A inicios de diciembre, la ONPE le impuso una multa de 31 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 159.650, por una infracción muy grave: no presentar a tiempo su Información Financiera Anual correspondiente al año 2022. El plazo para cumplir con esta obligación venció el 3 de julio del 2023.
La resolución, firmada por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y fechada el 5 de diciembre, permite una reducción del 25% en la multa si el partido cancela el monto antes de que venza el plazo para impugnar la medida administrativamente. Además, la agrupación tiene la opción de solicitar el fraccionamiento del pago.
No obstante, el presidente del partido, Julio Chávez Chiong, adelantó a El Comercio que impugnarán la resolución.
ESTA ES LA RESOLUCIÓN DE LA ONPE:
Fundamentos de la sanción
Chávez explicó a El Comercio que la multa fue consecuencia de no declarar los gastos de la campaña electoral del 2021. Según precisó, la omisión ocurrió durante un período de conflicto interno en el partido.
“[Fue] en el período que teníamos problemas con las dirigencias del partido y como consecuencia no validaban a nuestros representantes. Yo, como secretario general, acredité a un tesorero que presentó la declaración, pero luego [Edmundo] Del Águila lo desconoció y se tuvo como no presentada”, dijo.
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La ONPE determinó que la información presentada inicialmente el 23 de junio del 2023 era inválida porque no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la normativa. En particular, carecía de la firma de un tesorero inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). En ese momento, Acción Popular no tenía un tesorero oficialmente reconocido.
Aunque el partido presentó documentos con la firma de un tesorero designado, este no contaba con el respaldo legal necesario. La ONPE otorgó oportunidades para subsanar las irregularidades y validar la información financiera, pero el partido no logró cumplir con los requerimientos.
La ONPE subrayó que es responsabilidad de cada organización política seleccionar y capacitar a sus miembros directivos, así como garantizar la custodia de su información financiera. Además, destacó que la falta de un tesorero inscrito en el ROP hasta el 31 de enero del 2024 evidenció una presunta falta de diligencia por parte del partido.
Actualmente, la tesorera nacional titular de Acción Popular es Gudelia Dueñas Gameros, contadora pública, excandidata al Congreso y exasesora parlamentaria.
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Argumentos desestimados
Acción Popular argumentó ante la ONPE que el ex secretario general nacional, Edmundo del Águila Morote, desconocía los detalles de la gestión anterior, ya que fue inscrito en su cargo recién el 25 de septiembre del 2023. Además, responsabilizó a un exdirectivo de actuar de manera irresponsable al no entregar la información necesaria tras concluir su período.
El partido también alegó que antes del 2023 no contaba con una inscripción válida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que impidió que su tesorero fuera formalmente reconocido. Según la agrupación, este problema fue subsanado recién en julio del 2023, cuando obtuvieron el reconocimiento oficial.
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Sin embargo, la ONPE desestimó estos argumentos. Indicó que la sanción no se debió a la falta de validación de un directivo, sino al incumplimiento de presentar documentación válida. Además, precisó que Acción Popular está inscrita en el ROP desde el 4 de agosto del 2004, por lo que la ausencia de un tesorero con poderes vigentes fue una responsabilidad exclusiva del partido.
La ONPE también enfatizó que no puede aceptar documentos sin verificar su validez y que Acción Popular estuvo un tiempo considerable sin un tesorero designado y luego sin uno inscrito. Este factor, según el ente electoral, agravó la situación y demostró una falta de diligencia institucional.
Un 2024 convulso
Acción Popular obtuvo 16 escaños en el Congreso en las elecciones generales del 2021. No obstante, sufrió cambios por renuncias y expulsiones de algunos de sus miembros en lo que va del período parlamentario.
Seis congresistas renunciaron a la bancada original del partido en julio pasado y crearon una nueva bancada con el mismo nombre. Estos son Elvis Vergara, Wilson Soto, Marleny Portero, Ilich López, Raúl Doroteo y Luis Aragón. A ellos se sumaron tres congresistas que habían renunciado en agosto pasado: Carlos Enrique Alva, Juan Carlos Mori y Silvia Monteza Facho.
Con ello, la bancada original se quedó sin la cantidad de integrantes mínima para existir, que es de cinco. Solo dejaron en ella a Darwin Espinoza, quien fue expulsado del partido, Jorge Flores y Luis Cordero Jon Tay. Este último ingresó al Poder Legislativo con el fujimorismo.
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Aquella vez, fuentes del partido señalaron que la medida buscaba “unificar” a la bancada en un solo bloque, que esté “alineado” a la nueva dirigencia del partido de la lampa, bajo la gestión de Julio Chávez.
No obstante, recientemente la dirigencia solicitó a su bancada que no respalde la segunda votación sobre la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores y la eliminación de los movimientos regionales. Pero el pedido no fue considerado por cinco congresistas de la agrupación. Estos fueron Luis Aragón, Elvis Vergara, Silvia Monteza, Juan Carlos Mori y Marleny Portero, quienes votaron a favor.
Por otro lado, la congresista María del Carmen Alva, militante de Acción Popular, se ha negado a volver a la bancada y permanece como no agrupada.
Aunque Chávez dijo que por ello se le abriría un proceso disciplinario, ella aseguró recientemente a El Comercio que no enfrenta ningún proceso en su contra. Agregó que los integrantes del Comité Político del partido han entendido su decisión de mantenerse alejada de la bancada.
De cara a las elecciones generales del 2026, entre las cartas del partido para la Presidencia de la República estarían Víctor Andrés García Belaunde, Alfredo Barnechea, Manuel Merino y Raúl Diez Canseco.
