Algo más de 30.000 empresas han cerrado sus puertas en Argentina desde que el ultraliberal Javier Milei asumió el Gobierno a finales de 2023, con políticas que han afectado especialmente al sector del comercio y a varias ramas industriales.
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La caída del poder de compra de los salarios en términos reales ante una inflación aún elevada -33,8 % interanual en julio pasado- ha llevado a una reducción en el consumo.
“En este escenario, las empresas reducen su producción hasta cerrar porque no tienen demanda. También hay menos empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado por la política fiscal de reducción del gasto público”, explicó Bergstein.
Según el economista, en el proceso de desaparición de unidades productivas también incide un fenómeno de ‘transferencia’: “Las empresas que tienen menos ingresos, transfieren esta situación a sus proveedores, y éstos, con menos ventas, a su vez también empiezan a cerrar. La cadena de pagos se está cortando en todos los sectores y esto afecta a miles de pymes y a sus trabajadores”.
El cierre de empresas y comercios tiene, de hecho, un impacto directo en el mercado de trabajo: según CEPA, en lo que va de la gestión de Milei se destruyeron 411.613 empleos formales, a razón de 450 por día.
El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de la industria manufacturera, con una reducción de 97.312 trabajadores hasta mayo pasado.
Consultado hace un par de semanas por este fenómeno, Milei aseguró en una entrevista que muchas de las empresas que cierran están conformadas por una sola persona, que “la cantidad de empleo subió” y que el consumo está en niveles récord.
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Otro fenómeno que evidencia la grave crisis que atraviesa buena parte del tejido productivo de Argentina es el creciente número de los concursos preventivos, un proceso judicial que se inicia a solicitud de una empresa que ha incurrido en cese de pagos y que busca evitar la quiebra.
Según un informe de la entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA), en 2025 se abrieron 190 concursos preventivos en los tribunales comerciales de Buenos Aires, un 131,7 % más que en 2023, mientras que entre febrero y abril de 2026 ya se iniciaron 92 procesos.
“Habíamos alertado de que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestran que el daño al entramado productivo es mucho peor”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.