Para el Poder Judicial (PJ) existen elementos de convicción que acreditan un presunto “direccionamiento” en las contrataciones que se realizaron a favor de las amigas del ahora vacado expresidente José Jerí, durante su breve gestión en Palacio de Gobierno.
Por ello, ordenó el allanamiento de los inmuebles de 23 personas tras declarar fundado el pedido de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, según una resolución a la que accedió El Comercio.
La medida fue dictada contra Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero, sindicadas amigas de Jerí Oré y presuntas beneficiadas de contratos y órdenes de servicio.
También incluye a Benito Roberto Villanueva (ex secretario general presidencial); Luis Álvaro Solorzano Yabar (ex subsecretario genera y actual Jefe de Gabinete de Asesores Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social); y Magali Meza Mundaca (Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación).
Ademas el operativo alcanza a Hernán Piero Cuba García (ex jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial); Royer Azañero Álvarez (ex jefe de Jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial); y Yazmín Ivonne Meléndez Fiestas de Galdo (ex integrante del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo del Despacho Presidencial) y otros.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
“Autorizar la medida restrictiva de búsqueda de prueba y restricción de derechos de allanamiento el mismo que comprenderá el registro domiciliario (de ambientes interiores y demás dependencias cerradas como vehículos), con descerraje en caso de negativa o ausencia de personas en los bienes inmuebles o mueble.”
En este caso se investiga a los no aforados (personas que no son altos funcionarios). Sin embargo, por los mismos hechos, el expresidente José Jerí Oré es investigado ante la Fiscalía de la Nación.
La fiscalía anticorrupción, a cargo de la fiscal Roxana Espinoza, realiza la investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, luego de conocerse que las jóvenes habrían visitado Palacio de Gobierno durante la gestión de Jerí y, posterior a ello, recibieron órdenes de servicio o fueron designadas en puestos en el Despacho Presidencial y los ministerios de Producción, Educación y Ambiente, así como Essalud.
Reportaje de Cuarto Poder reveló que un total de cinco (5) jóvenes se reunieron con el presidente José Jerí y, días después consiguieron contratos en el Estado. Foto: Captura América TV.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
La medida de allanamiento -ejecutada la madrugada del viernes- incluye el registro domiciliario y personal, así como la incautación de los bienes vinculados a la investigación.
El juzgado ordenó además el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones. Esto permitirá a la fiscalía realizar distintas diligencias mediante la visualización y extracción, así como monitoreo o grabación (vía su reproducción, copiado o traslado a otro dispositivo), de información o data digital (grabada o que son registros de comunicaciones telefónicas, radiales, internet o de cualquier otra forma de comunicación).
Todo ello en las especies incautadas, como teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB’s, discos externos, entre otros, así como redes sociales vinculadas cualquier dispositivo tecnológico y otros similares.
“El allanamiento garantizará la preservación, incautación y aseguramiento de evidencia digital altamente volátil, especialmente mensajes de WhatsApp, archivos ‘vista una vez’, historiales de llamadas, capturas, conversaciones eliminadas, registros de operaciones financieras, así como documentos o soportes que sustenten la simulada ‘influencia constitucional’ ofrecida.”
Departamento de Ledy Guadalupe Vela, en San Isidro. La investigada no fue hallada en el inmueble.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
PJ indica que existen elementos sobre posible “direccionamiento” de José Jerí para contrataciones que es investigado por fiscalía
Según el documento judicial, el Ministerio Público señaló que habrían existido acciones y conductas que permiten sostener la comisión de actos de diversos funcionarios con posible connotación delictiva en la contratación de las proveedoras Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero.
Tras analizar los hechos presentados por la fiscalía, el Juzgado de Investigación Preparatoria consideró que “se sustentan en un patrón de direccionamiento de contrataciones y designaciones”, cuya materialización se habría producido a través de coordinaciones informales, comunicaciones digitales, intercambio de archivos y registros electrónicos.
“En ese sentido, existen indicios razonables de que en los domicilios y espacios bajo control de los investigados se encuentran bienes, dispositivos electrónicos, documentación física y digital, así como registros de comunicaciones, tales como mensajería instantánea, correos electrónicos, historiales de llamadas, archivos digitales, versiones preliminares de documentos y demás información relevante, que permitirían acreditar la existencia de coordinaciones previas, direccionamiento funcional y vínculos entre los intervinientes.”
Por ello, consideró “razonable” considerar que los investigados guardan cosas relevantes y además que los elementos de convicción evidenciarían “hechos de apariencia delictiva (direccionamiento a favor de la contratación de las investigadas y la participación en la contratación)”.
Señaló que se justificaba autorizar las medidas de allanamiento, registro personal y domiciliario e incautación pues allí se podrían encontrar bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, como documentos, equipos celulares, anotaciones o diversos bienes que permitan conocer si estos se interesaron indebidamente en la contratación de las investigadas Vela Ramírez, Beraún Rojas, Beas Otero, Melgarejo Sánchez, y Camargo Leyva, “que se habría dado como resultado del presunto direccionamiento o intervención de Jerí Oré”.
“Se trata de un conjunto de actuaciones que no tienen un valor aislado o autónomo, sino que, por el contrario, agrupados suponen un conjunto de conductas que, de manera concatenada, denotarían un interés indebido y decisión común de lograr las contrataciones de Vela Ramírez, Beraún Rojas, Beas Otero, Melgarejo Sánchez, y Camargo Leyva (se verifica que las contrataciones de las investigadas vienen precedidas de visitas realizadas a Jerí Oré como Presidente de la República (…)”, precisó.
Departamento de Fiorella Melgarejo, en el jirón Belisario Flores 211, Lince.
(Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
El PJ concluyó que el allanamiento y la incautación busca evitar que la información recabada no sea alterada o eliminada.
“De esta forma, el Ministerio Público podrá allanar y registrar cada uno de los inmuebles descritos e incautar todo aquello relacionado con la presunta comisión del delito de negociación incompatible, conforme al marco fáctico referido a la contratación de las investigadas, durante finales de 2025 e inicio de 2026, lo que permitirá esclarecer los presuntos hechos ilícitos”, indicó el juzgado.
