El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, respondió a los cuestionamientos que enfrenta en el Congreso por sus presuntos vínculos con Minera Poderosa y aseguró que las Fuerzas Armadas no tienen como objetivo proteger los intereses particulares de la empresa, sino combatir a las organizaciones criminales que operan en Pataz.
“Nosotros no estamos ahí para chalequear a Minera Poderosa. Ese no es el caso”, afirmó Belaunde durante una entrevista con RPP Noticias, al ser consultado sobre la presencia de las FFAA en la zona y si dentro de sus funciones se encontraba brindar seguridad a la compañía minera.
El ministro sostuvo que el estado de emergencia en Pataz tiene como finalidad enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona y que utilizan armas de fuego, extorsionan, cometen sicariato y perpetran ataques contra personas e instalaciones.
“Nosotros estamos ahí para atacar, con todo el rigor que permite la ley, a las organizaciones criminales”, afirmó.
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Belaunde señaló que, debido a su cargo, ha tenido acceso a información de inteligencia sobre la situación en Pataz y describió un escenario marcado por la extorsión, el sicariato y otros delitos vinculados a las economías ilegales.
El titular de Defensa recordó, además, el asesinato de 13 personas dentro de un socavón, episodio que, según sostuvo, evidencia el nivel de violencia que enfrentan quienes trabajan en la zona.
Consultado específicamente sobre si existen efectivos de las Fuerzas Armadas destinados a custodiar instalaciones, campamentos o plantas de Minera Poderosa, Belaunde respondió que no.
“No hay efectivos destacados para mantener la seguridad en instalaciones, campamentos o plantas de la mina. Hay un despliegue en la provincia de Pataz”, explicó.
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El ministro precisó que las Fuerzas Armadas pueden realizar patrullaje en la vía pública, labores de inteligencia e intervenciones contra actividades clandestinas, como parte del estado de emergencia.
También explicó que existe control sobre el tránsito de vehículos que transportan mineral, con el objetivo de monitorear el flujo de los volquetes y evitar la salida de mineral robado.
Belaunde remarcó que las diferencias entre Minera Poderosa y los mineros informales son un asunto distinto a la misión de las Fuerzas Armadas.
Según explicó, esos conflictos deberán ser abordados mediante una negociación entre las partes, eventualmente con la participación del Ministerio de Energía y Minas.
Las declaraciones del ministro se producen luego de que la bancada de Juntos por el Perú presentara una moción de interpelación contra él en la Cámara de Diputados.
El pliego contiene 43 preguntas relacionadas con la actuación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la protección de instalaciones mineras, las medidas destinadas a evitar afectaciones a los derechos de los pequeños mineros y el proceso de formalización minera. También incluye preguntas sobre la estrategia de seguridad en Pataz y la protección de los derechos fundamentales durante las operaciones militares.
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Entre los cuestionamientos se encuentran además las referencias a los vínculos de Belaunde con Eva Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, quien realizó un aporte a la organización política con la que el actual ministro postuló a la Presidencia.
Frente a ello, Belaunde negó haber recibido dinero de Arias o de Minera Poderosa y explicó que el aporte realizado por Arias fue a título personal y a favor del partido político, no de la empresa.
“No son aportes de una empresa a una persona. Yo no he recibido un centavo ni de la señora Arias ni de Minera Poderosa”, dijo.
“La señora Eva Arias tenía afinidad, más que conmigo, con Mario Vargas Llosa. Se inscribió en el partido y decidió colaborar, a título personal, financiando al partido político, como también lo ha hecho con otros partidos políticos. Eso está publicado en el reporte de la ONPE, todo está sobre la mesa”, aseguró.
El ministro también negó haber tenido una relación comercial o laboral con Minera Poderosa.
Belaunde señaló que una posible interpelación “es un acto de control político absolutamente legítimo”, y que él puede responder por sus 17 días en el cargo.
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“Esto es un acto de control político absolutamente legítimo. Si juntan los 44 votos en el Congreso, tendré que ir y responder el pliego interpelatorio y no tengo ningún problema”, remarcó.
Afirmó que, por ahora, considera necesario que las Fuerzas Armadas mantengan bajo su mando el estado de emergencia en Pataz para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona.
El ministro insistió en que la actuación militar debe desarrollarse con “la mayor severidad posible”, pero siempre dentro del marco de la ley y la Constitución.