El expresidente del Consejo de Ministro Aníbal Torres y su defensa admitieron este miércoles haber roto una de las reglas de conducta que le dictó el Poder Judicial mientras dure su proceso por el golpe de Estado de Pedro Castillo. Esto durante una audiencia donde un juzgado evaluó imponerle un apercibimiento, sanción que lo podría dejar a un paso de la prisión preventiva.
La sesión virtual fue dirigida por el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Allí, el fiscal Alcides Chinchay, a cargo en el Ministerio Público del proceso contra Pedro Castillo y Aníbal Torres, sustentó su solicitud de apercibimiento contra el exjefe del gabinete.
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Una de las reglas de conducta que le impuso la Corte Suprema a Aníbal Torres por este proceso, luego de rechazar el pedido de la fiscalía para imponerle prisión preventiva, fue la de no comunicarse con coinvestigados o testigos que haya declarado o vayan a declarar en la indagación fiscal. Esa fue la regla que el hoy acusado habría roto.
En la audiencia, el fiscal Chinchay detalló que la infracción -advertida por el diario El Comercio en su edición del 21 de enero- se refiere a una reunión entre Aníbal Torres y el exministro de Defensa Gustavo Bobbio. El encuentro fue revelado por este último el pasado 12 de enero en entrevista con RPP Noticias y ratificada en diálogo con este Diario.
Como testigo, Gustavo Bobbio declaró en dos ocasiones a la fiscalía durante la etapa de investigación de este proceso: el 9 de diciembre del 2022 y el 18 de febrero del 2023. El fiscal Chinchay remarcó que durante esa segunda declaración también participó la defensa de Aníbal Torres, por lo que “no cabe ninguna duda” de que sabían de su condición de testigo.
“El señor Bobbio reconoce que, después del inicio de este proceso y después de la medida que se impuso contra el señor Aníbal Torres, hubo esta comunicación. El señor Torres sabe que tiene esa prohibición y que el señor Bobbio es testigo”, dijo.
Por lo tanto, el fiscal señaló que correspondía imponerle una apercibimiento y que el juez “inste al señor Torres Vásquez a cumplir estrictamente con esta restricción y las demás que se hayan impuesto”. Este es el paso previo para una eventual revocatoria de su libertad con restricciones por prisión preventiva en caso vuelva a incumplir una regla de conducta.
Defensa admite infracción
El abogado de Aníbal Torres, Duberlí Rodríguez, argumentó que la primera declaración de Gustavo Bobbio fue cuando su defendido aún no era investigado y aún no tenía la prohibición, dictada el 15 de diciembre por el mismo juez Checkley y confirmada el 28 de ese mismo mes. Pero respecto a la segunda, reconoció que hubo un “descuido”.
“Todos los días llegan cientos y cientos de notificaciones del mismo caso, fundamentalmente para el señor Pedro Castillo, y a uno a veces se le va quién está de testigo. Eso, obviamente, lo reconocemos como una omisión y un descuido, pero no es algo sistemático. Es un tema de no haber sido diligente en leer las notificaciones del Ministerio Público para ver quién estaba de testigo”, dijo.
En su primera respuesta a El Comercio sobre este tema, Duberlí Rodríguez había dicho que no había infracción y que no sabían si Gustavo Bobbio había declarado por el caso. Días después, en una entrevista a Canal N; restó importancia a la prohibición, diciendo que era “un tema bastante relativo” y “una cosa bastante superficial”.
Luego, Rodríguez admitió que debieron “haber sido más diligentes y haber tenido cuidado” respecto a la condición de testigo de Gustavo Bobbio. Sin embargo, luego alegó que fue el mismo testigo quien promovió la reunión con su defendido y que no le hizo algún pedido que entorpezca el proceso judicial.
“La defensa, con honestidad, admite que habría un incumplimiento […] Mi patrocinado debería estar enterado, pero por descuido de él y de la defensa también, porque uno tiene que ser honesto en reconocer errores, no se tomaron las precauciones del caso”, agregó.
En otro momento, la defensa de Aníbal Torres afirmó que este es víctima de “demolición mediática” y señaló en particular a El Comercio por haber advertido la infracción. Al respecto, el fiscal replicó que el dato de la infracción advertida por la prensa era un hecho objetivo: “El señor Bobbio y el señor Aníbal se han comunicado en un momento en que el proceso estaba instaurado, en que las medidas de restricción ya estaban emitidas, en que don Aníbal ya sabía que tenía el proceso abierto, las restricciones y que el señor Bobbio era testigo”.
Por último, Rodríguez pidió que solo se le haga una “amonestación” y no se le imponga “un apercibimiento como tal”.
“Negligencia”
Sobre el final de la audiencia, el juez le dio la palabra a Aníbal Torres. El exministro se ratificó en lo dicho por su abogado y afirmó que “efectivamente, he incurrido en negligencia, al no haber advertido que él era testigo. Pensé que si no es procesado, menos puede ser testigo”.
El exministro comentó que penso así por que “tres personas hemos estado juntas al momento de escuchar el mensaje [de Pedro Castillo], el que habla, el ministro de Defensa [Gustavo Bobbio] y el ministro del Interior [Willy Huerta], y solo estamos procesado dos de los trés [él y Huerta]. Con eso no quiero decir que lo procesen también al señor Bobbio, pero las cosas se han producido así”.
“Ha habido negligencia por no haber advertido yo que el señor Bobbio es testigo. Por ello, pido disculpas a usted, señor magistrado, y por su intermedio, al señor fiscal; hecho que no se va a volver a repetir”, agregó Aníbal Torres, quien se hizo conocido durante el gobierno de Pedro Castillo por sus constantes y duras críticas a quienes veía como rivales políticos, así como a autoridades del sistema de justicia y a la prensa.
Culminado el debate, el juez Checkley anunció que iba a emitir su resolución por escrito. Se espera que la decisión sea comunicada por el Poder Judicial en los próximos días. Aníbal Torres hoy es acusado por el delito de rebelión en el golpe de Estado y se piden 15 años de pena en su contra; mientras que Gustavo Bobbio figura en la lista de testigos ofrecidos por la fiscalía para un eventual juicio por este caso.