El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, afirmó que la minería ilegal ha superado al narcotráfico en el país y aseguró que impulsará la aplicación de la denominada ley MAPE, así como la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que este ha sido utilizado como un mecanismo que permite actividades ilícitas.
El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, afirmó que la minería ilegal ha superado al narcotráfico en el país y aseguró que impulsará la aplicación de la denominada ley MAPE, así como la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al considerar que este ha sido utilizado como un mecanismo que permite actividades ilícitas.
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Durante sus declaraciones, el postulante sostuvo que la minería ilegal representa una parte significativa de la criminalidad en el Perú. “Hoy por hoy, la minería ilegal conforma los dos tercios de todos los delitos del Perú. Es increíble que la minería ilegal hoy día haya incluso sobrepasado al narcotráfico. Todos lo sabemos. Hoy tenemos que tomar medidas sobre ese punto. Y vamos con la ley MAPE”, señaló.
Álvarez también indicó que existen versiones sobre un presunto financiamiento de campañas políticas por parte de esta actividad ilícita. “Se dice y se comenta que están financiando a muchos candidatos al Parlamento y también a la Presidencia. Bueno, ojalá no sea así y no estén hipotecados algunos a este tipo de financiamientos”, declaró.
En ese contexto, planteó eliminar el Reinfo y aplicar interdicciones directas contra la minería ilegal como parte de su estrategia para combatir esta problemática.
El candidato vinculó además la criminalidad con la corrupción y la impunidad, y propuso atacar las finanzas del crimen organizado mediante la trazabilidad del dinero ilícito y el trabajo articulado con entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Asimismo, advirtió que personas condenadas continúan operando desde los centros penitenciarios y planteó la implementación de megapenales, el cumplimiento efectivo de las penas y el pago de reparaciones civiles por parte de los sentenciados.
Entre sus propuestas, también mencionó declarar al sicario como objetivo militar, endurecer las sanciones y garantizar la aplicación de las leyes vigentes en materia de seguridad.
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