Español
English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
El IPE analiza los desafíos y avances: preocupan cifras en salud, educación, seguridad y turismo, que contrastan con una mayor inclusión financiera y el control de la inflación. Destaca el incremento de 72% en la tasa de homicidios entre 2019 y 2024.
Retos laborales
La paralización económica y el confinamiento afectaron a la generación de empleos de calidad y el nivel de ingresos de la población. Aunque los salarios reales y el empleo adecuado se están recuperando, en Lima Metropolitana aún se ubican 4,4% y 5%, respectivamente,por debajo de los niveles prepandemia. Eso equivale a una pérdida de poder adquisitivo de casi S/97 y 169 mil empleos adecuados aún por recuperar.
Pobreza, anemia y desnutrición
La pandemia, la crisis económica y el menor dinamismo de la inversión privada revirtieron el ritmo de reducción de la pobreza. En el 2023, 3,3 millones de personas que ingresaron a la pobreza en 2020 permanecen en esa condición. Esta situación afectó el consumo de alimentos nutritivos de las familias más vulnerables, elevando la anemia infantil de 40,1% a 43,1% entre 2019 y 2023. Aunque hubo una ligera reducción de la desnutrición crónica, esta se elevó en nueve regiones. Según el Banco Mundial, con un crecimiento de 3%, el país tardará dos décadas en retomar el nivel de pobreza de 2019.
Rezago educativo
El cierre prolongado de escuelas provocó pérdidas de aprendizaje que aún no se recuperan. Según el Minedu, el porcentaje de estudiantes de primaria con rendimiento satisfactorio en matemáticas cayó de 17,0% en 2019 a 11,2% en 2023. En secundaria, el desempeño satisfactorio en matemáticas se redujo en 22 de las 25 regiones, con una caída a nivel nacional de 17,7% a 11,3%. Además, a pesar de la virtualización como estrategia para la continuidad escolar, el acceso a Internet en colegios también disminuyó. Por ejemplo, de 49,1% a 43,9% en primaria entre 2019 y 2023.
Problemas de salud
La pandemia expuso y agravó las deficiencias estructurales del sistema de salud, especialmente en la disponibilidad de medicamentos, equipamiento y personal. Ante el desabastecimiento en los establecimientos públicos, los hogares aumentaron su gasto de bolsillo en salud como porcentaje de sus ingresos. En el quintil más pobre pasó de 12,5% a 15,2% entre 2019 y 2023, y resulta 12 veces mayor que en el quintil más rico.
Las limitaciones en el acceso a servicios médicos y la escasez de recursos siguen afectando a los sectores más vulnerables. Como consecuencia, la proporción de personas que buscaron atención en farmacias al enfrentar un problema de salud aumentó de 26% a 31% entre 2019 y 2023. Esta situación impacta especialmente a la población afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS). Este seguro cubre al 70,8% de los peruanos y debería ofrecer tratamiento integral gratuito.
Turismo demorado
El turismo fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia y su recuperación sigue rezagada. La llegada de visitantes internacionales aún es 26% menor que en 2019, afectando la afluencia a los sitios turísticos. Por ejemplo, en 2024, Machu Picchu recibió un 5% menos visitantes que en 2019, es decir, casi 73 mil turistas menos. Además, el ingreso de divisas por turismo receptivo como porcentaje del PBI sigue 19% por debajo del nivel prepandemia y hay aún 145 mil empleos turísticos que recuperar. Para revertir esta situación, se requiere mayor promoción, mejoras en infraestructura y mayor seguridad para los visitantes.
Indisciplina fiscal
Tras la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 debido a la crisis económica y sanitaria, las crecientes presiones de gasto y la contracción de ingresos han debilitado la disciplina fiscal. En 2024, el déficit cerró en 3,6% del PBI, la cifra más alta en 31 años (excluyendo la pandemia) y por encima del límite de 2,8%. El IPE proyecta incumplimientos también en 2025 y 2026, dificultando alcanzar un déficit de 1% en 2028. Esto erosiona la credibilidad fiscal, afecta la confianza de los agentes económicos y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Crimen y economías ilegales
En los últimos cinco años, el narcotráfico y la minería ilegal han crecido sin control efectivo, afectando la seguridad pública y el desarrollo económico del Perú.
Según Devida, la superficie cultivada con hoja de coca aumentó 69% entre 2019 y 2023, alcanzando las 93 mil hectáreas, el nivel más alto en 28 años. Por su parte, el IPE estima que la producción ilegal de oro en 2024 fue 39% mayor que en 2019 y representó casi la mitad de las exportaciones de oro del país. Sin embargo, el presupuesto para combatir el narcotráfico y la minería ilegal se redujo un 18% y 34% en términos reales, respectivamente, debilitando la capacidad del Estado para enfrentarlas.
El auge de estas actividades ilegales ha ido acompañado de un aumento de la criminalidad. La tasa de homicidios en el país pasó de 3,5 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 6,0 en 2024 (+72%), con un incremento mayor en regiones con alta presencia de minería ilegal. En Madre de Dios y La Libertad, los homicidios aumentaron en 6,5 y 6,1, respectivamente, más del doble del incremento del promedio nacional.
El crecimiento del crimen y las economías ilícitas amenazan la seguridad, y erosionan la institucionalidad y el desarrollo económico. Para revertir esta tendencia, se requiere liderazgo para fortalecer la fiscalización, incrementar la erradicación y destinar más recursos a combatir estas actividades.
Inclusión financiera
La pandemia aceleró el uso de billeteras digitales y las compras por Internet, lo que impulsó la inclusión financiera. Así, los usuarios que usan Yape se multiplicaron por 5 entre 2020 y 2024, alcanzando al 49% de la población de 15 años a más. En algunas regiones el incremento fue mayor: en Pasco se multiplicó por 27, alcanzando al 55% de esta población. En tanto, las ventas de e-commerce a nivel nacional crecieron en US$ 9 mil millones entre 2019 y 2023 (+21%).
Inflación quedó atrás
La disrupción de las cadenas logísticas y los conflictos geopolíticos desataron una ola inflacionaria global. Sin embargo, ello se controló en el Perú: la inflación pasó de 8,8% en junio de 2022 a 1,7% en promedio durante 2025, gracias a la política del BCRP. En contraste, Brasil (4,7%), Colombia (5,4%), México (3,7%) y Chile (4,8%) registran cifras mayores.
