La resolución sancionadora data de noviembre de 2025, e impone una multa de 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) que equivale a más de S/ 170 mil. Los aportes fiscalizados corresponden a las elecciones generales 2021, donde JPP postuló a Verónika Mendoza a la presidencia de la República y que logró colocar a cinco congresistas, entre los que se encuentra la cabeza de la agrupación y actual candidato presidencial, Roberto Sánchez.
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En una primera revisión, la ONPE detectó que JPP no expidió recibos de aportaciones recibidas en efectivo o en especie, lo que se entiende como “aportes de fuente prohibida”, debido a que se evidenció lo siguiente: el partido izquierdista emitió un total de 191 recibos y a todos les faltaba la dirección y la firma del aportante; y tras haber solicitado la confirmación de los aportes, 16 personas negaron los supuestos aportes.
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En marzo de 2025, tras nuevas revisiones, el organismo electoral emitió otro informe donde concluyó que “la OP (organización política) habría recibido diecisiete (17) aportes de fuente prohibida, al desconocerse su origen porque fueron negados por los aportantes; y no se habrían expedido ochenta y cinco (85) recibos de aportaciones recibidas en efectivo o en especie conforme al artículo 30 de la LOP; esto al no consignarse la firma de los aportantes en los recibos y no haberse obtenido respuesta de confirmación o negación de los aportes”.
Coincidentemente, los aportes fantasmas detectados repiten un mismo patrón: el monto de S/ 1.000. En total, son S/ 17 mil (S/ 8 mil en efectivo y S/ 9 mil en especie) de fuente prohibida proveniente de fuente anónima o cuyo origen se desconoce, según precisa la resolución de la ONPE. Incluso, el organismo electoral logró acreditar que uno de los aportantes consignados por JPP falleció antes de efectuada la entrega del aporte.
Este Diario buscó los comentarios de Roberto Sánchez y del personero legal del partido, Carlos Zafra, pero ninguno respondió nuestros mensajes. Sin embargo, accedimos al recurso de impugnación presentado por el personero legal el 1 de diciembre de 2025, donde alega que la resolución que le enviaron era “ilegible”, y que la normativa electoral sobre financiamiento ha sido cambiada en los últimos años. Todo esto fue rebatido y la ONPE declaró infundado el recurso. El 13 de enero pasado, el mismo personero legal volvió a presentar un recurso de apelación y el caso ha sido elevado al Jurado Nacional de Elecciones.
—Otros casos—
La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a otras ocho resoluciones que dictan sanciones contra otras ocho agrupaciones políticas que se encuentran participando de la actual contienda electoral 2026. Sumado al caso de JPP, las multas impuestas superan los S/ 1.6 millones.
En lo que resta de agrupaciones sancionadas, la mayoría de casos responde a faltas que pueden ser consideradas administrativas como es el caso de Fuerza Popular, que acumula tres sanciones. Una por no presentar una cuenta bancaria, otra por no presentar libros de contabilidad. En sus descargos, el partido explica que la demora en abrir una cuenta bancaria respondió a la negativa de los bancos, y que no pudieron mostrar el libro de contabilidad porque dicho documento estaba en manos de la Fiscalía producto de los allanamientos.
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Solo el tercer caso abierto contra el partido naranja tiene que ver con gastos internos por menos de S/ 20 mil. La ONPE cuestiona que el partido haya utilizado el dinero de financiamiento público dedicado para formación en el alquiler de máquina plataforma giratoria 360°, un Iphone, una máquina de humo, tomatodos, bolsas ecológicas, polos y trofeos de vidrio.
Diethell Columbus, dirigente de Fuerza Popular, además explicó que lograron que el JNE declare nula la sanción por el libro de contabilidad porque “el criterio de la ONPE no se ajustaba a ley”. Sobre los casos restantes, precisó que uno está en apelación y el otro impugnado judicialmente. “Confiamos que también se declare nulo debido a que consideramos que ONPE aplicó un criterio equivocado”, refirió el excongresista.
Renovación Popular también enfrenta dos sanciones por lo que la ONPE considera gastos empleados para fines distintos a los establecidos en la ley. En una de las resoluciones se detalla que se trata de “consumos de alimentos, servicio de alojamiento y pasajes aéreos que solo cuentan con comprobantes de pago, por lo que no se puede evidenciar que estos hayan sido realizados para los fines establecidos por la ley”. Este Diario buscó los comentarios de Norma Yarrow, secretaria general de partido, pero hasta el cierre de edición no respondió nuestros mensajes.
Otros partidos han sido cuestionados por aportes no bancarizados; es decir, por registrar aportes que no tienen trazabilidad de su origen. En 2023, Perú Libre recibió dos sanciones que sumaban S/ 7.000 y que terminó reconociendo y pagando tras acogerse a un fraccionamiento. Lo mismo sucede con el PRIN, multado por 19 aportes no bancarizados.
