La noche del domingo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general PNP Óscar Arriola, anunció que dejaría el cargo y solicitaría su pase al retiro, luego de 342 días de gestión. Su salida se produce tras una serie de cuestionamientos a su jefatura y al desempeño de la institución en medio de la crisis de seguridad ciudadana que enfrenta el país.
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“En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la Policía Nacional con el teniente general Fredy López Mendoza. Decisión que obedece a la motivación antes dispuesta. Solamente tengo palabras de agradecimiento”, señaló Arriola.
La gestión de Óscar Arriola culmina con 492.964 denuncias por delitos registradas a nivel nacional entre enero y el 31 de julio de este año. Del total, 305.291 corresponden a denuncias por hechos delictivos; 125.988, a delitos de violencia contra la mujer; 28.540, a denuncias por faltas; 1.661, a adolescentes infractores a la ley penal; y 31.484, a otros delitos, según información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
El periodo de Arriola como máxima autoridad de la PNP llega a su fin luego de que se evidenciaran inconsistencias durante las investigaciones preliminares por el asesinato de cuatro personas en Trujillo y el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el pasado domingo 30 de agosto.
A raíz de la crisis desatada en el norte del país y la falta de respuestas inmediatas, diversas bancadas del Congreso de la República anunciaron iniciativas para retirar a Arriola del cargo. De acuerdo con el portal del Legislativo, Juntos por el Perú presentó un proyecto, mientras que Buen Gobierno, Cívico Obras y Renovación Popular preparaban propuestas legislativas similares.
A través de un comunicado oficial, difundido el mismo día del cuádruple crimen en Trujillo, Renovación Popular exigió la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola. “Ante la falta de resultados, la Policía Nacional necesita un cambio en su conducción. Por ello, exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, subrayó.
Las cifras
En materia de extorsiones, según información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, las denuncias alcanzaron un total de 12.174 a nivel nacional durante los primeros siete meses del presente año, mientras que en el mismo periodo de 2025 fueron 16.202, lo que representa una variación de -25% en 2026.
Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de registros, con 4.961 entre enero y julio del presente año, ante las 6.707 contabilizadas durante el mismo periodo del año pasado. Le siguió La Libertad, con 1.834 denuncias, mientras que en 2025 sumó 2.750. En ambas regiones se registraron variaciones de -26% y -33%, respectivamente.
En el caso de los homicidios, la situación es similar, según los registros procesados por el Observatorio Nacional. Entre enero y julio se registraron 1.459 casos de homicidio a nivel nacional, mientras que el año pasado fueron 1.918, con una variación de -23.9%.
En cuanto a los secuestros, a nivel nacional se registraron 622 casos, mientras que entre enero y julio del año pasado fueron 696, es decir, una variación del 11%. Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de casos durante el presente año, con 275, un aumento del 19% respecto a los 231 registrados el año pasado. En La Libertad, en tanto, se contabilizaron 33 casos, es decir, -48% en relación con a los 64 del año pasado. Arequipa siguió a la capital con la mayor cantidad de casos, con 35 durante los primeros siete meses del año, frente a los 43 del periodo anterior, una variación de -19%.
Respecto a la cantidad de operativos, entre enero y julio del año pasado la Policía acumuló un total de 668.851, mientras que en el presente año alcanzó los 707.507. Como resultado de estas acciones, se desarticularon 8.513 bandas criminales y 141 organizaciones criminales. Asimismo, fueron detenidos 8.349 extranjeros y 153.714 peruanos por diversos delitos. Además, 44.535 personas con requisitoria vigente fueron detenidas.
La Policía también decomisó 1’516.888 envoltorios de cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana. Asimismo, fueron decomisados 94.864 kilos de droga: marihuana (79.174), cocaína (11.884) y pasta básica de cocaína (3.806). En cuanto a las armas, se incautaron 8.508, de las cuales 4.093 fueron armas blancas y 4.415 armas de fuego.
