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En agosto, a pocos días de iniciada la nueva gestión del Ejecutivo, la presidenta Keiko Fujimori anunció la recuperación e instalación de 12 barreras dinámicas que habían permanecido almacenadas durante años. Estas serían destinadas a reducir el impacto de los huaicos en quebradas vulnerables de Lima y Huarochirí ante la próxima temporada de lluvias. El proyecto avanzó y, tras la publicación del Decreto de Urgencia N.° 008-2026, en setiembre comenzaron los trabajos. Sin embargo, durante su ejecución, la Contraloría General de la República identificó cuatro situaciones adversas que podrían comprometer el desarrollo de las intervenciones.
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“En la ejecución de la intervención en la quebrada Cupiche, se vienen ejecutando la perforación y colocación de barras de anclaje de las barreras dinámicas sin contar con el informe técnico de diseño aprobado, lo que podría ocasionar la afectación de la capacidad de retención de protección de las barreras dinámicas”, señala el informe.
Esta no fue la única situación advertida. La Contraloría también identificó que el contratista inició el servicio sin haber entregado la totalidad de los seis informes técnicos de factibilidad establecidos como condición para el comienzo de las actividades. A ello se suma la ausencia del especialista en geología y geotecnia durante los trabajos de perforación y colocación de anclajes en Cupiche, lo que podría afectar la verificación de las condiciones del terreno. Asimismo, se encontró que los componentes de las barreras y otros materiales permanecían expuestos a la intemperie, sin haberse implementado las instalaciones provisionales previstas para su almacenamiento y resguardo.

Materiales e insumos expuestos a la intemperie.
Foto: Contraloría
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Las intervenciones forman parte de un servicio integral de diseño, provisión e instalación de barreras dinámicas de acero flexible, adjudicado mediante contratación directa por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) al Consorcio Barreras Dinámicas, integrado por Desnivel Perú S.A.C. y Pronte Ingenieros S.A.C. El monto adjudicado asciende a S/34′621.923,95 para el conjunto del servicio.

Acta de buena pro para el consorcio.
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Consultada por El Comercio, la ANA señaló que las observaciones identificadas por la Contraloría se encuentran en proceso de atención y levantamiento. La entidad explicó que, al tratarse de una intervención ejecutada bajo el régimen de emergencia, los componentes de viabilidad técnica, instalación física y supervisión se desarrollan de manera simultánea, en paralelo al control concurrente del órgano de control.
“Esta modalidad de ejecución paralela y no secuencial es inherente a la naturaleza de las actuaciones de emergencia, cuya finalidad es mitigar riesgos de manera oportuna sin que ello suponga una omisión de los estándares técnicos ni de los mecanismos de fiscalización correspondientes”, señaló la Oficina de Comunicación de la ANA.
La entidad añadió que este esquema permite que la instalación de las barreras y las labores de supervisión se retroalimenten durante la ejecución, sin generar retrasos que puedan comprometer la seguridad de la población beneficiaria.
Sobre esta explicación, el abogado penalista Aarón Alemán sostuvo a El Comercio que las contrataciones realizadas bajo un régimen de emergencia no están exentas del cumplimiento de los requisitos técnicos y de supervisión. “La contratación pública en estado de emergencia tiene tres reglas. Una de ellas es la excepcionalidad; la segunda, la necesidad estricta, por la razón de urgencia; y la tercera, el cumplimiento técnico y el control correspondiente”, señaló.
En esa línea, el abogado resaltó que, aunque la ANA sostiene que la instalación de las barreras puede avanzar en paralelo con las evaluaciones técnicas y la supervisión, es necesario contar previamente con las bases técnicas que permitan controlar la ejecución de los trabajos. “Tú tienes que tener las bases justamente para que tengas un trabajo seguro y de calidad. Si no tuvieses esta cuestión, no podría haber una fórmula en la que tú puedas supervisar y, si esto es así, no tendría cómo hacer un seguimiento ni un control correspondiente”, sostuvo.
Asimismo, especialista advirtió que los eventuales incumplimientos podrían generar responsabilidades contractuales y administrativas, así como una posible investigación penal, dependiendo de los hechos que se acrediten. “Tendría una triple dimensión, en todo caso: un posible incumplimiento contractual; segundo, una responsabilidad de carácter administrativo para que se puedan evaluar las sanciones correspondientes; y tercero, una eventual causa de índole penal”, explicó.
Cabe resaltar que los propios términos de referencia de la ANA establecen que, antes de la instalación de cada barrera dinámica, el contratista debe presentar un informe técnico de diseño que incluya la memoria de cálculo estructural y los planos de anclaje. Asimismo, las condiciones del servicio de supervisión señalan que la evaluación de dicho informe y la emisión de un pronunciamiento técnico constituyen requisitos previos e indispensables para autorizar el inicio de los trabajos físicos en campo.

Informe de la Contraloría.
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Por su parte, el Consorcio Barreras Dinámicas, responsable de la ejecución del servicio, indicó a El Comercio que no podía responder las consultas formuladas sin contar previamente con una autorización formal de la ANA. “Estamos a la espera de su contestación, esperamos su comprensión pues no podemos indisponernos ante ellos”, señaló.
El proyecto comprende la instalación de 12 barreras dinámicas en puntos críticos de quebradas ubicadas en los distritos de Lurigancho-Chosica, Cieneguilla y Chaclacayo, en Lima Metropolitana, así como Santa Eulalia y Ricardo Palma, en la provincia de Huarochirí. Estas intervenciones buscan reducir el impacto de los huaicos sobre las poblaciones asentadas en zonas vulnerables.
La instalación de una barrera dinámica no solo depende de la colocación de una malla de acero en el cauce de una quebrada. Su funcionamiento requiere de componentes que permitan sostener la estructura y absorber parte de la fuerza generada por el desplazamiento de rocas, lodo y otros materiales durante un huaico. Entre ellos se encuentran los postes de soporte, los cables estructurales, los anclajes laterales y los disipadores de energía.
Alberto Ramírez Erazo, ingeniero civil con especialidad en Construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), explicó a El Comercio que el cumplimiento de los requisitos documentales y la presencia de especialistas no garantizan, por sí solos, que una barrera responda adecuadamente ante un huaico. Para ello, consideró fundamental que se respeten los procedimientos constructivos y las especificaciones técnicas durante su instalación.


