Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Desde su detención, la tarde del 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo y su aliados han empleado diversos mecanismos para lograr la impunidad. No solo por perpetrar un Golpe de Estado; sino también para quedar libre de presuntas acusaciones de crimen organizado y corrupción durante su gestión.
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Sumado a ello, los S/20 mil encontrados en Palacio de Gobierno, en un baño de la oficina del entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco, mano derecha del exmandatario dieron inicio al Caso Ascensos. Pacheco, en colaboración eficaz, señaló que el dinero era parte de ‘coimas’ pagadas al exgobernante por militares y policías que buscaban ascender en sus puestos.
Sin embargo, luego de un año y medio de gestión, para evitar que se debatiera un tercer pedido de vacancia en su contra -justamente por los presuntos hechos irregulares denunciados sobre su gestión- el 7 de diciembre del 2022, Castillo Terrones perpetró una conspiración para dar un golpe de Estado. Rebelarse contra el sistema democrático, según lo determinó la justicia en el 2025.
Su proceder inconstitucional e ilegal quedó plasmado en el mensaje presidencial que emitió en vivo y en directo, anunciando la disolución del Congreso, la aplicación de un “gobierno de excepción” y ordenando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que intervengan las instituciones constitucionalmente autónomas.
Pedro Castillo y sus exministros son investigados por organización criminal y otros delitos
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Luego de leer su mensaje presidencial y conocerse que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acatarían su disposición, Castillo Terrones abandonó Palacio de Gobierno rumbo a la Embajada de México en Lima.
La gravedad de lo que buscaba hacer el exmandatario generó que, en paralelo, el Parlamento declarase su vacancia por su incapacidad moral permanente.
Fue entonces que, a poco de llegar a su destino, el vacado exgobernante fue capturado por la Policía Nacional y puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación que solicitó su detención preliminar. El Poder Judicial, con fecha 15 de diciembre, ordenó la prisión preventiva.
Posteriormente, en diciembre del 2025, la justicia concluyó que el vacado funcionario fue legalmente detenido al estar incurso en “flagrancia delictiva” al haber conspirado para subvertir el orden democrático. Así lo estableció la Sala Penal Especial al momento de condenarlo a 11 años de cárcel, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión.
“No existe duda que la situación y contexto de la intervención de [Pedro] Castillo Terrones, fue de flagrancia delictiva.”
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Posteriormente, en marzo del 2023, la justicia también dictó su prisión preventiva por los casos de presunto crimen organizado y corrupción. La medida fue ampliada hasta marzo del 2027.
Los mecanismos para eludir a la justicia
Pedro Castillo Terrones y sus aliados han usado diversos mecanismos, entre recursos judiciales y constitucionales y por la vía política, para tratar de anular no sólo la condena que se le impuso por subvertir el orden constitucional y quedar en libertad; sino también sus otros procesos judiciales en curso.
Recientemente, El Comercio informó que Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo y diputada de Juntos por el Perú (JP) ha requerido al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional (PNP) información sobre el operativo que se ejecutó para la detención del esposo de su hermana Lilia Paredes.
La información que solicitó la funcionaria -a quien Castillo Terrones llamaba “hija”- incluye planes de operaciones, documentos policiales internos y la lista de todos los efectivos policiales que participaron en los diversos momentos que llevó a la detención del golpista.
YENIFER PAREDES PIDE AL MININTER Y PNP INFORMES SOBRE DETENCIÓN DE PEDRO CASTILLO TRAS EL GOLPE DEL 7 DE DICIEMBRE DL 2022.
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Cabe recordar que la detención de Castillo Terrones ya ha sido ampliamente tratada por la Corte Suprema (por ejemplo, a través del recurso apelación N.° 248-2022/SUPREMA), que declaró legal la intervención en flagrancia del exfuncionario el 7 de diciembre del 2022 y su posterior detención preliminar días y prisión preventiva.
Ello, sin dejar de lado un sinnúmero de recursos interpuestos por los diversos abogados que apoyaron a Castillo Terrones, que buscaban desestabilizar el proceso judicial por el golpe de Estado, que finalmente fueron rechazados.
