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La detención de Lozano se llevó a cabo en su vivienda ubicada en el distrito San Borja. Tras esto, fue llevado al Instituto de Medicina Legal en San Isidro, donde pasó el médico legista y control de identidad. Actualmente permanece en la Prefectura de Lima, acatando la medida judicial en su contra que dispone 15 días de detención preliminar.
¿De qué se le acusa? Agustín Lozano es sindicado como líder de la red criminal ‘Los Galácticos’, constituida desde diciembre del 2018 y conformada por 21 personas. Él viene siendo investigado por los presuntos delitos de fraude en la administración, lavado de activos, corrupción, entre otros. Todos estos vinculados al ejercicio como presidente de la FPF, pues valiéndose de su cargo habría coadyuvado para que determinada empresa (1190 Sports) obtenga los derechos de transmisión de la liga de fútbol peruana, y coaccionado a los clubes que se resistían a sumarse al nuevo contrato.
También se le sindica de haber malversado fondos de la FPF con el propósito de llevar de viaje a una delegación de acompañantes de la selección peruana en el marco del repechaje al mundial de Catar 2022, la utilización de las instalaciones de la Videna en favor de terceros, entre otros hechos.
Por su parte, el general PNP Nilton Santos, director de la Policía Fiscal, detalló que la orden judicial de detención preliminar de 15 días es dirigida contra 13 personas en total. Doce de ellas ya fueron detenidas, incluido Agustín Lozano. Asimismo, como parte de las investigaciones se ordenó el allanamiento de 17 inmuebles, 12 de ellos en Lima y 5 en el interior del país (Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco). Las autoridades también allanaron la Villa Deportiva Nacional (Videna).
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En tanto, entre los otros directivos detenidos por caso ‘Los Galácticos’ se encuentran Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal; Gisella Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao; Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marcel Robilliard, exsecretario de la FPF; Humberto Miñán, presidente de la Liga de Tumbes; Norma Alva, operadora de venta de entradas; Fredy Salazar Rondinel, contador de la FPF.
Hechos que se le atribuye
El presunto líder de ‘Los Galácticos’ ha sido imputado en el marco de 14 hechos. Estos se hallan referidos a delitos perpetrados principalmente por integrantes vinculados a la ejecución directa de la disposición del patrimonio de la FPF a terceros, a través del aporte ilegal de dinero a clubes, ligas departamentales; así como por haber gestionado conjuntamente con la Junta Directiva de la FPF una licitación pública en la que existió un conflicto de intereses para favorecer a la empresa 1190 Sports; y posteriormente coaccionar a clubes de la Liga 1 2023.
“Se le atribuye (a Lozano) haber dirigido la realización de licitación pública de derechos de televisión de la Liga 1 2023, generando en dicho proceso un conflicto de intereses para favorecer a la empresa 1190 Sports, pues fue quien en el año 2020 coordinó y contrató con la empresa Prisma para que los asesore en dicho proceso, cuyo representante es Diego Fernando Raffo, primo de Joel Raffo Olcese (presidente de Sporting Cristal), miembro de la comisión de derechos de televisión; siendo ambos primos del representante de la empresa 1190 Sports, Gianella Raffo”, se indica en el documento.
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“Se le atribuye haber suscrito, conjuntamente con el secretario general de la FPF, Jean Marcel Robillliard Ibárcena, el contrato con 1190 Sports, a pesar que tenía pleno conocimiento que en dicho acuerdo existió un conflicto de intereses”, se señala en otra parte del texto.
También se le sindica a Agustín Lozano haber aprobado conjuntamente con la Junta Directiva de los periodos 2019-2021 y de 2022 hasta la actualidad la entrega de aportes no justificados por diversos conceptos a los clubes de la Liga 1, Liga 2, así como a las Ligas Departamentales; destinando así el patrimonio de la FPF en provecho de terceros para fines diferentes a la actividad de una asociación sin fines de lucro.
En ese contexto, se le imputa beneficiar económicamente, especialmente con montos considerables, a los clubes y ligas departamentales en donde sus representantes son parte de la Junta Directiva, lo que denota claramente la diferenciación de aportes entre los clubes, puesto que los mismos difieren entre sí, “lo que acarrea un conflicto de intereses e ir en contra del principio de competitividad entre los clubes del fútbol peruano”.
