Aníbal Torres: ¿Por qué casos subcomisión del Congreso aprobó inhabilitarlo por 10 años y qué sigue?

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En diálogo con El Comercio, la presidenta de la SAC, Lady Camones (APP), estimó que el caso estaría listo para ser debatido por la representación nacional a inicios de marzo. “La próxima semana debe estar subiendo a la Comisión Permanente. Ellos deben citar al expremier [Torres] tres días hábiles antes de la audiencia (en la Comisión Permanente) para sustentar y votar [el informe]. Y luego de ello ya quedará expedito para entrar al pleno […] a partir de la primera semana de marzo. Las decisiones sobre las fechas ya son competencia de la Presidencia del Congreso”, indicó.

En cuanto a la votación que se requerirá, en el caso del juicio político (inhabilitación) su aprobación requiere al menos los dos tercios de los votos (66, restando el número de integrantes de la Comisión Permanente).

El informe – sustentado este viernes 19 de enero por Martha Moyano (Fuerza Popular), delegada del caso -deriva de la denuncia que presentó el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), el 16 de agosto del 2022, contra el ex premier por utilizar indebidamente las sesiones de los llamados Consejos de Ministros descentralizados.

La acusación era inicialmente por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y motín por haber incitado a la violencia a dirigentes y ciudadanos contra los opositores del gobierno de Pedro Castillo el 10 de agosto del 2022, pero fue desestimada en ese extremo el 9 de junio del 2023.

En mayo del 2023, Montoya amplió su denuncia para que se incorpore a los Consejos de Ministros descentralizados como parte de las conductas instigadoras de Torres Vásquez. Según la demanda, la naturaleza y finalidad política de estos eventos “se contradice con las atribuciones y competencias establecidas” por ley.

De acuerdo con la denuncia, en estas reuniones “se vertieron expresiones que no resultan enmarcadas dentro de lo preceptuado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.

Moyano sostuvo que se ha determinado “que los actos y expresiones de Aníbal Torres vertidos, fundamentalmente, en los denominados Consejo de Ministros descentralizados así como en entrevistas en medios de comunicación” constituyen conductas que infringen la Constitución.

La congresista de Fuerza Popular recordó que varios de dichos eventos carecían incluso de actas.

Aunque la recomendación de inhabilitación se centra en el caso de los Consejos de Ministros descentralizados, en el informe final también se mencionan las declaraciones hechas por Torres el 10 de agosto del 2022.

Ese día, el exprimer ministro, durante una reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y de organizaciones sociales en la sede del Ejecutivo, pidió a los líderes sociales que se movilicen hacia Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva constitución.

“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, expresó aquel día.

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Esas declaraciones se habían producido un día después de que el Ministerio Público y el equipo especial de la Policía Nacional (PNP) llevaran a cabo un operativo para detener a la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, en la Palacio de Gobierno. Ella es investigada por el caso Anguía y, el 9 de agosto del 2020, el Poder Judicial había dictado detención preliminar en su contra.

La denuncia constitucional contra Torres fue presentada cuando pesaban contra Castillo, allegados a la familia presidencial y miembros del Gabinete serias investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción.

Tras la exposición de Moyano, hubo un breve debate en el que solo participaron los congresistas Edgard Reymundo (Cambio Democrático), José María Balcázar (Perú Bicentenario) y Francis Paredes (Podemos Perú). Todos ellos pertenecen a bancadas aliadas al régimen castillista.

Reymundo (Cambio Democrático) calificó de “exageración” que se pida una inhabilitación por 10 años y dijo que, a su juicio, se trata de una “persecución política” contra Torres Vásquez. Una postura similar expresó el parlamentario José María Balcázar (Perú Bicentenario). A su turno Francis Paredes (Podemos Perú, ex Bloque Magisterial) dijo que los funcionarios públicos tienen derecho a la libertad de expresión y derecho a expresar a la ciudadanía su postura política.

Revisa aquí el informe final:

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Torres responde

El ex primer ministro Aníbal Torres, quien enfrenta un pedido de 15 años de prisión por el golpe de Estado, se pronunció en la red social X tras la decisión de la SAC.

“Hoy, 19.1.24, la congresista Moyano, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sustentó su informe final en el que solicita que se me inhabilite por 10 años. Alega que como premier he manifestado, entre otras expresiones, que ´correrán ríos de sangre’. Acabo de solicitar a la comisión que me notifique con la prueba de tal afirmación para confirmar de que no se trata de una persecución política. Como premier nunca he vertido tal frase”, escribió.

“En una entrevista en Cuarto Poder, en junio de 2021, manifesté que si van a intentar un golpe desconociendo el triunfo de Pedro Castillo, ‘correrá mucha sangre’. En esta entrevista defendí el voto a favor de Castillo y no era funcionario sujeto a juicio político. Mis expresiones como premier se enmarcaron dentro del marco constitucional y de los tratados internacionales de los que el Perú es signatario”, concluyó.

Este Diario buscó contactarse con Torres a través de su abogado Duberlí Rodríguez, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.