondiente. Sin embargo, se abstuvieron de participar en este informe.
Policías alquilaban sus armas a narcotraficantes en la Amazonía
Otro caso que causó polémica fue conocer que agentes de la Policía Nacional del Perú alquilarían sus armas de fuego a grupos criminales dedicados al narcotráfico y la tala en la Amazonía, de acuerdo con un documental del medio español RTVE emitido en mayo del 2023
Dos hombres que integrarían una de las organizaciones criminales detallaron al canal español cómo se realiza el intercambio entre las bandas y los agentes del orden.
Incluso, el general PNP Jorge Angulo señaló que sí han existido estos hechos y que no se trata de un tema nuevo, pero consideró que son “casos aislados”.
“El hecho de las armas sí es un hecho grave, pero nosotros sí tenemos, y no lo puedo negar, algunos efectivos… hay algunos policías, pero la gran cantidad de armas que muestran en los canales de televisión no son de los policías, son armas que entran por contrabando e ingresan por diferentes partes a nuestras ciudades, que sí se han visto casos aislados de efectivos que sus armas han sido intervenidas”, dijo.
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Angulo sostuvo que “puede haber casos” de robos ficticios de armas de fuego del Estado y que estos hurtos se han producido “de forma aislada”.
