Quizás uno de los aspectos que más debe tener en cuenta Keiko Fujimori al cumplir un mes en el gobierno es el valor de la palabra de quien ejerce la Presidencia de la República.
Durante estos 30 días hemos tenido momentos en los que, a partir de lo que ella ha anunciado o señalado, se han generado situaciones que, en tan solo un mes, se han convertido en dudas, reclamos o en desconfianza.
Y es que la palabra presidencial tiene un impacto muy fuerte en la situación política y económica, así como en el ánimo y la percepción de la ciudadanía. La palabra de quien ejerce la presidencia es, y debe ser siempre, un compromiso con la verdad, con la coherencia, con la consistencia, y con el cumplimiento de esa palabra empeñada. Y cuando las acciones contradicen o no cumplen el compromiso o la promesa, esa palabra pierde valor, deteriora la credibilidad y empieza a generar desconfianza.
El anuncio presidencial del aumento de la RMV y de Pensión 65 generó más reclamos que aplausos; sin embargo, con el paso de las semanas, han sido varias las versiones sobre el cumplimiento de estas promesas, y se han señalado plazos que van hasta el próximo año.
La presentación de la solicitud de facultades legislativas corrió la misma suerte, el mismo periodismo ha reseñado las continuas postergaciones a la presentación del documento final tomando en cuenta lo señalado por la misma presidenta el 28 de julio, y por el jefe del Gabinete y los ministros semana a semana.
La promesa del orden y de un gran equipo quedó grabada en la población y fue reafirmada con energía el 28 de julio, por eso, han generado malestar, y hasta decepción, el “reciclaje” de funcionarios, y lo señalado desde Palacio de Gobierno y que fue reseñado en medios y redes como “Keiko Fujimori reconoció que los resultados que prometió en campaña tendrán que esperar al menos un año” o “al otro año se verán las mejorías”.
Que la presidenta señale con contundencia que no habrá cambios en el Gabinete y que este sigue sólido, justo después de que se hacen públicas varias revelaciones sobre presuntas irregularidades, o conductas, comportamientos, o nombramientos cuestionables de algunos ministros, no ayuda ni a la presidencia ni al gobierno. La palabra empeñada de orden, y de que no se permitirá ningún acto irregular ni de corrupción, debería llevar a la presidenta a evitar que se pueda asumir, tan temprano, que existe una voluntad de aceptar, permitir o blindar estos comportamientos.
Durante los últimos gobiernos, el común denominador ha sido, precisamente, la devaluación total de la palabra presidencial. Las promesas y los anuncios nunca fueron tomados en serio o llegaron a ser blanco de burlas o de memes porque, en su mayoría, eran para salir del paso, falsas, huecas, o impracticables.
Si Keiko Fujimori quiere marcar la diferencia, entonces debe evitar que su palabra pierda valor y genere las mismas dudas y desconfianza.
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