Ventanilla forma parte de los 14 distritos declarados en estado de emergencia por las extorsiones. Es el único distrito del Callao considerado en el decreto dado por el gobierno. A una semana de iniciarse el régimen excepcional, el alcalde Jhovinson Vásquez considera que se trató de una reacción sin contar con un plan articulado con las autoridades locales. Como prueba de su análisis, el burgomaestre chalaco apunta a que las Fuerzas Armadas solo participaron de los patrullajes durante el primer día del estado de emergencia.
―La declaratoria del estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao cumple su primera semana. ¿Qué resultados se han conseguido en estos primeros días?
Más allá de un estado de emergencia, se trata de un decreto dado por la presión del sector transporte por el tema de la extorsión. Se dio la presión, y la respuesta fue esta disposición. No se han realizado acciones, ni planes, ni estrategias sobre las cuales podamos, nosotros como gobierno local, ayudar a la Policía Nacional a poder cumplir con esta disposición.
―Se supone que esta disposición apunta a reforzar la labor de patrullaje. ¿Cómo se han venido dando estos operativos?
Ni bien se dispuso el estado de emergencia, hemos coordinado con la Policía Nacional y con los transportistas, tanto de vehículos mayores como menores, para redoblar la seguridad y también pedirles que, ante cualquier acto delincuencial, de manera inmediata puedan articular con nuestros jefes zonales de serenazgo. En lo que respecta a operativos, los estamos realizando de manera permanente solo con la Policía, porque las Fuerzas Armada solo aparecieron el primer día del estado de emergencia. Solo aparecieron el primer día que salió el decreto dado por el gobierno, y luego brillaron por su ausencia.
―¿Les han explicado a qué se debe que las Fuerzas Armadas solo hayan permanecido durante el primer día?
No me ha indicado motivos. Solo ya no enviaron efectivos. He pedido una reunión con el ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para poder preguntarles cuál va a ser su aporte. La normativa dice que, para el apoyo al orden interno, saldrán las Fuerzas Armadas.
―¿Qué labores realizaron los efectivos de las Fuerzas Armadas durante el primer día del estado de emergencia?
Hicieron un operativo en diferentes sectores, pero no en todo el distrito, y solo fue hasta las 11 de la noche del día sábado. Luego de eso, solo estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional.
―¿Se puede hablar de mejoras en la percepción de seguridad con el estado de emergencia y estos operativos?
Los operativos sí son constantes de nuestra parte. Ayer [miércoles] participé en uno donde se logró capturar motos informales, autos con lunas polarizadas, y personas con requisitorias. Hemos estado haciendo control de identidad, subiendo a los microbuses, también orientando a los vecinos que no puedan trabajar de manera informal, y que si ven algún acto delincuencial o conocen algún tema de extorsión, que lo denuncien.
―¿En Ventanilla cómo son los índices de extorsión?
Debo decir que en Ventanilla no es que la seguridad se esté desbordando. El estado de emergencia responde a la coyuntura de la extorsión a transportistas, donde dos de las empresas afectadas tienen su paradero en Pachacútec, ubicado en Ventanilla. Pero la extorsión no ha sido en Ventanilla, han ocurre en sus oficinas administrativas, una en San Juan de Lurigancho y la otra en Huachipa.
―Entonces, ¿considera que se decretó este estado de emergencia de manera apresurada?
Por supuesto que sí. No se realizo una consulta ni coordinación con los alcaldes de los distritos. Parece que ni siquiera se han revisado los índices que maneja la Policía Nacional. Las estadísticas que ellos manejan arrojan que en Ventanilla ha ido disminuyendo el tema delincuencial. Por ejemplo, no hay sicariato en Ventanilla.
―¿Duda que vaya a tener mayores resultados?
Se trata de una medida sin estrategia, sin plan de acción por parte de las entidades, tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas.
―Ya me dijo que ha solicitado reunión con el ministro de Defensa. ¿Se ha reunido con el ministro del Interior?
