La facultad de legislar que tendrá el gobierno próximamente le permitirá poner en manos de la ley, metafóricamente hablando, una afilada navaja barbera en el cuello de quienes revelen o filtren información reservada, materia de investigación policial, fiscal y judicial.
Conociendo los vericuetos arbitrarios de aplicación de nuestras leyes, el cambio previsto en el Código Penal, para introducir esta peligrosa figura sancionadora, probablemente acabe llevando ante los tribunales, como hasta hoy en muchos casos, a los mensajeros de esas revelaciones, que somos los periodistas.
De modo que dependerá de la extrema racionalidad que ejerzan los redactores de la nueva ley para que la navaja barbera que vaya a blandirse sobre policías, fiscales y jueces no termine desviándose fácilmente hacia quienes, así como somos vigilantes del poder, aceptamos ser vigilados (no reglados).
La tendencia creciente a criminalizar la función periodística no viene de ahora ni es exclusiva del Perú. Viene de hace mucho tiempo y la padecen todos los países democráticos con visible pérdida de la tolerancia y de respeto por el derecho ciudadano de saber cómo se manejan los asuntos de gobierno y Estado.
El doble filo de la ley penal cual navaja barbera vale tanto para un fiscal que confunde su papel de perseguidor del delito con el otro de perseguidor político como lo hemos visto en más de uno corriendo mediáticamente detrás de la destrucción de honras y reputaciones. Vale tanto igualmente para un periodista que confunde su misión informativa, explicativa y de opinión con la capacidad devastadora de, por ejemplo, mentir y difamar.
Según el propio presidente José Jerí y según también su jefe de Gabinete, Ernesto Álvarez, autor y responsable del paquete de petición de facultades legislativas al Congreso, se trataría de penalizar a policías, fiscales y jueces que revelen o filtren información reservada de investigaciones puestas en sus manos. Nunca sabremos si estamos ante policías, fiscales y jueces honestos en el desempeño de sus funciones, o ante policías, fiscales y jueces sencillamente venales, dispuestos a criminalizar personas e instituciones, parapetados, en el anonimato, detrás de la prensa que debe y tiene que dar la cara y responder al interés público.
La línea que en adelante deslindará responsabilidades en este riesgoso tema será sin duda una línea gris, pues la navaja barbera tanto podrá acabar encausando a policías, fiscales y jueces a la par que a la prensa o definitivamente, como suele ocurrir, solo a la prensa, que es la parte delgada no coercitiva de la cuerda del poder.
En entrevista con Milagros Leiva el domingo último en El Comercio, Jerí expresó que no es propósito de su gobierno afectar la libertad de prensa ni criminalizarla, pero dejó entrever la posibilidad de que, por culpa de filtraciones y revelaciones de un plan estratégico, pueda arruinarse la captura de un búnker criminal de 80 personas. Tal parece que Jerí subestima la capacidad de investigación de la prensa por su propia cuenta sin tener que depender necesariamente de las filtraciones de este o de aquel fiscal o funcionario de gobierno.