Por ello, al no lograr sus objetivos ante la justicia, ahora, desde la Cámara de Diputados del Congreso Bicameral, las bancadas parlamentarias de Juntos por el Perú (JP) y Obras, buscan que los delitos perpetrados por Pedro Castillo queden impunes.
Por ello, usando la vía política, presentaron un Proyecto de Ley denominado “Proposición Legislativa que concede amnistía por hechos vinculados a la crisis política y social desde el 28 de julio de 2021 y garantiza los derechos de las víctimas”.
La propuesta legislativa, que tiene nombre propio, “tiene por objeto conceder amnistía” a todos los que participaron del Golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Es decir al mismo Castillo Terrones que, según la justicia peruana, buscó subvertir el orden constitucional.
“Se concede amnistía por los hechos consistentes en los actos previos o preparatorios, la elaboración, redacción, lectura, difusión, refrendo, acompañamiento o ejecución administrativa del discurso emitido el 7 de diciembre de 2022 por el entonces presidente de la República, Pedro Castillo Terrones (…)”
La impulsora de la propuesta es la diputada Catherin Palomino, quien recientemente se ha visto envuelta en diversos denuncias por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores y por colocar en su despacho a personal recomendado por el golpista Pedro Castillo.
La propuesta legislativa se encuentra actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuya presidenta es precisamente Palomino Casavila, la amiga de Castillo Terrones.
Catherin Palomino y Pedro Castillo
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Otros mecanismos que fueron continuamente utilizados por Pedro Castillo y sus allegados fueron el “Derecho de gracia” e “Indulto humanitario” solicitados al Ejecutivo, durante los gobiernos de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.
Los pedidos buscaban que el sentenciado sea excarcelado y también anular la condena que se le impuso por el Golpe de Estado.
De acuerdo al Ministerio de Justicia, desde enero del 2023 hasta julio del 2026, fueron 17 pedidos de indulto y derecho de gracias requeridos por el mismo exgobernante y por terceros.
Precisamente, una de las personas que presentó una solicitud de “Derecho de Gracia Presidencial” a favor del golpista fue la diputada de Juntos por el Perú (JP), Svieta Fernández.
Según el documento al que accedió El Comercio, el 4 de julio del 2026, Fernández González remitió la CARTA N.º 001-2026-SF en calidad de Diputada de JP por Tacna, hacia el entonces presidente José María Balcázar.
“Me dirijo a usted, en mi condición de Diputada electa de la República y con el mayor respeto a su investidura, para expresar una preocupación que recojo de miles de ciudadanos y ciudadanas respecto de la situación del profesor José Pedro Castillo Terrones, privado de su libertad desde diciembre de 2022 (…) solicito que se otorgue la gracia presidencial al profesor José Pedro Castillo Terrones, como un acto de humanidad, justicia y reconciliación nacional”
Tanto el pedido de Svieta Fernández, como los de Castillo Terrones y otras personas, fueron rechazados por la Comisión de Gracias Presidenciales.
DIPUTADA DE JUNTOS POR EL PERÚ (JP), SVIETA FERNÁNDEZ, SOLICITÓ EL DERECHO DE GRACIA PARA PEDRO CASTILLO.
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Pero los mecanismos políticos no han sido los únicos usados de manera reiterada por Castillo Terrones y sus allegados.
Desde su detención, el 7 de diciembre del 2022, el exmandatario ha buscado anular no sólo su proceso por el Golpe de Estado; sino también sus procesos por presunto crimen organizado y corrupción ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Desde el 2023 hasta julio del 2026, el Tribunal Constitucional había emitido 26 sentencias rechazando pedidos para excarcelar al sentenciado golpista.
En lo que va del 2026, otras seis demandas de hábeas corpus a favor del golpista han ingresado al TC y están pendientes de resolverse.
