El abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, acusó a la fiscalía y al Poder Judicial de haber “forzado” el delito de colusión en la sentencia contra el expresidente por el caso Interoceánica y aseguró que ese será uno de los principales argumentos que usarán en su apelación.
En declaraciones a RPP este 26 de octubre, el abogado dijo que los otros delitos que se le podían haber imputado a su defendido como instigación al delito o cohecho ya habían prescrito para el año 2017, cuando apareció el caso Lava Jato, lo que motivó a que el Ministerio Público busque el delito de colusión.
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“La fiscalía coge el tipo colusión que tiene una pena más severa de 15 años que se duplican por ser delito contra el patrimonio, y han forzado esta figura a pesar de que la defensa inicialmente presentó deducción de improcedencia”, manifestó.
En esa línea, Roberto Su coincidió con los argumentos de otros sentenciados por este caso como Alberto Pascó-Font, ex funcionario de Pro Inversión, que fue sentenciado a 9 años de prisión por colusión junto a Toledo Manrique por este caso.
“El fiscal no ha probado en juicio que haya existido irregularidades en el proceso, por lo tanto no hay forma de condenarlos más allá que sean sujetos activos”, indicó Su en alusión a los integrantes de Pro Inversión incluidos en la condena.
Este y otros argumentos, como su versión de que un mandatario no puede ser acusado por actos funcionales, serán usados en la apelación que ya adelantó presentarán ante el Poder Judicial.
“No es posible condenar al señor Toldo por colusión. Es un delito especial de infracción en donde debe haber, se requiere, que el funcionario público esté en contacto directo con la representación del Estado y se ponga en contacto con un particular y defraude, y el presidente de la República no tiene esa función constitucional ni legal”, aseveró.
Roberto Su precisó que esperarán el íntegro de la sentencia por el caso Interoceánica el 31 de octubre para leer todos los argumentos y poder elaborar su apelación formal. Sin embargo, insistió en que los jueces de la primera instancia han incurrido en errores al tipificar los delitos.
“Los jueces consideran que de acuerdo a la Constitución el presidente Toledo y en general el presidente de la República representa a la Nación, administra la hacienda pública y es el responsable de todo lo que ocurre. Ese es el razonamiento que han dado los jueces y eso es un error”, resaltó.
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Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión efectiva por colusión y lavado de activos por el favorecimiento a la empresa Odebrecht en la licitación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur durante su gobierno, entre los años 2004 y 2005.
La sentencia estuvo a cargo del Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, el cual resolvió que el expresidente recibió más de US$ 30 millones de Odebrecht, a través del fallecido Josef Maiman, a cambio de direccionar las obras.
