El Instituto Peruano de Economía (IPE) calcula que, solo entre el 2021 y el primer trimestre del 2023, el costo económico de la producción minera perdida por la conflictividad social alcanzó los S/. 7.440 millones, considerando la afectación al PBI, al empleo y a la recaudación.
“El número de conflictos de este tipo se explica por la expansión del mercado de la industria extractiva minera, que ha tenido en los últimos treinta años ciclos de gran producción. Esta expansión puso en contacto a empresas nacionales y extranjeras con comunidades o poblaciones en general, cuyas visiones del territorio y del desarrollo eran distintas”, explica Rolando Luque, consultor en conflictividad social.
El experto afirma que el Estado no siempre ha cumplido eficientemente su rol de mediador para garantizar que se consideren los intereses y derechos de las partes. Según explica, las mesas de diálogo han prestado una importante contribución al tratamiento de las demandas sociales, pero “su eficacia depende de factores como la oportunidad de su instalación, la habilidad del facilitador, la confianza de las partes o el cumplimiento de los compromisos”. Sin embargo, asegura Luque, “es un error creer que estos conflictos solo se pueden abordar con diálogo”.
El exviceministro de Gobernanza Territorial Paulo Vilca menciona que “las mesas de diálogo suelen aparecer cuando ya existe el conflicto, en lugar de tener carácter preventivo”. Además, precisa que en estas se presentan muchas demandas, lo cual alarga los procesos de resolución de los conflictos.
“Las mesas de diálogo son vistas como una oportunidad de obtener atención para necesidades que de otra manera serían ignoradas, De modo que empiezan con gran expectativa, pero las soluciones planteadas se darán de forma muy lenta, porque el Estado dilata todo, lo que provoca incumplimientos y pérdida de confianza”.
Vilca sostiene que “estamos ante un problema complejo, multidimensional y con una respuesta del Estado muy deficiente que tiene un impacto social grande”.