PEDRO CASTILLO Y LOS RECURSOS A SU FAVOR QUE INGRESARON ANTE EL TC EN EL 2026
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En el Poder Judicial no existe una cifra exacta. No obstante, en diciembre del 2023, el PJ informó que solo en el proceso por el Golpe de Estado, desde que fue intervenido y detenido un año antes, Castillo Terrones y sus abogados habían presentado 20 recursos buscado su excarcelación y cuestionando el proceso judicial a través de tutelas de derecho, cuestiones previas, recursos de excepción de improcedencia de acción (pedidos de archivo de delitos) y todos fueron desestimados.
Precisamente, en la Corte Suprema se encuentra pendiente de ser resuelto el recurso de apelación presentado por Pedro Castillo para anular la condena de 11 años 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad, que se le impuso por el Golpe de Estado.
El 22 de octubre del 2026, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema concedió el recurso de apelación a Castillo Terrones y sus cosentenciados.
En su resolución, el colegiado rechazó un pedido de Juan Walter Sifuentes Bustillos, uno de los abogados de Castillo Terrones, quien buscaba introducir como elemento de prueba la Opinión N.° 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (Organización de las Nacionales Unidas) a favor del sentenciado exgobernante. Dicha opinión, que fue solicitada por sus abogados al grupo consultivo, ya fue rechazada en otras instancias judiciales.
Además, según la Sala Suprema, no tenía la firma del recurrente Castillo Terrones y se determinó que el citado abogado no estaba acreditado en este proceso.
En el documento judicial que admite a trámite la apelación, el Tribunal Supremo también requirió a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público, que remita un informe precisando la fecha, disposición fiscal y bajo qué fundamento, en su momento, el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria. También requirió al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria precisar si se ha emitido resolución en la etapa intermedia o en investigación preparatoria sobre el mencionado delito.
CORTE SUPREMA PIDE INFORMACION SOBRE EL DELITO DE CONSPIRACIÓN PARA LA REBELIÓN
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En los próximos días, el colegiado deberá señalar fecha para la audiencia pública donde evaluará la apelación de Castillo Terrones, quien busca anular la sentencia que cumple en el Penal de Barbadillo (Ate).
En este proceso, junto al golpista también apelaron la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en México, el exasesor de la PCM, Aníbal Torres, y el exministro del Interior, Willy Huertas. El Ministerio Público, por su parte, también apeló la absolución de los exintegrantes de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón.
Recientemente, a través de un resolución del 16 de octubre del 2025, el Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó un pedido de Castillo Terrones y sus abogados para que se revoque su prisión preventiva por el caso de crimen organizado y corrupción.
En dicho expediente está incluido el caso Petroperú, Puente Tarata-Provías Descentralizado-Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Con ello, el vacado exmandatario continuará cumpliendo prisión preventiva, por este caso de presunta organización criminal y corrupción, hasta marzo del 2027.
En abril del este año, el Poder Judicial ya había rechazado otro de los diversos pedidos del vacado exmandatario para que se anule su proceso judicial por presunto crimen organizado y corrupción. En el 2022 y 2024, el PJ ya había rechazado pedidos similares.
“Se imputa a Castillo Terrones (expresidente de la República), ser presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, modalidad organización criminal, de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de niveles de acuerdo a una figura piramidal; organización que habría estado enquistada en el aparato estatal.”
Otro de los casos que se encuentra pendiente, esta vez ante la Cámara de Diputados del Congreso Bicameral, es la denuncia constitucional (DC)contra el vacado Pedro Castillo, por el denominado Caso Ascensos.
Castillo Terrones fue denunciado ante el Parlamento por presuntamente haber realizado cobros para que oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sean ascendidos a diversos rangos.
Cabe precisar que el informe final que elaboró la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda formar causa penal en contra del exgobernante, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio.
Con 109 votos a favor se aprobó derogar la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. (Foto: Captura de Canal N)
El documento también recomienda formar causa penal contra Walter Ayala, exministro de Defensa de Castillo Terrones, por su presunta intervención en las irregularidades. En su caso, la DC vence el 15 de noviembre.
La aprobación de la DC por parte del Congreso es necesaria debido al antejuicio presidencial que le asiste al procesado, por un espacio de cinco años, tras haber sido vacado en el cargo; de tal forma que el Ministerio Público pueda judicializar el proceso.
