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Entre gallos y medianoche, y en plena agitación política por la caía del gabinete Miralles, la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio luz verde el pasado martes a un dictamen que apunta directamente al corazón de la minería: las concesiones mineras.
Entre gallos y medianoche, y en plena agitación política por la caía del gabinete Miralles, la Comisión de Energía y Minas del Congreso dio luz verde el pasado martes a un dictamen que apunta directamente al corazón de la minería: las concesiones mineras.
La iniciativa, aprobada con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, propone “fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas”, es decir, de aquellas áreas mineralizadas – supuestamente en manos de la gran minería – que no son trabajadas adecuadamente y que impiden el acceso de “operadores con capacidad real”.
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En la práctica, sin embargo, el dictamen impulsado por Juntos por el Perú, Podemos Perú y otras cinco agrupaciones políticas, buscaría “arrebatar las concesiones mineras a sus concesionarios formales para que puedan ser trabajadas por mineros informales o ilegales”, advierte Ángel Chávez, Counsel de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
Esto a través de una serie de medidas orientadas a acelerar su caducidad, como el acortamiento del plazo para que inicien producción (de 30 a 15 años), la eliminación de su carácter irrevocable y el incremento, hasta en 300%, de los pagos por derecho de vigencia, entre otras propuestas que “desincentivan, claramente, la actividad minera formal en el país”, apunta Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
DICTAMEN ANTI-TÉCNICO
Se trata, explica Grossheim de un dictamen claramente anti-técnico porque parte del “supuesto falaz” de que las concesiones mineras son monopolizadas por la gran minería.
“Por el contrario, si uno revisa los petitorios mineros del año pasado verá que estos llegan casi a 13 mil y que el 70% pertenece a pequeños productores mineros. Entonces, no es cierto que estos no pueden acceder a las concesiones”, apunta.
Los especialistas alertan que el acortamiento del plazo para que una concesión inicie producción (de 30 a 15 años) atenta contra el desarrollo de los grandes proyectos porque estos toman 30 o 40 años en desarrollarse.
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Es más, una investigación llevada a cabo por el Grupo de Diálogo Minero revela que la mayor parte (el 70%) de las concesiones invadidas por los mineros informales no pertenece a la gran y mediana minería, sino a otros pequeños mineros y mineros artesanales.
“Esto significa que el dictamen de la Comisión de Energía y Minas se ha construido sobre la base de falacias que no resisten el menor análisis. No es, por tanto, una norma hecha técnicamente, y eso es un gran problema para el país”, anota Grossheim.
Por si hicieran falta más pruebas, Chávez remarca que todas las entidades técnicas, públicas y privadas, convocadas por la Comisión de Energía y Minas para dar su opinión sobre la norma, opinaron en contra de su aprobación.
Solo el Ingemmet, señala, dio una opinión favorable, de la cual se retractó prontamente.
“¿Cuál es el sustento, entonces, para que el Congreso trate de imponer una norma que contradice a todas las entidades técnicas y el marco regulatorio minero que tiene 40 años de vigencia”, se pregunta el especialista.
A su entender, el objetivo no es otro que favorecer a los mineros que no cumplen las normas (informales e ilegales).
Todas las entidades consultadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, empezando por el Minem, se mostraron contrarias a la aprobación del dictamen que busca eliminar las «concesiones ociosas».
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Esto con la complicidad de un Congreso al cual “le queda poco tiempo en el poder y que recibe indudable financiamiento de estos grupos económicos”.
INTERÉS POLÍTICO
El dictamen aprobado por el Congreso acumula nueve iniciativas presentadas por las bancadas de Juntos por el Perú, Podemos Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial, Bancada Socialista y Renovación Popular.
Fue aprobado casi por unanimidad, con la única oposición de la congresista Diana Gonzales (Avanza País).
Cabe señalar que muchas de las propuestas contenidas en el dictamen coinciden con las propuestas de gobierno de varias agrupaciones políticas, pero, especialmente, de dos: Juntos por el Perú y Podemos Perú.
La norma aún debe pasar al Pleno del Congreso para su aprobación. En ese sentido, Grossheim llama a la sensatez del Legislativo para que “revise el tema técnicamente y no bajo las premisas falaces que han mencionado”.
Así lo entiende el Ministerio de Energía y Minas (Minem) que advirtió a la Comisión de Energía y Minas que “los proyectos de ley que dan forma al dictamen no resultan técnicamente viables”.
La SNMPE considera que la propuesta congresal desalienta la formalización minera y promueve, más bien, la invasión de las concesiones minera formales.
/ DANTE PIAGGIO
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