El último 12 de enero, el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción emitió una disposición fiscal declarando ‘compleja’ la investigación y dispuso ampliar el plazo de la misma por 8 meses. Además, el Ministerio Público (MP) precisó que López-Chau Nava era investigado por tres hechos, presuntamente irregulares, cometidos cuando ejerció el cargo de rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
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Según la documentación obtenida por El Comercio, los hechos se vinculan a la contratación de Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Josué Gámez Ramos, militantes del partido Ahora Nación en la UNI durante la gestión de López-Chau; el presunto uso de fondos de la citada universidad para gestionar la campaña electoral del ahora candidato presidencial en el interior del país; y el cambio del estatuto universitario para lograr que personas de su confianza asuman la rectoría tras su renuncia a dicho cargo.
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Hoy, Salcedo Cuadros y Arévalo La Rosa también acompañan a López-Chau como candidatos para Diputados por Lima, en la lista de Ahora Nación, para las Elecciones Generales del 2026.
En el caso de Gámez Ramos estuvo afiliado en Ahora Nación, siendo incluido en el tribunal electoral y comité partidario de Lima, desde el 13 de mayo del 2023 al 19 de mayo 2025, cuando renunció al partido.
El Comercio solicitó la versión de López-Chau Nava; sin embargo hasta el cierre de este informe no hubo pronunciamiento.
“Declarar compleja la investigación seguida contra Pablo Alfonso López-Chau Nava y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en sus modalidades de: peculado doloso, tipificado en el primer párrafo del artículo 387 del código penal, y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal; en agravio del Estado.”
Las investigaciones se realizan con el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) que es la encargada de recopilar la información del caso, así como las declaraciones del investigado López-Chau y los testigos.
Hipótesis fiscal: Alfonso López-Chau habría realizado un “desvío de la función pública para servir a intereses particulares y partidarios”
De acuerdo a la documentación, los primeros indicios fueron puestos en conocimiento de las fiscalías de Lavado de Activos en mayo del 2025, que derivó el caso a las fiscalías anticorrupción.
En agosto del 2025, la fiscal anticorrupción Norah Córdova dispuso el “inicio de diligencias preliminares” por el plazo de 120 días y encargó las diligencias Dircocor PNP.
El 18 de diciembre la Dircocor PNP presentó un informe ante la fiscalía solicitando la ampliación del plazo de la investigación.
Es así que el 12 de enero último, tras analizar el informe policial, la fiscal anticorrupción precisó la imputación central en contra de Alfonso López-Chau, determinando que el caso se sustenta en un “presunto desvío de la función pública para servir a intereses particulares y partidarios”.
El primero de los tres hechos por el que el candidato presidencial de Ahora Nación deberá responder es, presuntamente, haber beneficiado con contratos al abogado Carlo Magno Salcedo Cuadros (Secretario de Doctrina y Formación Política del Partido Ahora Nación), Salvador Arévalo La Rosa (Secretario Nacional de Industria y Emprendimiento de Ahora Nación) y Leandro Josué Gámez Ramos (Presidente del Tribunal Electoral de Ahora Nación), militantes activos o directivos del partido Ahora Nación.
Las tres personas, presuntamente beneficiadas y que han sido citadas como testigos por la fiscalía habrían suscrito diversos contratos con la UNI por montos ascendentes a S/ 54,000, S/ 75,000 y S/ 32,000, respectivamente, durante los años 2022 al 2024, cuando López-Chau Nava se desempeñaba como rector de dicha casa de estudios.
En su momento, la contratación de los allegados de López-Chau fue informada por Willax.
Ahora, la fiscalía sostiene que dichas contrataciones “se habrían materializado con posterioridad a la incorporación de los militantes al partido o a su asunción de cargos dentro de su estructura orgánica”, lo que denotaría la configuración de un presunto patrón de favorecimiento indebido durante el período 2022-2024.
