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Dentro del paquete de normas en seguridad ciudadana que el gobierno de Keiko Fujimori tiene previsto emitir en las próximas semanas, en amparo a la delegación de facultades que recibió del Congreso bicameral, está la creación de un registro de organizaciones criminales “que empleen técnicas utilizadas por el terrorismo o análogas”, entre ellos atentados con explosivos. Esto a través de una modificación a la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N°30077).
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Las mismas fuentes relataron que durante el Gabinete Binacional con Ecuador, que se realizó la semana pasada en Lima, la administración de Daniel Noboa planteó la realización de una operación espejo en la zona de frontera en contra de Los Choneros. No obstante, el Perú tuvo que solicitar que esta se deje en “stand by”.
¿La razón? Quito ha declarado a la referida red criminal como terrorista, mientras Lima, no. Es decir, las FF.AA. peruanas no tienen las mismas prerrogativas ni el marco legal que sus pares ecuatorianos para encarar ese tipo de operaciones.
Los Choneros- de acuerdo con las mismas fuentes- operan en 40 kilómetros en la zona fronteriza y cuando militares y policías ecuatorianos intentan capturarlos “se pasan al lado peruano”.
En julio de 2025, José Macías Villamar, alias Fito, máximo líder de los Choneros, fue extraditado a Estados Unidos para afrontar un juicio por el presunto lavado de US$25 millones y otros delitos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego.
Sobre el Comando Vermelho- red criminal brasileña, centrada inicialmente en el tráfico de drogas y el control territorial dentro de las favelas de Río de Janeiro- se ha detectado su presencia en la frontera amazónica que el Perú comparte con Colombia y Brasil.
A lo largo de su historia, Los Pulpos- organización que surgió en la parte alta del distrito de El Porvenir, en Trujillo- ha sido vinculada a una larga lista de delitos: tráfico de terrenos, extorsión, secuestro, sicariato, tráfico ilícito de drogas y minería criminal. Y, en agosto último, estuvieron detrás del secuestro del empresario minero Jens Lara Tantaquilla y del asesinato de cuatro personas que lo acompañaban en el momento del rapto.
En febrero, las autoridades de Chile detuvieron a 34 presuntos integrantes de Los Pulpos durante una serie de operativos de la policía sureña. La red criminal fue vinculada en ese país con extorsiones en las que se exigían pagos de hasta US$14.000.
En setiembre último, la Policía Nacional incluyó en la lista de los delincuentes más buscados a Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de La Jauría, rival de Los Pulpos. Él ha sido sentenciado a cadena perpetua por el violento secuestro y asesinato de Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán, Jhon Rodríguez en 2022. La recompensa ofrecida por su paradero es de S/300 mil.
Otras fuentes del Ejecutivo precisaron que se aplicará una serie de criterios para la inclusión en el registro de redes “que empleen técnicas utilizadas por el terrorismo”. Por ejemplo, que la organización criminal tenga una estructura, que se haya alzado en armas en contra del “Estado de derecho” (este sería uno de los principales cambios), y que ejecute acciones armadas y que tenga control territorial.
Las mismas fuentes indicaron que un equipo especial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se está preparando para realizar operaciones, con la presencia de la fiscalía, en contra de organizaciones criminales, una vez que tengan el marco legal para hacerlo.
Agregaron que se está por adquirir armas de corto alcance para los militares. Esto debido a que el armamento actual con el que cuentas las Fuerzas Armadas no es para el uso en zonas urbanas.
“No se va a bombardear una casa, lo que queremos son operaciones quirúrgicas, a través de grupos especiales e inteligencia”, manifestaron.
Álvarez acompañó a la presidenta Fujimori al viaje oficial a El Salvador, donde fueron a conocer el Cecot. (Foto: EFE)
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Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, dijo que el decreto legislativo sobre la creación del registro de organizaciones criminales saldrá en aproximadamente un mes, porque se requiere de conciliar con varios sectores “que no necesariamente van a tener la misma perspectiva o va a estar de acuerdo en los detalles”.
En diálogo con El Comercio, Álvarez Miranda indicó que su sector será “minuciosa” para evitar tener que corregir el mecanismo legal luego.
“Este registro quedará abierto y podrá nutrirse no solo de organizaciones criminales que operan en el Perú, sino de algunas organizaciones transnacionales, como Los Choneros, que realiza acciones en el Ecuador y en el norte del Perú. Este registro va a favorecer la interoperabilidad y la captura de sus integrantes, así no hayan cometido delitos en nuestro territorio”, manifestó.
Álvarez confirmó que inicialmente, se va a inscribir en esta lista a Los Choneros, al Comando Vermelho, al Tren de Aragua y a los peruanos Los Pulpos y La Jauría, entre otros.
Explicó que lo más valioso del registro es que la sola pertenencia a la organización criminal inscrita va a traer consecuencias penales.
“No va a ser necesario que la persona que esté [en la red] haya cometido un acto delictivo, solo bastará su sola pertenencia”, complementó.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que los policías y militares tienen la protección de la Ley N°32291, dada en abril de 2025, que les permite abatir a un delincuente que utiliza, de modo flagrante, armas de fuego o letales. Incluso, si estas son falsas o no funcionen, siempre que “que pongan o hagan presumir” al agente “que su vida o la de otra persona se encuentran en grave riesgo”.
“La legislación vigente protege al policía y a los integrantes de las Fuerzas Armadas […] Ya hay un protocolo establecido para el abatimiento de delincuentes en una acción”, acotó.
El exministro del Interior Carlos Basombrío dijo que todas las organizaciones criminales mencionadas son objeto de ese registro y que le parece bien que sean incluidas. No obstante, subrayó que existen “cientos” de redes delictivas que actúan en lugares específicos del país y que “hacen el mismo daño”.
“La lógica de la creación de un comando único ya ha fracasado en Pataz (La Libertad) y va a fracasar ahora. ¿De qué sirve una tanqueta de las Fuerza Armadas para enfrenta lo que viaja por WhatsApp? Eso va a fracasar. Poner a militares en las calles ya se ha hecho varias veces. ¿Van a encontrar a los extorsionares? Es una pérdida de energía”, manifestó en comunicación con El Comercio.
Basombrío advirtió que un militar está entrenado para ir a la guerra “y matar a sus enemigos”. “Si pones a un soldado con un fusil a disparar va a matar a un montón de gente, así de simple”, acotó.
A su turno, el ex viceministro de Orden Interno Ricardo Valdés explicó que la eficacia del registro va a depender de que se establezcan criterios objetivos para calificar e inscribir en esta lista a las organizaciones criminales. Agregó que en la ley que delega las facultades ya se mencionan algunos supuestos, pero que estos son muy amplios.
“[En los parámetros] señalan que deben provocar alarma o temor en la población, hay mucha subjetividad y poca claridad en lo dispuesto y cuál va a ser el sentido final […] Hay que esperar para ver qué precisiones hace el Ministerio de Justicia para ver hacia dónde quieren ir”, expresó a este Diario.
El ex viceministro de Orden Interno remarcó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen un marco legal que establece cuándo pueden hacer uso de la fuerza letal y que esta facultad tiene una serie de supuesto. “No es un cheque en blanco. Tienen que existir una situación donde la capacidad operativa de la Policía haya sido sobre pasada o que exista un riesgo de que esto ocurra”, complementó.
Sobre el comando unificado, Valdés consideró que este conjunto puede funcionar en ciertas circunstancias, pero para luchar contra la extorsión, va a requerir de facilidades de orden tecnológico.
“Hay que leer las letras pequeñas, en las disposiciones complementarias de las facultades dice que no hay presupuesto adicional”, finalizó.