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El Ejecutivo declaró en estado de emergencia los establecimientos penitenciarios de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad), como parte de las medidas anunciadas para fortalecer la seguridad ciudadana. La disposición tendrá una vigencia de 60 días calendario y establece que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
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De acuerdo con la norma, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones destinadas a garantizar la seguridad del perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de los establecimientos penitenciarios.
Las operaciones incluirán un control estricto de los accesos y labores de inteligencia orientadas a prevenir posibles fugas. Asimismo, se realizarán operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El INPE continuará a cargo de la administración y custodia interna de los establecimientos penitenciarios durante la vigencia de la medida.
Gobierno dispone operativo especial en cinco penales para prevenir fugas y decomisar celulares y armas. (Foto: Andina)
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La norma también establece que se garantizará el respeto de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Según el Ejecutivo, los cinco penales incluidos en la medida albergan cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.
La declaración del estado de emergencia se produce después de una reunión sostenida en Palacio de Gobierno entre la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.
El encuentro tuvo como objetivo coordinar las acciones inmediatas para fortalecer el sistema penitenciario y establecer las directrices de la nueva gestión del INPE, entre ellas las disposiciones contempladas en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.