No obstante, pese al incremento en el número de operativos, algunos indicadores mostraron una tendencia a la baja. En el caso de los detenidos de nacionalidad extranjera, la cifra se redujo en -11.9% a diferencia de el mismo periodo del año pasado: pasó de 9.475 entre enero y julio de 2025 a 8.349 en el periodo actual. Una situación similar se registró entre los detenidos de nacionalidad peruana, con una reducción del -10.3%.
El Ministerio Público, por su parte, registró 721.590 denuncias a nivel nacional entre enero y julio. Del total, 14.731 corresponden a denuncias por extorsión. En el caso de los homicidios, los registros de la entidad sumaron 11.627, en contraste con los 1.459 reportados por la Policía.
Los registros difundidos por la Policía Nacional ya habían generado cuestionamientos meses atrás debido a diferencias entre las cifras presentadas por la propia institución y las contenidas en otras bases oficiales. En julio, la PNP informó que durante el primer semestre de 2026 se habían registrado 6.659 denuncias por extorsión, por debajo de las 13.901 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, y sostuvo que los casos se habían reducido en más del 50%. Sin embargo, para los mismos periodos, el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior reportó 7.694 denuncias en 2026 y 11.736 en 2025.
El escenario que recibe Fredy López y los retos al frente de la PNP
Pese a que los principales indicadores oficiales muestran una reducción respecto al año anterior, el escenario que recibe Fredy López al asumir la conducción de la Policía Nacional continúa marcado por la violencia vinculada a la criminalidad y los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Estado. Expertos consultados por El Comercio coinciden en que el cambio de mando plantea retos que van desde el fortalecimiento de la investigación criminal y la reorganización interna de la PNP hasta la necesidad de recuperar la confianza ciudadana y responder a una creciente demanda por resultados ante la inseguridad.
Carlos Tuse, exjefe de Seguridad del Estado, indicó que Fredy López asumirá la Comandancia General en un escenario complejo, marcado no solo por los niveles de criminalidad, sino también por los cuestionamientos a la capacidad de respuesta de la propia institución. “Lamentablemente, el general López recibe una institución cuestionada frente a los altos índices de inseguridad ciudadana. Principalmente, la violencia criminal y los asesinatos por extorsiones mantienen en zozobra a la población”, señaló.
A este escenario se suma, según Frank Casas, experto en seguridad ciudadana, una sociedad civil con mayor capacidad de organización y presión frente a la inseguridad. Sectores como transportistas, bodegueros y artistas han adquirido mayor protagonismo en las demandas por respuestas frente al crimen, a lo que se agrega la presión que pueda ejercer el Congreso. Por ello, considera que López asumirá sin un periodo de tregua con el objetivo de mostrar resultados.
“Por otro lado, el nuevo Comandante General debe entender que no tendrá luna de miel. A diferencia de hace cinco años, hoy hay más organizaciones civiles que presionarán por una salida política (empresarios de transportes, bodegueros, artistas, entre otros) y por supuesto también lo hará el Congreso”, dijo Casas.
Pese a que los registros oficiales muestran una reducción de homicidios, extorsiones y secuestros, ambos especialistas consideran que estas cifras deben ser interpretadas con cautela. Para Tuse, los resultados obtenidos por la Policía terminan siendo opacados por los niveles de violencia que acompañan a las nuevas modalidades delictivas.
Casas, por su parte, advierte que todavía es prematuro concluir que existe una mejora sostenida. “Es aún apresurado hablar de una mejora real en materia de control de homicidios, extorsiones y secuestros”, dijo. Uno de sus principales reparos está relacionado con la calidad y metodología de los registros utilizados que permita medir estos delitos.
A ello se suma, según el especialista, la falta de claridad sobre los resultados obtenidos ante los factores que facilitan la comisión de estos delitos. Si bien se han comenzado a plantear medidas a efectos de intervenir los penales, Casas señala que todavía existen interrogantes sobre el control de armas, municiones y explosivos que llegan a manos de organizaciones criminales, así como sobre el mercado ilegal de celulares y chips utilizados con el fin de cometer extorsiones y secuestros.
