Más del 50% de los trabajadores, que son candidatos a la vez, pertenecen a Fuerza Popular (35) y a Perú Libre (23). Ambos partidos se han mantenido al frente de la Mesa Directiva. Por ejemplo, Fernando Rospigliosi es el presidente encargado del Poder Legislativo, mientras que Waldemar Cerrón es el segundo vicepresidente desde hace tres años.
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Por detrás de las referidas agrupaciones están Alianza para el Progreso (10), Somos Perú (10), Renovación Popular (7), Juntos por el Perú (7) y Avanza País (6) [ver recuadro].
La alianza Venceremos, que reúne al Nuevo Perú y a Voces del Pueblo, que tienen representantes en el actual congreso en las bancadas del Bloque Popular Democrático y JP-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial tiene a cuatro candidatos. Podemos Perú, de José Luna Gálvez, solamente registra a tres postulantes.
Entre los 105 candidatos figuran 10 que son altos funcionarios en el Congreso. Por ejemplo, Jaime Abensur Pinasco (Fuerza Popular), que postula a diputado por Ucayali, es el director general parlamentario. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo concluyó que infringió la neutralidad electoral por el uso de una cámara del Parlamento en el lanzamiento de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori a fines de octubre.
Abensur, en ese momento, estaba encargado de la Oficialía Mayor del Parlamento y no apeló la decisión del JEE de Pacasmayo.
Fuentes de El Comercio indicaron que el director general parlamentario se encuentra de licencia desde diciembre último.
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Otros altos funcionarios que son candidatos por el fujimorismo son Martha Chávez, jefa del Gabinete de Asesores de la Primera Vicepresidencia del Congreso (que conduce Rospigliosi); Miguel Ángel Torres, jefe de Gabinete de Asesores de la bancada naranja, y Karina Beteta, jefa del Fondo Editorial.
Carina Palacios Quincho, candidata a senadora por Perú Libre, conduce la Oficina de Cooperación Internacional del Parlamento. Precisamente, de esta entidad, hay otros tres funcionarios que intentarán obtener una curul en la cámara de diputados. Estos son Gladiza Gutiérrez Chalco (Ayacucho), Salvador Humpiri Cáceres (Moquegua) y Henry Gonzales Mamani (Tacna).
Además, están Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso), que a la par de su postulación al Senado dirige el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios; y Mario Fernández Garibay (Somos Perú), que candidatea a diputado por Lima, fue director general de administración y desde el 5 de enero se desempeña como jefe del Centro de Modalidades Formativas [ver recuadro].
Por Renovación Popular se encuentra la exprocuradora Katherine Ampuero Meza, que postula al Senado y que es la jefa de Gabinete de Asesores de la bancada celeste.
El bono de las 5 UIT
Fuentes cercanas al Parlamento confirmaron a El Comercio que los trabajadores de ese poder del Estado recibieron, a fines de diciembre, el pago de un nuevo bono. Esta vez por cinco UIT, que asciende a S/26,750.
Las mismas fuentes señalaron que todos los funcionarios del Congreso, excepto los congresistas, recibirán un sueldo adicional, a mediados de enero, por el concepto de “escolaridad”. Esto sin distinción a si tienen o no hijos.
En diciembre, la bancada de Renovación Popular, a través de un comunicado, rechazó la asignación de este bono.
La agrupación celeste consideró que suspender la asignación económica durante las semanas de representación durante la campaña electoral, pero dar un bono “es darle la vuelta a lo ya aprobado”. “Un despropósito en plena necesidad y austeridad”, agregó.
Otras fuentes de este Diario refirieron que el pago de las cinco UIT es “un aliciente” para los aquellos parlamentarios que van a la reelección, pero también para los trabajadores que intentarán acceder a una curul.
Al cierre de este informe, el acuerdo de Mesa Directiva, por el que se aprobó este pago, no está en la página web del Congreso.
El punto de vista
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, sostuvo que el hecho de que sean 105 los trabajadores del Congreso que postulan al Senado, cámara de diputados y Parlamento Andino “demuestra” que en ese poder del Estado “se ha contratado a personas para pagar favores políticos y no a técnicos para mejorar la fiscalización, legislación y representación”.
“Se ha contratado a militantes y no a técnicos, eso es lo grave. En segundo lugar, el Congreso no puede dejar de funcionar, el hecho de que estas personas vayan a pedir licencia [a partir del 11 de febrero] está bien, pero el Congreso debe seguir con sus tareas”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Rospigliosi advirtió que nadie puede garantizar que desde las jefaturas u oficinas congresales que dirigen ciertos militantes de partidos políticos no se vayan a convertir en espacios de proselitismo políticos. “Que no usen las computadoras, celulares, impresoras y demás. Ya hay un antecedente, la cámara usada en el mitin del lanzamiento de Fuerza Popular. Esta preocupación es sólida”, complementó.
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El letrado criticó también el pago de un nuevo bono de S/26,750 y refirió que lo más probable es que parte de este dinero sirva “para financiar la campaña” no solo de trabajadores, sino de algunos congresistas que van a la reelección.
“Hay congresistas que han mochado el sueldo a sus trabajadores, y lo hicieron cuando no había un proceso electoral. ¿Dónde está el contralor que no pone coto a esta entrega de bonos por doquier?”, acotó.
A su turno, el ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes dijo que el alto número de trabajadores que ahora son candidatos revela “el copamiento” del Parlamento “con fines políticos”.
“Esas mismas personas que postulan son las mismas que si no salen elegidas van a regresar al Congreso [como trabajadores], pero a apoyar a los partidos a los que pertenecen y no a la institución”, remarcó.
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En declaraciones a este Diario, Delgado Guembes consideró que, si bien hay 4 mil trabajadores en el Parlamento, la salida en licencia de más de 100 de estos “algún desmedro” en el trabajo de ese poder generará.
Alertó que no existe manera de garantizar que no se vayan a utilizar recursos públicos en la campaña y que la contraloría debe realizar una auditoría preventiva.
Más información
El salario al mes de los 105 trabajadores que postulan al Congreso bicameral y al Parlamento Andino asciende a S/ 1’014.578.
