Tras la difusión de un informe de El Comercio sobre el plan de la Comisión de Energía y Minas para abrirle las puertas a la Confemin, sus integrantes decidieron tomar cartas en el asunto y enviarle a Yenifer Paredes, quien preside la Mesa Directiva, un oficio en el que le solicitan ajustar la ruta planteada.
Uno de los grupos que propuso modificaciones al plan fue la bancada de Renovación Popular, a través de los integrantes de la comisión Felix See Hung Chang, Frank Krklec, José Baella y Gustavo Segura. Todos firmaron un oficio dirigido a Paredes Navarro, cuñada del golpista expresidente Pedro Castillo.
En el documento, dejaron claro que sus aportes buscan precisar el diagnóstico del sector, en particular respecto de la minería ilegal, el Reinfo, la Ley MAPE, la seguridad jurídica y la transición energética.
Asimismo, plantearon adecuar la visión, la misión, los objetivos y las actividades de control, audiencias y visitas al ámbito propio de una comisión ordinaria legislativa.
También propusieron incorporar el diálogo con las autoridades del sector, los gremios empresariales y todos los grupos de interés.
Además, pidieron añadir principios de actuación, ejes estratégicos y una agenda legislativa propia, no meramente reactiva.
Renovación Popular no fue la única bancada que observó el plan de trabajo. Consultado por El Comercio, Diethell Columbus, integrante de la Comisión de Energía y Minas por Fuerza Popular, indicó que el 31 de agosto envió un oficio a Paredes en el que resaltó, entre otros puntos, que el control político no puede ejercerse sobre entidades privadas, sino únicamente sobre organismos públicos.
“Yo pedí los ajustes la semana pasada. Antes de la sesión. De forma personal como integrante de la comisión”, refirió.
Todos estos cuestionamientos coinciden con varios de los puntos abordados por un informe de este Diario publicado el 3 de setiembre. En ella, se destacaron dos aspectos neurálgicos de la ruta planteada: la participación de mineros artesanales en las sesiones, en un aparente direccionamiento a favor de la Confemin, y la fiscalización a empresas vinculadas a los sectores minero y energético.
Finalmente, este martes a las 9 de la mañana se debatirá el plan de trabajo.
—Cambios graduales—
En el plan de trabajo planteado por Renovación Popular, los diputados indicaron que se deberá ejercer el control político de los organismos e instancias públicas y autónomas del sector minero-energético, así como efectuar el seguimiento de las actividades ilegales vinculadas a dicho sector —en particular, la minería ilegal—, sin sustituir las competencias de fiscalización administrativa de Osinergmin, OEFA, Sunafil u otros órganos del Ejecutivo, ni las de investigación del Ministerio Público y el Poder Judicial.
En la ruta de trabajo de Yenifer Paredes, en cambio, solo se indicaba que la comisión podía ejercer control político sobre los organismos e instancias públicas, autónomas y privadas que desarrollen actividades en los sectores minero y energético del país.
En el apartado referido a las audiencias públicas, la bancada de Renovación Popular precisó que resulta importante la participación plural de los pequeños mineros y mineros artesanales formales, de los titulares de la mediana y gran minería, de las comunidades campesinas y nativas del área de influencia, de los gobiernos regionales y locales —competentes en pequeña minería y minería artesanal—, de los organismos públicos especializados, de las organizaciones de trabajadores y de los gremios empresariales.
“El presente plan no anticipa el sentido de los dictámenes sobre la Ley MAPE ni sobre la continuidad del REINFO”, precisa.
Antes, el documento solo dejaba sentado que se realizarían audiencias públicas descentralizadas, de manera semipresencial o presencial, en el interior del país, y que resultaba importante la participación de los pequeños mineros y mineros artesanales, quienes tienen un rol protagónico en asuntos de exploración y explotación de recursos naturales.
Sobre las visitas inopinadas a instalaciones de empresas mineras, los diputados integrantes de la comisión propusieron que el ingreso a propiedad privada o a instalaciones de empresas privadas requiera autorización expresa del titular.
Mientras tanto, el plan de Paredes indicaba que la Comisión de Energía y Minas podía realizar visitas inopinadas a las obras públicas y privadas que estuvieran en ejecución, así como a los establecimientos públicos y privados relacionados con los sectores energético y minero, con la finalidad de constatar el uso adecuado de los recursos públicos.
En las observaciones de Fuerza Popular se hace hincapié a que la comisión debe tener una posición equilibrada sobre el debate de la Ley MAPE y el Reinfo.
“El plan atribuye un “rol protagónico” a los pequeños mineros y mineros artesanales, pero no concede una consideración semejante a los trabajadores, comunidades, consumidores, universidades, gobiernos regionales, empresas formales y demás sectores involucrados. Considero que la pequeña minería merece ser escuchada, pero nosotros debemos conservar una posición equilibrada, particularmente durante el debate sobre el REINFO, la Ley MAPE y la formalización minera», precisa.
Luego indicó que las visitas a instalaciones privadas deben realizarse de manera coordinada, con el consentimiento correspondiente o junto con las entidades supervisoras competentes.
Asimismo, opinó en un oficio que se debe corregir la referencia a Petro-Perú y Perú-Petro como ejemplos de “entes privados”, pues se trata de empresas estatales sujetas a un régimen empresarial.
—Argumentación—
En la propuesta de plan de trabajo, los diputados de Renovación Popular hicieron hincapié en la advertencia de que la Presidencia de la comisión buscaba realizar control político a diversos organismos estatales y entes privados relacionados con los sectores minero y energético.
Al respecto, indicaron que el control político es una función que se ejerce sobre los actos de gobierno y de la administración pública, no sobre los particulares.
“Las empresas privadas del sector no son sujetos pasivos de control político parlamentario”, indicaron.
No obstante, dejaron claro que la comisión sí puede invitar a representantes del sector privado, pero no citarlos.
Sobre el punto de que, en las audiencias públicas descentralizadas y las mesas de trabajo, resulta importante la participación de los pequeños mineros y mineros artesanales, quienes tienen un rol protagónico en asuntos de exploración y explotación de recursos naturales, la bancada de Renovación Popular indicó lo siguiente:
“El párrafo singulariza a un único estrato de actores del sector. Tratándose de espacios de participación convocados por una comisión ordinaria, el criterio aplicable es el de la pluralidad”, refirieron.
Argumentaron que, si se identifica nominalmente a los pequeños mineros y mineros artesanales, corresponde mencionar también a los titulares de la mediana y gran minería, comunidades campesinas y nativas del área de influencia, los gobiernos regionales y locales, así como los organismos públicos especializados.
Al respecto, César Ipenza, experto en temas mineros, consideró que las observaciones de ambas bancadas son importantes porque, en el aspecto de incluir a los mineros artesanales en las sesiones ordinarias del grupo, pareciera que estuviera direccionado para solo favorecer a la Confemin.
“Es importante el ajuste pero debería incluirse otras voces y no solo los que generan medidas de chantaje al Estado. Solo y siempre se escucha a ellos [la Confemin] y no convocan a otros especialistas y afectados por la actividad”, manifestó en diálogo con este Diario.