En pocos días se elegirán nuevas autoridades regionales y municipales, en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y expansión de grupos criminales. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, el Perú está entre los 31 países con mayor criminalidad, de 193. Además, tiene una de las respuestas estatales más débiles de la región para prevenir, contener y enfrentar estas actividades. A ello se suma la caída de la confianza ciudadana en una entidad clave para enfrentarlas. En 2025, solo el 13% de los peruanos confía en la Policía Nacional del Perú (PNP), su nivel más bajo en al menos una década, registrándose la peor caída en La Libertad.
Los gobiernos regionales (GORE) cumplen un rol importante en seguridad: articulan a las entidades que previenen y combaten el delito mediante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, que reúne a la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los alcaldes para coordinar una respuesta conjunta. Sin embargo, aún hay problemas de coordinación y capacidad operativa. En 2025, solo el 57% de las municipalidades compartía sus rutas de patrullaje con la Policía, lo que duplica esfuerzos y deja zonas desprotegidas.
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Los GORE también pueden fortalecer la capacidad operativa de la Policía invirtiendo en infraestructura y equipamiento, en coordinación con el Ministerio del Interior. En los últimos cinco años, los GORE contaron con cerca de S/1.000 millones de presupuesto para orden interno, en términos reales. Sin embargo, regiones como Amazonas, Cajamarca y San Martín no cuentan con ningún auto policial operativo, y en otras diez regiones más de la mitad de las motos policiales están fuera de servicio, según la PNP a julio de 2025. Asimismo, al 2024, el 70,5% de las comisarías cuentan con pisos, techos o paredes en condiciones inadecuadas.
Estas limitaciones pesan más ante el aumento de la violencia. Desde 2019, los homicidios se duplicaron y en el último año superaron los cinco diarios en promedio. Además, aquellos cometidos con armas de fuego pasaron del 51% al 73% del total. También cobran importancia las capacidades de los GORE para supervisar y fiscalizar la MAPE. Cuatro de los diez distritos con mayores tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes registran minería informal: Pataz (La Libertad), Ananea (Puno), Inambari (Madre de Dios) y Laberinto (Madre de Dios). En estas dos últimas, Devida reporta conjuntamente la presencia de cultivos de coca. Asimismo, alarma que en Pataz la tasa de homicidios sea 48 veces el promedio nacional y en Ananea 22 veces. En otros cinco distritos los medios reportan sicariato, extorsión y crimen organizado internacional.
La débil respuesta del Estado en lo que respecta a su sistema de justicia es evidente ante el avance de la extorsión y la consolidación de grupos criminales. Desde 2021, las denuncias fiscales por extorsión se multiplicaron por 5,5, hasta superar las 26 mil en el último año. En cambio, en el mismo periodo, los encarcelados con sentencia por este delito bajaron de 712 a 650. En homicidios calificados, las denuncias se duplicaron, pero los encarcelados con sentencia solo aumentaron 9%. Los encarcelados en condición de procesados también crecieron menos que las denuncias.
Enfrentar la extorsión y el crimen organizado exige que el Estado cambie su enfoque. Hoy, la respuesta se basa aún en estados de emergencia e intervenciones puntuales, que sobre todo atienden denuncias, y no miden su impacto. Por ello, el IPE y otras organizaciones proponen un enfoque de control territorial que priorice las intervenciones en las zonas con mayor riesgo criminal, integre los sistemas de información de las entidades competentes y establezca mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
En estas elecciones, es clave elegir autoridades regionales y locales con planes de seguridad concretos y viables, capaces de coordinar con la Policía y el Ministerio Público en los comités regionales, de fiscalizar las actividades en sus territorios y administrar eficientemente su presupuesto para orden interno.