Hace unas semanas participé en “Perú Resiliente”, un encuentro organizado por Apeseg para discutir cómo lograr que el país esté mejor preparado frente a los desastres. La conversación confirmó algo que a veces perdemos de vista, que la resiliencia exige tres pilares que funcionen de manera articulada: financiamiento adecuado, instituciones sólidas y capacidad de gestión.
No todos los riesgos son iguales. El friaje en las zonas altoandinas es recurrente y estacional; el fenómeno de El Niño puede monitorearse y permite cierto grado de anticipación. Un terremoto, en cambio, sabemos que ocurrirá, pero no cuándo ni con qué magnitud. Tampoco son iguales sus consecuencias fiscales. Por eso, no tiene sentido enfrentarlos con los mismos instrumentos.
La primera decisión es cuánto riesgo podemos reducir. Prevención, mantenimiento, infraestructura resiliente y sistemas de alerta disminuyen pérdidas humanas y económicas. En eventos relativamente predecibles, además, la anticipación debería permitir actuar antes.
Pero ningún país puede eliminar todos sus riesgos. Los eventos frecuentes y de impacto fiscal manejable pueden ser asumidos por el Estado mediante el presupuesto y reservas. Para eventos mayores existen líneas de crédito contingentes que permiten disponer rápidamente de liquidez. Y frente a eventos extremos puede tener sentido transferir parte del riesgo mediante seguros, reaseguros o bonos catastróficos.
Perú ya recurrió a este tipo de mecanismos. En 2018 participó en una emisión de bonos catastróficos estructurada por el Banco Mundial, con US$200 millones de cobertura frente a terremotos. El instrumento se activó tras el terremoto de Loreto de 2019, pero esa cobertura ya venció y no ha sido renovada.
La lección no es que necesitemos un ‘CAT bond’ (bono catastrófico) para cada riesgo. Es que necesitamos un portafolio de instrumentos organizado por capas: decidir qué riesgos reducimos, cuáles retenemos y cuáles transferimos. Porque el riesgo que el Estado no reduce ni transfiere, de alguna manera, lo está reteniendo.
Para una economía emergente como el Perú, el financiamiento no parece ser hoy el principal desafío. Tenemos acceso a distintos instrumentos y capacidad para movilizar recursos. El reto está en convertirlos en capacidad efectiva de respuesta. Podemos tener reservas, líneas contingentes, seguros o bonos catastróficos y aun así responder mal. Si los recursos llegan y las entidades no pueden contratar, ejecutar o tomar decisiones con rapidez, el problema deja de ser financiero y pasa a ser un problema de gestión.
Hay avances importantes. Contamos con normas e instrumentos que permiten actuar con mayor agilidad y movilizar capacidades públicas y privadas. Pero tan importante como tenerlos es asegurarnos de que quienes deben utilizarlos sepan cómo hacerlo. En ese sentido, ‘inter alia’, destaca la creación de la Brigada FEN-OECE: en sus primeros nueve días brindó asistencia técnica a 137 entidades y 471 servidores públicos para ayudarlos a resolver problemas concretos de contratación ante el fenómeno de El Niño. Ese acompañamiento importa. Una norma que facilita la gestión tiene poco efecto si el funcionario no conoce las herramientas, no sabe cómo utilizarlas o teme hacerlo.
Y allí entran las otras dos dimensiones: instituciones con responsabilidades claras y capacidad de gestión. Responder, rehabilitar y reconstruir tampoco son lo mismo. La emergencia exige velocidad; la reconstrucción de un hospital, un colegio o un puente exige además calidad y sostenibilidad.
Quizá, entonces, la pregunta más crítica no sea si podremos financiar el próximo desastre, sino si estamos haciendo lo suficiente, y con suficiente anticipación, para que los otros dos pilares —instituciones y capacidad de gestión— estén preparados para actuar antes de que la emergencia esté encima.