A fines de octubre la Cámara de Diputados decidió suspender el debate del caso a pedido de la defensa del sentenciado.
Si el informe no recibe el respaldo de la mayoría de integrantes de la Cámara de Diputados, la DC será enviada al archivo y Castillo Terrones no responderá a la justicia por este caso.
Natale Amprimo, abogado constitucionalista, sostuvo que Pedro Castillo y sus aliados han venido desplegando mecanismos jurídicos que no prosperaron en la vía judicial y ahora han encontrado en la vía política otro recurso que busca mantener vigente al sentenciado exgobernante.
De acuerdo al constitucionalista, se quiera o no, el vacado exmandatario es un actor político y por ello, existen parlamentarios y gente interesada en buscar su libertad, porque ha postulado “bajo su discurso político”, pese a que Castillo, lo que hizo, fue anunciar un golpe de Estado.
“Justamente, es que recurre a la fórmula política porque, me parece que es consciente, de que la fórmula jurídica no le va a dar resultados. Entonces, se busca un mecanismo que ya no implica un pronunciamiento jurídico; sino que sea una decisión política.”
En esa línea, reiteró, lo que el sentenciado y sus aliados buscan es, mediante los recursos que plantean, buscan reivindicar la figura de Castillo Terrones. Y en ese sentido, ahora, en la vía política, están planteando una Ley de Amnistía que si bien podría tener la aprobación en la Cámara de Diputados, “donde el sector de izquierda o el sector que patrocina al señor Castillo, tiene mayoría”; también necesita la aprobación del Senado, donde “diríamos, sería contrario a toda lógica que eso pudiese ocurrir”.
Y si bien, precisó, la amnistía es una decisión política, y no sería de extrañar que congresistas de Juntos por el Perú apoyen la iniciativa, allí se verá “si los otros grupos están en lo mismo”.
“Entonces, mantener la discusión, los recursos, busca generar una suerte de impresión de persecución, de que no se le hace caso. De que sus reclamos no se atienden, como si su situación jurídica estuviese en discusión. Y eso lo mantiene en vigencia, eso es lo que yo creo que que buscaría y porque además, las personas que fomentan ese tipo de ‘soluciones’, entre comillas, creerán que también se ganan alguito, se ganan algo en esa intención, porque pretenderán capitalizar apoyo del sector que ve al señor Castillo como una persona injustamente detenida”, comentó.
Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, calificó como “cosa ridícula” los diversos intentos de Pedro Castillo y sus aliados para lograr suexcarcelación y ahora, pretender que el delito de conspiración para la rebelión que sentenció el Poder Judicial, no exista a través de una Ley de Amnistía.
Ello, dijo, “son manotazos de abogado”, puesto que “si una persona -como Castillo Terrones- pide 19 veces el indulto y no se lo dan; y luego pide una amnistía, es una cosa ridícula”.
“No hay ninguna viabilidad (para la Ley de Amnistía), no es un perseguido político y los hechos no fueron políticos. Si no podemos sancionar el crimen contra la Constitución y la democracia entonces, somos una democracia boba.”
Recordó que los delitos son calificados como tales porque el Estado los fija así a través de una ley, por principio de legalidad. Entonces, si la ley dice que una conducta es delito, lo es; y si no, no es delito. Sin embargo, sostuvo que, una Ley de Amnistía como la que se pretende desde el Congreso, lo que hace es decir que los hechos cometidos no son delitos y por tanto quedan exentos de responsabilidad.
Con ello, señaló el constitucionalista, buscan que el golpista quede en libertad para convertirse en una figura de izquierda, ya que ninguno de los políticos de dicha tendencia como Jorge Nieto Montesinos o Alfonso López-Chau, tienen pegada, y Roberto Sánchez “no da la talla”; por tanto “están desesperados por sacarlo”.