El presidente de la FPF es acusado también de haber aprobado el traslado de invitados a los encuentros futbolísticos desarrollados por la selección peruana en Barcelona (05/06/2022) y Doha (13/06/2022), como parte del repechaje al Mundial 2022, informando recién – formalmente – tal hecho con posterioridad a su ejecución, conforme a lo consignado en el acta de Junta de Directorio del 02 de julio de 2022.
Además, se le cuestiona a Agustín Lozano haber propuesto y aprobado el día 27 de febrero del 2020, los adelantos de cesión de derechos de televisión para cuatro clubes (Alianza UDH, Carlos Stein, Atlético Grau), los cuales fueron ratificados mediante acta el 18 de mayo del 2020 y luego el 6 de agosto del 2020. Asimismo, haber aprobado y ratificado los adelantos por derechos de transmisión del Club Deportivo Llacuabamba en las actas de fecha 18 de mayo del 2020 y 6 de agosto del 2020. Dichos recursos no habrían sido reintegrados al patrimonio de la FPF.
Viajes pagados: ¿Cómo operaba esta red?
Según la investigación, el accionar de la organización criminal se materializa en los actos extorsivos para tener el control de los derechos de televisión que la FPF pretende apropiarse, derechos que son propios e inherentes de los clubes profesionales de la primera división del fútbol peruano. En ese marco, la FPF convocó a un proceso de licitación para la transmisión de la Liga 1, convocatoria que se realizó pese a la existencia de contratos y cláusulas de preferencia de renovación que los clubes habían realzado con mucha antelación.
La convocatoria se realizó en Chile, pero nadie se presentó como postor. Luego de ello la FPF en vez de declarar como desierta la convocatoria, favoreció a la empresa 1190 Sports, constituida en Chile.
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Por otro lado, durante el mundial Qatar 2022, la presunta organización criminal dispuso dinero de la FPF (aproximadamente un millón 800 mil dólares) para cubrir los gastos del viaje de la selección peruana de fútbol al repechaje y a Barcelona. En ese viaje se pagaron hoteles y demás acciones logísticas para el desplazamiento de comandos técnicos, funcionarios, dirigentes y terceros invitados por el mismo Lozano. Se trata de 142 personas externas a la delegación. Algo que, claramente, es ilegal.
El documento fiscal detalla que en ese entonces Lozano no tenía sus poderes inscritos en la Sunarp ni tampoco su junta directiva, por lo que no podían disponer del patrimonio económico de la FPF, situación que actualmente es investigada por la 2da Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Tercer Despacho, con la Carpeta Fiscal 296-2022.
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“Se tiene preliminarmente que se dispuso dinero de la Federación Peruana de Fútbol, aproximadamente un millón ochocientos mil dólares, teniéndose como data que el 13 de junio de 2022 se jugó en la ciudad de Doha – Qatar, el encuentro entre Perú y Australia, para el repechaje de clasificatorias a dicho mundial, trasladándose para ello, los directivos de la FPF, comando técnico y el plantel de jugadores de la selección mayor. Se tiene como fecha de salida el 28 de mayo del 2022, desde Lima a Barcelona – España, de Barcelona – España a Doha el 10 de junio del 2022 y, su retorno, el 15 de junio de 2022 de Doha a Lima. Además de estas personas, viajaron aproximadamente ciento cuarenta y dos personas, ajenas a la representación directiva y seleccionado, siendo amistades, familiares, representantes de los clubes departamentales y del interior del país, siendo la FPF que hizo uso de recursos propios para solventar la estadía y pasajes de cada uno de los pasajeros”, precisa la disposición fiscal.
Universitario de Deportes, Alianza Lima y Cienciano fueron los clubes que solicitaron a Agustín Lozano rendir cuentas económicas sobre el viaje a Doha, debido a que “efectúan aportes de concepto de taquilla y derechos de televisión, los cuales estarían siendo afectados”.
La Federación Peruana de Fútbol ha estado envuelta en polémica. Del presupuesto gestionado por Agustín Lozano se destinó dinero para cubrir los gastos de viaje de varios invitados al partido de repechaje contra Nueva Zelanda en 2022, el cual resultó en la eliminación de Perú del Mundial. Entre los asistentes se encontraba Luis Sánchez, del restaurante Mi Barrunto.
Implicancias penales
Según el auto de detención preliminar expedido por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del Dr. Richard Concepción Carchuancho, los delitos imputados en contra de Agustín Lozano son 5 en total: organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos. Todos juntos suman hasta 66 años de pena privativa de la libertad.
