El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo aseguró que no retirará su proyecto de ley que plantea penalizar la denominada “apología al delito” durante situaciones de crisis política y conflictos sociales, pese a las críticas de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que considera que la iniciativa podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
En declaraciones a RPP Noticias, Bravo rechazó que su propuesta pretenda criminalizar la cobertura periodística de protestas y afirmó que está dispuesto a reunirse luego con representantes de la ANP y del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) para explicar los alcances de la iniciativa.
El legislador sostuvo además que recientemente conversó con el decano del Colegio de Periodistas del Perú, Andrés Zúñiga, quien —según relató— le manifestó que no encontraba una vulneración de la libertad de expresión en el proyecto.
Bravo fue enfático al señalar que mantendrá su iniciativa y cuestionó que se interprete como una amenaza contra la prensa. “El proyecto no lo voy a retirar de ninguna manera. Este proyecto no tiene nada que ver con la coacción”, sostuvo.
Según explicó, la propuesta no estaría dirigida específicamente contra periodistas, sino contra personas con capacidad de movilización pública que utilicen cualquier medio de comunicación o plataforma digital para promover o justificar la comisión de determinados delitos.
“Está dirigido a toda persona que tiene capacidad de movilización pública, un funcionario, servidor público, representante, líder y/o dirigente político”, aseguró.
El legislador sostuvo que la iniciativa busca sancionar a quienes, mediante cualquier plataforma, “promueva, señale, justifique, intente legitimar” la comisión de delitos mediante el uso de artefactos explosivos, incendiarios, sustancias peligrosas u otros métodos que puedan afectar la vida de las personas.
“¿En dónde está la libertad de expresión, por el amor de Dios?”, cuestionó Bravo al defender el contenido de su propuesta.
Las declaraciones del legislador se producen después de que la ANP advirtiera que términos utilizados en el proyecto, como “justificar”, “legitimar” o “generar un riesgo”, podrían tener una interpretación amplia y terminar alcanzando contenidos periodísticos protegidos.
El gremio periodístico también cuestionó que el uso de medios de comunicación y plataformas digitales aparezca como agravante y que la iniciativa mencione expresamente a comunicadores y líderes de opinión.
La ANP ha sostenido que informar sobre hechos violentos, reproducir declaraciones, recoger testimonios o cubrir conflictos sociales no equivale a promover la violencia y pidió que cualquier legislación establezca expresamente esa diferencia para evitar efectos de autocensura.
La iniciativa de Bravo también recibió críticas desde su propia agrupación política. La senadora de Renovación Popular Katherine Ampuero cuestionó el proyecto a través de una publicación en X y sostuvo que la lucha contra la inseguridad no debe implicar una ampliación innecesaria del poder punitivo del Estado.
“Defender nuestra tranquilidad y seguridad ciudadana no pasa por ‘sobrepenalizar’ conductas ilícitas que ya se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal como la instigación y la apología al delito”, escribió.
Ampuero advirtió además que una nueva regulación podría terminar afectando la libertad de prensa y de opinión, así como el principio de legalidad, y generar el riesgo de un ejercicio abusivo del derecho por parte de fiscales y jueces.