El impacto de la actividad minera sobre el empleo y los ingresos de las familias no se produjo de manera inmediata, sino que se acumuló y comenzó a fortalecerse a partir de los diez años de operación de los proyectos mineros en un territorio, sostuvo Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult, durante la presentación “Impacto de la minería en el Perú sobre su entorno”, realizada en la VIII Cumbre Internacional de Minería de las Américas, Expomina Perú 2026.
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Los resultados mostraron que la llegada de una operación minera generó un mayor dinamismo económico en su entorno, reflejado en la aparición de negocios, mayores ventas y más puestos de trabajo. El incremento del empleo se produjo principalmente en actividades comerciales y de servicios, debido a los efectos multiplicadores del sector.
“Los resultados, en promedio, tienden a ser mayores cuando analizamos el entorno de la gran y mediana minería. Tienden a ser nulos cuando analizamos la pequeña minería y la minería artesanal”, dijo.
El análisis también encontró que la minería explicó el 26% del incremento observado en el empleo adecuado. En el aumento de la cobertura de EsSalud, la contribución del sector representó el 93%. Este comportamiento también se observó en los ingresos laborales y familiares, cuyos efectos aumentaron conforme transcurrieron los años de operación. “Encontramos un momento crítico a partir de los diez años”, afirmó Monge.
Monge explicó que uno de los factores fue la demora en la llegada de los recursos fiscales. A ello se sumaron las condiciones iniciales de las economías en las que se instalaron los proyectos.
“Los recursos fiscales tardan en llegar. Pero, la segunda explicación que encontramos es que las economías en las cuales aparece un proyecto minero usualmente son muy precarias y, por lo tanto, la capacidad para que los encadenamientos económicos ocurran también toma tiempo”, sostuvo.
Los gobiernos locales también tardaron en movilizar la inversión pública, mientras que las áreas de responsabilidad social de las empresas atravesaron una curva de aprendizaje para relacionarse con el sector público y articular sus intervenciones con las necesidades de la población.
El economista añadió que el inicio de los proyectos atraía población hacia las localidades mineras y elevaba la demanda de servicios públicos. Por ello, las necesidades de inversión crecieron más de lo que se habría requerido sin ese aumento de la población.
Pese a esta presión, el análisis encontró reducciones en las brechas de acceso al agua y saneamiento, así como mejoras en infraestructura educativa. También identificó efectos en indicadores de pobreza no monetaria, como el desarrollo humano, la anemia y los años acumulados de educación.
El análisis de Macroconsult evaluó los efectos socioeconómicos de las operaciones mineras en sus entornos. (Foto: Correo)
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Pese al aumento del empleo, los ingresos y la inversión pública, Monge advirtió que la mejora del bienestar material no necesariamente se tradujo en una reducción de los índices de pobreza.
Explicó que las oportunidades económicas generadas por la minería no necesariamente fueron aprovechadas por las personas más vulnerables, pues quienes contaban con mayor capital humano y financiero tuvieron más capacidad para beneficiarse de ellas. En ese punto, destacó el papel de la inversión pública para cerrar las brechas.
Asimismo, señaló que el reto no consistía únicamente en aumentar la inversión pública, sino en mejorar su calidad, concluir los proyectos, ejecutarlos eficientemente y alinearlos con las necesidades de las localidades beneficiarias.
“La gran pregunta es la calidad que tiene esa inversión, la capacidad de concluir los proyectos, que se ejecute de manera eficiente y que esté alineada con las necesidades de las localidades que deberían recibirla”, sostuvo.