El abogado penalista Aaron Aleman indicó a El Comercio la pena máxima por cada uno de ellos: 20 años de prisión (artículo 317 del Código Penal), 5 años (artículo 198 del Código Penal), 2 años (artículo 151 del Código Penal), 4 años (art.241-A Código Penal) y 35 años (Decreto Legislativo Nro.1106), respectivamente.
“El proceso a seguirse actualmente contra el Agustín Lozano en esta detención preliminar conllevará a que se puedan realizar las diligencias urgentes e inaplazables que dieron lugar a esta medida por parte de la fiscalía, tales como toma de declaraciones de los sujetos investigados, toma de muestras de reconocimiento de voz, pericias antropométricas, apertura, visualización, análisis y extracción de la información de los equipos móviles de los imputados, entre otros”, detalló.
Ahora bien, una vez culminada la detención preliminar judicial, Aleman señaló que el Ministerio Público tendrá la oportunidad de efectuar un requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses, y para ello el representante de la fiscalía deberá cumplir con acreditar la existencia de graves elementos de convicción del delito, peligro de fuga u obstaculización y un test de proporcionalidad que concluya que esta medida es la idónea y razonable en el presente caso.
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“Es menester destacar que la tesis incriminatoria formulada por el Ministerio Público consiste en que el señor Agustín Lozano sería el líder de una organización criminal constituida desde diciembre del 2018, enquistada en la Federación Peruana de Futbol, y conformada presuntamente por 21 personas destinadas a cometer los delitos antes mencionados, teniendo estos vinculación con la ejecución directa de la disposición del patrimonio de dicha federación a través del presunto aporte ilegal de dinero a clubes, ligas departamentales, así como la coacción de clubes de la Liga 1 2023″, explicó el experto.
Por consiguiente, en una eventual audiencia de prisión preventiva, Aleman resaltó que el Ministerio Público deberá acreditar cada uno de los elementos típicos del delito de crimen organizado (personal, temporal, teleológico, funcional y estructural). Todo ello a efectos de que se pueda declarar fundada la prisión preventiva.
Defensa de Agustín Lozano
“Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, a las personas que confían en mí mucha tranquilidad, espero que se haga justicia, espero que todo se aclare, solo quiero tranquilidad para mi familia y todas las personas que confían en el trabajo que he venido haciendo”. Aquellas fueron las palabras de Agustín Lozano al momento de su detención y en medio de las diligencias.
Por su parte, Walter Dolorier, asesor legal de la FPF, contó que durante una conversación que mantuvo con el directivo en la Prefectura de Lima, este calificó como una “patraña” la situación que viene atravesando y lo que se ha generado. Dijo, además, que considera que todo esto es producto de la “envidia” hacia él por parte de grupos que están “en contra del fútbol nacional”.
“El presidente está tranquilo. Considera que esto es una patraña. Él siempre ha considerado que tiene enemigos en el mundo del fútbol. Pero tiene toda la fe de salir, sabe que va a salir de esto. La parte legal está trabajando y nosotros como consultores estamos encargándonos de todo lo que respecta a la Federación”, indicó Dolorier.
En tanto, su abogada Giulliana Loza sostuvo que la detención efectuada en contra de su representado ha sido completamente “desproporcionada e injusta”, ya que no hubo ningún argumento válido para llevarla a cabo. Agregó que desde que inició la investigación, todo el proceso se ha desarrollado sin impedimento alguno y que incluso el propio Lozano tuvo la iniciativa de facilitarle a la fiscalía toda la información que requerían.
“Han habido tres allanamientos anteriores a la Videna, en los cuales también se han brindado todas las facilidades respectivas, así que no entendemos la razón por la que ahora se solicita el allanamiento de su domicilio”, expresó. Al no estar de acuerdo con la decisión tomada, Loza adelantó que se encargará de apelar.
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Para la abogada, no hay un sustento alguno que pueda demostrar el peligro de fuga de Lozano con el objetivo de no contribuir en el proceso en mención, dando a conocer que en su expediente, el juez señala que “puede pensarse” que podría obstruir la investigación.
“Están especulando totalmente ante una posibilidad sin ningún elemento objetivo, real, cierto y concreto de que hubiera un acto de perturbación a la investigación. Se le ha detenido a pesar de que tiene los arraigos, de que no hay peligro de fuga y a pesar de que la propia fiscalía no ha sido capaz de presentar un elemento que diga que hay un riesgo de obstrucción a la justicia”, finalizó.
