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El Congreso aprobó recientemente normas que otorgan nuevos beneficios laborales a trabajadores del régimen CAS y cambios vinculados al sistema previsional de la Caja Militar y Policial. Para el Consejo Fiscal, estas medidas implican un fuerte impacto en las cuentas públicas. En entrevista, su presidente, Alonso Segura, advierte que el costo fiscal de estas decisiones podría superar casi los S/ 7.000 millones anuales en el tiempo y cuestiona la falta de acciones del Ejecutivo para frenar normas que comprometen el equilibrio fiscal.
El Congreso aprobó recientemente normas que otorgan nuevos beneficios laborales a trabajadores del régimen CAS y cambios vinculados al sistema previsional de la Caja Militar y Policial. Para el Consejo Fiscal, estas medidas implican un fuerte impacto en las cuentas públicas. En entrevista, su presidente, Alonso Segura, advierte que el costo fiscal de estas decisiones podría superar casi los S/ 7.000 millones anuales en el tiempo y cuestiona la falta de acciones del Ejecutivo para frenar normas que comprometen el equilibrio fiscal.
—El Congreso aprobó beneficios como gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, además de cambios vinculados a la Caja Militar y Policial. ¿Qué impacto concreto tendrán estas medidas?
Existe una cuantificación del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en ambos casos. Estamos hablando de costos enormes que difícilmente se pueden sostener en el tiempo. En el caso de los trabajadores CAS, el costo supera los S/3.000 millones anuales con efecto inmediato. Esto se suma a otros incrementos salariales que se han venido aprobando. En el caso de la norma vinculada a la cédula viva en la Caja Militar y Policial, el problema no es solo el costo fiscal, sino el mecanismo mismo. Implica que cualquier aumento salarial para el personal activo se traslada automáticamente a los jubilados. Esa fue una de las razones por las que sistemas similares desaparecieron en muchos países: son fiscalmente impagables. En el largo plazo, el propio MEF estima costos cercanos a S/3.800 millones anuales, que irán creciendo con el tiempo.
—¿Qué significa esto para la sostenibilidad de las cuentas públicas?
Estas cifras pueden parecer abstractas para la población, pero cada una representa varias décimas del PBI por año. Lo que va a ocurrir es que las cuentas fiscales del Perú empezarán a mostrar que no cierran. Estamos entrando en una senda fiscal más estructural de acumulación de deuda que es insostenible. Esto lo que va a hacer es hipotecar las finanzas públicas de todos los peruanos, las bombas de tiempo las van a recibir los siguientes gobiernos.
—¿Qué debería hacer el Ejecutivo frente a estas normas?
En el caso de una de las leyes, el Consejo Fiscal ya le ha dicho al Gobierno que debe presentar una observación ante el Congreso. Si el Congreso insiste, lo mínimamente responsable sería acudir al Tribunal Constitucional para que evalúe la constitucionalidad de estas normas. Las magnitudes de gasto que estamos discutiendo lo ameritan. De lo contrario, lo que se está haciendo es hipotecar las finanzas públicas de todos los peruanos.
El Congreso aprobó recientemente normas que otorgan nuevos beneficios laborales a trabajadores del régimen CAS y cambios vinculados al sistema previsional de la Caja Militar y Policial. (Fuente: El Peruano)
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—Si se suman estas medidas a otras aprobadas en los últimos meses, ¿estamos ante un aumento estructural del gasto?
Sí. Son medidas de gasto permanente. El problema es que el crecimiento del presupuesto público normalmente permite absorber ciertos aumentos graduales. Pero las magnitudes que se están aprobando ahora son tan grandes que ya no pueden absorberse dentro del crecimiento natural del presupuesto. Además, se han aprobado múltiples exoneraciones tributarias en los últimos 18 meses que comprometen los ingresos futuros. Eso significa que los ingresos crecerán menos mientras que los gastos crecen más rápido.