“Castillo ha querido decir siempre que lo que pasó, no pasó, y lo que vimos, no lo vimos y no existió; lo ha discutido desde el principio su detención, y no pasó nada. Finalmente intentó el indulto, no solamente con [José María] Balcazar; desde antes con (José) Jerí, con (Dina) Boluarte, con todo el mundo. Entonces, lo que quieren es sacarlo a la calle. Necesitan un ‘Evo’ (Morales, expresidente de Bolivia) en la calle”, comentó Quiroga.
El constitucionalista consideró que este nuevo mecanismo, a través de una Ley de Amnistía, podría pasar “raspando” en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado, porque allí “no hay los votos”.
En todo caso, sostuvo Quiroga, el Congreso debe hacer “conciencia” de que lo que se pide “es una cosa ridícula y que va a desprestigiar al Congreso, una amnistía a Castillo desprestigiaría al Congreso”.
“De lo contrario sería un pésimo ejemplo y sería una señal de que la Constitución no existe, que no tiene ninguna fuerza legal (que permita) que cualquiera pueda alzarse contra la Constitución e intentar un golpe de Estado y al final va a ser premiado con una amnistía”, concluyó.
James Rodríguez, abogado penalista y constitucionalista, explicó que el caso de Pedro Castillo, desde su punto de vista, presenta una doble dinámica. Una jurisdiccional y otra política.
En el ámbito judicial, existe una condena que pesa sobre él por el delito de conspiración a la rebelión, se encuentra aún en grado de apelación en la Corte Suprema y subsiste sobre él la medida de prisión preventiva que se le dictó en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en su gobierno.
Y si bien, Castillo “está recurriendo a todos” los mecanismos legales, lo cual es su derecho si existe prueba nueva, tampoco se debería interponer recurrentemente los mismos mecanismos que ya fueron rechazados.
“Lo que resulta inadmisible es reproducir una y otra vez lo que ya fue resuelto anteriormente. Por eso, ningún derecho procesal autoriza convertir al órgano jurisdiccional, es decir, al Poder Judicial, en instancia de revisión permanente sobre lo ya decidido”, anotó.
Además, comentó que se debe ser claro y tener en cuenta que el exgobernante “ha sido condenado por el delito de conspiración para la rebelión e incluso hay personas aún prófugas en ese proceso”.
Por ejemplo, mencionó, la exministra Betssy Chávez, quien inicialmente anunció que iba a cumplir todas las disposiciones del juzgado; sin embargo, se terminó asilando en la Embajada de México y posteriormente “se fugó del país. Porque lo que ha hecho es fugarse de la justicia, no es una una asilada política”.
“En conclusión, la interposición sucesiva de los recursos con idénticos fundamentos y pretensiones, desde mi punto de vista, no constituye tutela judicial, digamos, legítima; sino un eventual conjunto de recursos para poder buscar su libertad. Podríamos llamarle un eventual abuso procesal, un eventual abuso procesal de su derecho. El ordenamiento jurídico peruano se sustenta en principios como la de cosa juzgada, por ejemplo, la buena fe procesal, que impiden que ya lo decidido con firmeza pueda ser reabierto indefinidamente y eso es lo que está haciendo el señor Pedro Castillo, de que procesos que ya han sido, digamos, resueltos en el ámbito fiscal, él vuelva a solicitarlos nuevamente.”
Desde el sistema político, explicó, en el Congreso se ha presentado una propuesta de ley para dar olvido a todo lo sucedido en las postrimerías del gobierno de Pedro Castillo, es decir el golpe de Estado. Sin embargo, advirtió, aún mantiene otros procesos judiciales vinculados a corrupción que seguirán vigentes.
Entonces, sostuvo, desde el punto de vista formal la propuesta de Ley de Amnistía “es una posición política”, donde el Congreso tiene la competencia para dictar leyes de amnistía, conforme al artículo 102.6 de la Constitución. Sin embargo, enfatizó, “esa facultad no es absoluta”.
“Si se configura como amnistía individualizada, es decir, a favor de Pedro Castillo, vulnera el principio de generalidad de las leyes. Es decir, las leyes se hacen con generalidad a todas las personas, no para una ni para un pequeño grupo”, expresó.
Y, en el peor de los casos, de aprobarse dicha ley, quedaría sujeta al control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
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