Tuse considera que el respaldo del Ejecutivo será determinante en la nueva gestión. “que el general López tenga éxito, el Ejecutivo tiene que garantizar, además del apoyo político, presupuestal y logístico, la autonomía que requiere el trabajo policial conforme manda su finalidad constitucional”, afirmó. Asimismo, planteó la necesidad de realizar cambios en el INPE y reducir los cargos de confianza para fortalecer la carrera dentro de la institución penitenciaria.
Casas coincide en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, pero pone el foco en tres frentes dentro de la propia Policía: mejorar la gestión de los recursos, reorganizar al personal con miras a fortalecer la investigación criminal y enfrentar la corrupción interna. Sobre el primer punto, sostuvo que López deberá rodearse de profesionales especializados que permitan ejecutar de manera eficiente y transparente los recursos destinados a la institución. “Ningún sol transferido a la PNP debería volver al MEF por la falta de gestión”, declaró el experto.
En cuanto al personal policial, Casas considera necesario recuperar efectivos especializados y destinarlos de manera sostenida a las unidades encargadas de investigación criminal. “En el anterior quinquenio se desactivó a la DIVIAC y se puso a personal especializado a cuidar el tránsito. El Comgen debe recuperar a dichos cuadros y derivarlos a la DIRINCRI y a las DEPINCRI, entre otras agencias, y evitar rotarlos”, enfatizó.
Según el especialista, deberá ser la lucha contra la corrupción dentro de la propia institución. A fin de ello, plantea fortalecer a la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) mediante equipamiento y acceso a sistemas de inteligencia. Asimismo, propone reducir el número de policías destinados a labores administrativas y trasladar progresivamente estas funciones a gerentes públicos de Servir.
Tuse, en tanto, apunta a una reorganización más amplia de la estructura policial. Considera necesario reducir lo que calificó como una “atomización” de la PNP debido a la existencia de numerosos grupos especiales. “Eso es dañino para la unidad y la confianza. Tres o cuatro bloques serían suficientes”, sostuvo. Según explicó, la estructura podría concentrar al personal de prevención en las regiones policiales; al de investigación, en la Dirección Nacional de Investigación Criminal; al de seguridad, en la Dirección de Seguridad del Estado; y al de operaciones, en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales.
Fredy López llega al máximo cargo de la institución tras desempeñarse como jefe del Estado Mayor General. Foto: Presidencia.
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Casas considera que López deberá tener en cuenta que la estabilidad que pueda otorgarle la legislación vigente no elimina la dimensión política del cargo ni la presión por mostrar resultados en el corto plazo. En ese contexto, plantea reducir los niveles de confrontación con el Ministerio Público y concentrar esfuerzos en aquellos territorios donde la Policía y la Fiscalía ya cuentan con investigaciones avanzadas.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza coincide en que López asumirá en un escenario de alta demanda ciudadana y con una Policía que enfrenta limitaciones operativas y de equipamiento. Sin embargo, considera que esta situación no responde únicamente a la gestión de Arriola. “Tengo que precisar que este no es un asunto que sea una consecuencia de la gestión del general Arriola. Creo que es una consecuencia de la crisis política que el sector ha vivido desde el 2017”, sostuvo.
Sobre la reducción que muestran algunos indicadores, Pedraza advirtió que una caída en las denuncias no necesariamente implica una disminución del delito, especialmente en el caso de las extorsiones. “La reducción de denuncias de extorsión no significa en lo absoluto una reducción de la comisión de estos delitos. Probablemente el delito que mayor cifra negra tiene en el Perú sea la de extorsión”. En esa línea, sostuvo que los indicadores disponibles sirven como referencia de una situación coyuntural, pero no permiten afirmar que la seguridad esté mejorando.
Para el exministro, uno de los principales retos de López será fortalecer la conducción y capacidad de gestión de la institución. “El general Arriola ha sido un comandante general muy operativo, presente en todos los asuntos policiales que hemos conocido. Sin embargo, creo que un comandante general tiene que, especialmente, organizar, planificar, gestionar, gerenciar los recursos humanos, administrativos de la policía”, concluyó.