—El Consejo Fiscal alertó sobre este problema en octubre del año pasado. ¿Por qué cree que no se han tomado acciones?
Esa es una pregunta que deben responder las autoridades. No ha habido ni siquiera un cambio de gobierno: la actual primera ministra era la ministra de Economía y el actual ministro era el viceministro. Por eso sorprende que ahora se diga que se optará por el diálogo. El diálogo no resuelve un problema fiscal. Lo que se necesitan son acciones concretas.
—¿Cree que el Gobierno tomará finalmente acciones contra estas normas?
No lo sé. Durante la gestión anterior – de Jerí – se promulgaron 28 normas con impacto fiscal y solo se observó una. Eso ha sido prácticamente una puerta abierta para que el Congreso continúe aprobando medidas similares. Esperemos que cambien de estrategia y utilicen las herramientas que tienen: observar las leyes e iniciar acciones de inconstitucionalidad.
—¿El presupuesto actual tiene espacio para absorber estos nuevos compromisos?
No. Lo que ya estamos viendo es una recomposición del gasto público. El aumento de remuneraciones está desplazando otras partidas, deteriorando la calidad del gasto. Y además estamos hablando de incrementos que no generan necesariamente una mejora en los servicios al ciudadano.
—¿Qué tan inusual es lo que está ocurriendo hoy en el Perú?
Es absolutamente inusual. Cuando el Consejo Fiscal hizo una conferencia de prensa en octubre fue la primera vez en su historia que se hacía algo así. La frecuencia y magnitud de normas con alto impacto fiscal aprobadas por insistencia no tiene precedentes en la historia reciente del país.
—¿Qué consecuencias podría tener esto para el déficit y la deuda pública?
Las presiones se irán acumulando con el tiempo. Algunas medidas tienen impacto inmediato, como la ley para trabajadores CAS; otras son graduales, como la cédula viva. Pero cuando todas estas presiones maduren será muy difícil estabilizar la deuda pública. Eso es justamente lo que define una senda de insostenibilidad fiscal.
El Congreso aprobó recientemente normas que otorgan nuevos beneficios laborales a trabajadores del régimen CAS y cambios vinculados al sistema previsional de la Caja Militar y Policial.
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—¿Qué implicancias tiene esto para el ciudadano común?
Las consecuencias aparecerán gradualmente. Primero, se generan distorsiones cuando se otorgan beneficios a ciertos sectores sin justificación técnica. Segundo, cuando el gasto público se presiona, el Estado termina recortando servicios o deteriorando su calidad. Y finalmente, si el país entra en una senda de insostenibilidad fiscal, se refleja en mayor riesgo país, menor inversión, menos empleo y crédito más caro para familias y empresas.
—¿Qué se necesita para evitar que el Congreso apruebe más leyes con alto costo fiscal?
Lo primero es usar los instrumentos que ya existen. El Ejecutivo puede observar leyes y acudir al Tribunal Constitucional. Más adelante se podría discutir reforzar los candados institucionales, pero lo urgente hoy es utilizar las herramientas que ya están disponibles para frenar normas que comprometen la estabilidad fiscal del país.
—Diversos analistas sugieren utilizar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles ante el alza del petróleo. ¿Desde el Consejo Fiscal ven esto viable considerando el impacto en el gasto público?
Ese tema no lo hemos discutido aún como Consejo Fiscal, por lo que no podría dar una posición institucional. Lo importante es tener claro que el alza de los combustibles responde a factores globales y suele ser un fenómeno temporal. Los precios del petróleo suben y bajan. Cualquier decisión sobre el uso de mecanismos de estabilización tendría que tomarse con prudencia fiscal. No se trata simplemente de decir “estabilicemos cueste lo que cueste” y seguir aumentando el gasto público. Si el Ejecutivo considera necesario intervenir, tendría que presentar una propuesta técnicamente sustentada y fiscalmente responsable.