“En ese sentido, la adjudicación de servicios habría sido instrumentalizada por el exrector Pablo Alfonso López Chau Nava para beneficiar sistemáticamente a Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Josué Gámez Ramos, precisamente en razón de su condición de militantes y su estrecha afinidad política con la autoridad universitaria. Configurándose de esta forma el presunto delito de Negociación Incompatible y Aprovechamiento indebido del Cargo.”
De acuerdo a la explicación fiscal, “el interés indebido radica en que dichas contrataciones no habrían obedecido a una necesidad institucional objetiva, sino que tuvieron como finalidad beneficiar económicamente a militantes de su agrupación política Ahora Nación, vulnerando el deber de imparcialidad”.
La disposición fiscal señala que como segundo hecho, se le atribuye al candidato presidencial de Ahora Nación el presunto “uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas”, ya que habría “desnaturalizado” el ejercicio de su cargo de Rector para desplegar actividades de promoción política orientadas a su candidatura presidencial.
“Para este fin, habría instrumentalizado la imagen institucional de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), vinculando el prestigio de la casa de estudios a su proyecto político personal”, señaló la fiscalía.
Específicamente, se habría configurado un presunto delito de peculado doloso, puesto que los fondos públicos de la UNI habrían sido desviados para costear viajes al interior del país y otros gastos logísticos.
“Desplazamientos que, lejos de cumplir una finalidad académica o de gestión universitaria, habrían tenido como objetivo real realizar actos de proselitismo y posicionamiento de su imagen como candidato”, anoto la fiscalía.
Finalmente, se le atribuye, posterior a su renuncia el 5 de marzo del 2025, haber impulsado a través de la Asamblea Universitaria una modificación estatutaria “a medida” para que la rectoría sea encargada de manera interina a Arturo Fernando Talledo Coronado (Vicerrector de Investigación), cuando la Ley Universitaria estipulaba que la encargatura correspondía al “Vicerrector Académico”, que estaba a cargo de Shirley Emperatriz Chilet Cama.
De esta manera, el 25 de abril Talledo Coronado fue designado irregularmente como rector interino; sin embargo, dicha elección fue anulada por la Sunedu quien reconoció a Chilet Cama como rectora interina el 12 de mayo del 2025.
Por ello, se le atribuye a López-Chau Nava la presunta comisión del delito de Negociación Incompatible y Aprovechamiento indebido del Cargo.
Declaraciones, diligencias programadas y oficios al JNE
De acuerdo a los documentos oficiales, la fiscalía anticorrupción dispuso tomar las declaraciones en calidad de testigos de Shirley Emperatriz Chilet Cama (rectora interina de la UNI) y Arturo Fernando Talledo Coronado, el 23 de febrero próximo.
El 24 de febrero deberán acudir Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Gámez Ramos.
Mientras que el miércoles 25 de febrero deberá comparecer el investigado Alfonso López-Chau, a las 11:00 de la mañana. El candidato presidencial deberá concurrir junto a su abogado de manera presencial, en las instalaciones de la Sede Policial de Barranco.
De no poder concurrir, la fiscalía le otorgó la opción de poder rendir su indagatoria fiscal de manera virtual, previa coordinación.
La fiscalía citó a López-Chau bajo apercibimiento de disponer su conducción compulsiva, en caso de inconcurrencia, conforme lo señala el artículo 66 del Código Procesal Penal.
De otro lado, la fiscalía dispuso oficiar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a fin de que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) remita información sobre la inscripción de la organización política “Ahora Nación”; donde conste la relación de fundadores y directivos, a fin de acreditar el vínculo y cargo que ostenta el investigado Pablo Alfonso López-Chau Nava.
Además, requirieron el historial de afiliación y las fichas de afiliación de: Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Josué Gámez Ramos; precisando con exactitud la fecha de inicio de su vínculo partidario.
La fiscalía también dispuso que el JNE informe si las tres personas antes mencionadas están inscritas como candidatos a cargos de elección popular en procesos electorales recientes o en curso representando a dicha organización política.