Hace una semana, aproximadamente. Nos indicó que iba a aumentar efectivos policiales, pero por el momento no podía concretar eso porque los estaba enviando a diferentes sectores del país. No tiene presupuesto, por lo que solo podemos implementar los lineamientos y las estrategias que tenemos con el serenazgo y la Policía Nacional.
―¿Eso quiere decir que tampoco les darán recursos para la seguridad ciudadana? En el estado de emergencia de 2023, los distritos involucrados sí recibieron partidas presupuestales.
Hasta este momentos, no nos han indicado si nos transferirán recursos o no. A través de los recursos propios de la municipalidad, he podido comprar 50 motos lineales y cinco camionetas adicionales para el patrullaje, tanto integrado y motorizado. Las camionetas se suman a las 40 con las cuales contamos, sumando 45 en total, a disposición de las tres comisarías que existen en Ventanilla. Las 50 nuevas motos están llegando en la quincena de octubre.
―¿El ministro del Interior les explicó cuál era el plan del gobierno frente a la ola de delincuencia?
[El ministro] Indicó era que iban a hacer operativos de manera inopinada, que ellos tenían ya mapeado este donde iban a golpear. Pero, hasta la fecha, nosotros hemos venido realizando el trabajo junto a las tres comisarías del distrito.
―¿Cuál debería ser el siguiente paso a dar por parte del gobierno? Porque el estado de emergencia es una medida con fecha de caducidad. ¿Qué viene después?
Tomar como ejemplo a otros países que han podido combatir la inseguridad y reducir los índices de criminalidad. Hace poco estuve en Medellín, Colombia, y hay cosas que se pueden rescatar. También las medidas que ha implementado el presidente Nabyib Bukele de El Salvador.
―¿Qué medidas de Bukele rescataría para el país?
Empezaría por el tema de los centros penitenciarios. Los sicarios deberían estar en cárceles de alta peligrosidad. Deberían trasladarlos a Challapalca, y cortar todas las redes de operadoras telefónica en ese sector, porque todos sabemos que muchas de las extorsiones salen de llamadas desde los mismos penales.
―El Congreso ha iniciado el debate sobre la creación del denominado “terrorismo urbano”. ¿Cree que esta medida pueda aportar en algo?
La población no entiende el significado de esta propuesta. ¿Qué es terrorismo urbano? Y lo que había escuchado es que se estaba cambiando por “criminalidad sistemática”.
―Se propuso ese cambio, pero al final terminaron regresando a la figura de “terrorismo urbano”. El debate quedó en cuarto intermedio en el pleno del Congreso.
Más allá del nombre que le pongan, los congresistas deben poner penas más severas. Más allá de eso, la ley por sí sola no va a funcionar, pues se requiere de una estrategia integral, porque tenemos delincuentes que no le temen a las leyes. Solo una estrategia integral nos va a llevar a tener un mayor resultado que se traduzca en la percepción para que la ciudadanía se sienta segura.
―¿El gobierno y el Congreso están articulando con los gobiernos locales para la seguridad ciudadana? Por su respuestas, pareciera que no existe una articulación y cada quien solo busca aparecer en la foto.
Bueno…Se tiene que realizar un trabajo conjunto. El Congreso debe acercarse más a los gobiernos locales y tomar en cuenta las opiniones de los alcaldes y sus equipos. Acá tenemos mapas del delitos e indicadores que les piden ayudar a tomar mejores decisiones.
―Es decir, existe el ánimo de decir que están haciendo algo con leyes, pero en el fondo no están haciendo nada productivo.
La percepción de la población, y de nosotros que somos autoridades que representamos a nuestros distritos, es que no existe articulación entre algunas autoridades. No son todas, porque sí debo destacar el trabajo del Ministerio de Vivienda que acaba de viabilízar un proyecto de agua y desagüe que va a generar desarrollo a Ventanilla. Por el contrario, el ministro de Economía aún no nos presenta su planteamiento para ayudar a los gobiernos locales que están atravesando problemas económicos y corren riesgo de no poder cumplir con los servicios ante sus vecinos.
