En su testimonio del 31 de enero ante el fiscal Reynaldo Abia, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, Villanueva ofreció detalles sobre cómo en marzo de 2018, el entonces titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, envió al archivo una investigación en contra de Martín Vizcarra por el Caso Chinchero.
Vizcarra Cornejo, en ese momento, era primer vicepresidente de la República y embajador del Perú en Canadá. Esto tras haber renunciado al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones al no haber logrado la ejecución de las obras del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.
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“El filósofo”, en su declaración, indicó que Alejandro Silva Reina, asesor de Sánchez, coordinó con el congresista César Villanueva (Alianza para el Progreso) para que la pesquisa sea enviada al archivo y así “Vizcarra no tenga ningún problema” para asumir la Presidencia de la República semanas después, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien estaba al borde de la vacancia.
“Ya por esa época, 2018, antes de que se produzca la vacancia de Vizcarra, a través de un asesor de Pablo Sánchez, de nombre Alejandro Silva, quien tenía un estrecho vínculo con el congresista César Villanueva, que era el que coordinó todo para que Vizcarra sea presidente, ahí se coordinó para que Pablo archive el Caso Chinchero. Y [así] Vizcarra no tenga ningún problema para ser presidente”, manifestó Villanueva.
Las reuniones con Enco
El 12 de marzo de ese año, se conoció que Sánchez archivó de manera provisional la investigación contra el entonces primer vicepresidente de la República por la aprobación de la adenda del contrato de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero.
La adenda fue dejada sin efecto, luego de la emisión de un informe de la contraloría que detectó presuntas irregularidades.
En la resolución, el entonces fiscal de la Nación consideró que la firma de una resolución ministerial para autorizar la adenda y a la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, a representar al MTC en el referido contrato, “son actos propios del despacho ministerial”.
Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, Silva Reina se reunió en cinco oportunidades con el entonces procurador anticorrupción, Amado Enco, en la oficina de este último en Miraflores, de acuerdo al portal de Transparencia de esta institución. La mayoría de estos encuentros duraron en promedio 30 minutos.
De estas cinco citas, cuatro se realizaron antes de que el fiscal de la Nación mande al archivo la denuncia contra Vizcarra Cornejo por la adenda de Chinchero, que precisamente había sido presentada por Enco.
Fuentes cercanas al ex procurador anticorrupción refirieron que en las reuniones con Silva no se abordó la denuncia sobre el Caso Chinchero. Agregaron que Enco tenía el plan de realizar “un instrumento de gestión” y le solicitó al asesor de Sánchez, a quien conocía por dictar clases en la Universidad de San Martín de Porres, que le recomiende a expertos.
Las mismas fuentes señalaron que en ningún momento hubo una solicitud ilegal y que la mayor prueba de ello es que cuando el fiscal de la Nación envió al archivo la denuncia, la procuraduría anticorrupción pidió una revisión de esta decisión.
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El enfrentamiento con Chávarry
En otra parte de su declaración, Villanueva sostiene que, a fines de mayo o inicios de junio de 2018, cuando se estaba por elegir al nuevo fiscal de la Nación, él conversó con Sánchez, porque había recibido información de que este quería postular a la reelección, cuando ellos habían asumido un compromiso con el entonces fiscal supremo Pedro Chávarry.
Este compromiso era que después de Sánchez, Chávarry debía dirigir el Ministerio Público.
“Yo le dije, ‘Pablo nosotros hemos dado nuestra palabra y tenemos un compromiso’ y él me dijo, ‘sí, me están diciendo para reelegir’, no fue claro si él se quería reelegir o no, pero le dije que ya habíamos dado nuestra palabra y que, si él se reelegía, por edad Chávarry no iba a alcanzar ser fiscal de la Nación”, manifestó “El filósofo”.
En agosto de 2018, en una entrevista en radio Exitosa, dijo que Silva Reina se encontraba realizando una campaña en su contra y que le pidió explicaciones a Sánchez por eso.
A inicios de febrero de 2021, la Junta Nacional de Justicia destituyó a Chávarry de su cargo de fiscal supremo por su vinculación con el ex juez supremo César Hinostroza, sindicado como el cabecilla de la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y por otras tres causales.
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De la administración Villarán al JNE
Silva también fue defensor municipal para Víctimas de Accidentes de Tránsito de Lima durante la administración de Susana Villarán (2010-2014) en la comuna capitalina.
En marzo de 2014, a modo de balance, Silva Reina refirió que este programa había brindado ayuda legal, médica y social en forma gratuita a 821 víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en la capital.
Durante la última etapa del gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) e inicio de la administración de Pedro Pablo Kuczynski, el abogado fue director general Para la Seguridad Democrática del Ministerio del Interior (Mininter).
“El Estado me da la posibilidad de crear políticas concretas para que la Policía trate con dignidad a las personas. En el Perú se gestan iniciativas sostenibles, y contribuir a ello me hace crecer como persona, sentir optimismo y satisfacción”, refirió en marzo de 2016 en una declaración a la agencia Andina.
En la actualidad, Silva Reina presta servicios de asesoría en la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es presidido por Jorge Salas Arenas.
En enero de 2023, viajó junto a Salas Arenas a Ginebra, Suiza, para participar en el Diálogo Constructivo ante el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es periplo le costó al Estado peruano US$5.197 por pasajes aéreos y seguro y S/31.868 por viáticos y asignaciones.
Y en junio último, también acompañó al titular del JNE a un viaje que este hizo a Estados Unidos, donde se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
De acuerdo a una resolución en El Peruano, la entidad electoral desembolsó US$3.880 por pasajes y seguro y S/12.952 por viáticos y asignaciones para los dos.
Fuentes cercanas a Salas Arenas indicaron que él no responderá por “asuntos de terceros”, sino solo por sus actos.
Este Diario se comunicó con Silva, pero se excusó de brindar declaraciones sobre la mención que hizo Villanueva a su persona en su declaración ante el Ministerio Público.
Más información
En sus declaraciones difundidas recientemente, Villanueva compromete por lo menos a 9 altos funcionarios, que tienen el beneficio del antejuicio político. Entre estos están la presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, Alejandro Soto.
La Fiscalía de la Nación ha requerido información al respecto para determinar acciones por seguir.