“Él (Alfonso López-Chau) no tiene nada que ver en la decisión de su Secretaría General de contratarme”
En diálogo con El Comercio, Carlo Magno Salcedo Cuadros, vocero de Ahora Nación y uno de los presuntos beneficiados con los contratos, rechazó haber sido beneficiado por Alfonso López-Chau cuando este era rector de la UNI.
De acuerdo a su versión, quien lo contrató fue un funcionario, en este caso, la que fue secretaria general de la Universidad Nacional de Ingeniería, Sonia Napán.
Explicó que su contratación se sustentó en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que autoriza a los altos funcionarios cuando ellos son denunciados penalmente para que su defensa legal pueda ser este asumida por la entidad en la que laboran, siempre que se trate de alguna cuestión vinculada con su cargo.
“Se trata de la Ley 30057, que es la Ley del Servicio Civil, cuyo artículo 35 establece como derecho de los servidores civiles, en su inciso ‘L’ contar con la defensa y asesoría legal, entre otras asesorías, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, etc.; ya sea por omisiones o decisiones adoptadas por ejercicios de sus funciones. Entonces, ellos escogen su defensa legal y la entidad se los paga ¿Quién determina a quién se contrata? la persona que quiere hacer uso del servicio”, sostuvo.
En esa línea, señaló que el funcionario que quiera hacer uso de dicha ley escoge a su abogado. Por tanto, lo que hizo fue enviarle una “proforma u oferta de servicio” a su excliente, Sonia Anapán y ella aceptó y se encargó de hacer los trámites.
“Y en este caso es lo que ocurrió; yo fui contratado por ella, pagado por la UNI para defenderla en dos carpetas fiscales que tenían que ver, precisamente, con el nombramiento de ella en el cargo de secretaria general”, dijo.
Así, el abogado señaló que con su defensa legal se logró archivar una de las carpetas fiscales, pero posteriormente renunció a la defensa de la funcionaria, “para evitar, digamos, se hizo público y para evitar controversias yo ya dejé la defensa en ese punto”.
Agregó que, así como él fue contratado, su expatrocinada pudo contratar a cualquier otro abogado.
Salcedo Cuadros reiteró que “no lo contrató” la UNI; sino “la secretaria” de la universidad y que el proceso de su contrato se debía hacer por los canales administrativos de dicha casa de estudios pues esta asumiría el pago del servicio.
“Aquí, ¿A quién se está acusando? ¿Al señor Alfonso López-Chau? Entonces, él no tiene nada que ver en la decisión de su Secretaría General de contratarme a mí como su abogado. O sea, no hay ninguna irregularidad, no existe ninguna restricción para que la señora Sonia Anapán pueda contratar a una persona de su confianza.”
Al ser consultado desde cuándo conocía a la secretaria de la UNI, Susana Anapán, el abogado sostuvo que la conoció “desde mucho antes”.
“Obviamente yo la conozco en el contexto, pues, de todas esas amistades que hemos ido tejiendo, ¿no?, en este proceso de conformar el partido ¿no?”, indicó.
Salcedo Cuadros dijo ser “un abogado de prestigio”. “Yo no soy un don nadie”, remató. Por ello, aseguró que se le contrató debido a sus capacidades que se confiaba en sus resultados, situación que ocurrió, ya que logró archivar una de las investigaciones contra Anapán.
“(Solo para precisar, ¿A qué contexto se refiere?) Yo la conocí (a Sonia Anapán) unos meses antes. Exactamente la fecha no la recuerdo, pero obviamente la conozco en el sentido de que ella era secretaria general de un rector con quien yo tengo una relación”, dijo al ser repreguntado.
Finalmente, Salcedo señaló que si bien aún no ha sido citado por la fiscalía para rendir su testimonio, acudirá en cuanto sea convocado.
“Si soy notificado debidamente, yo soy un hombre respetuoso de la ley; y yo estoy seguro, además, que cuando se den los testimonios, estoy convencido de que no van a encontrar ninguna responsabilidad.
