El nuevo gobierno ha propuesto evaluar y ajustar la política y los programas sociales —bien, siempre hay que hacerlo— para asegurar que se reduzca la pobreza que afecta a millones de niños peruanos, pero sorprende que en esa conversación prácticamente no aparezca el Programa de Apoyo a los Más Pobres, Juntos. Es un tremendo error: Juntos hoy llega a hogares donde viven más de 1,6 millones de niños en situación de pobreza y alta vulnerabilidad, exactamente el grupo que se quiere priorizar.
Juntos opera desde 2006 y atiende a casi 800 mil familias. Entrega una transferencia en efectivo condicionada a que los hijos cumplan sus controles de salud, sobre todo en los primeros años de vida, y asistan a la escuela hasta quinto de secundaria. Es, probablemente, el programa social más evaluado del país y la evidencia es consistente: las familias cumplen, los niños tienen mejor salud y estudian. El programa hace lo que dice que hace.
Pero cuando se habla de Juntos rara vez se menciona ese cumplimiento. Se le caricaturiza como una dádiva. No lo es: es un incentivo para que las madres aseguren la salud y la educación de sus hijos, y la transferencia se destina sobre todo a alimentación, transporte, útiles escolares y cuidado infantil. Las críticas de siempre —que desincentiva el esfuerzo, que genera dependencia, que induce embarazos— tienen poco o ningún sustento más allá de alguna anécdota, y la investigación seria las ha desmentido. El sentido común también: nadie deja de trabajar ni tiene un hijo para recibir 100 soles al mes.
La crítica más seria es otra: muchos niños que pasaron por Juntos no logran salir de la pobreza en la que crecieron. Es cierto, pero no es una falla atribuible al programa. Sin escuelas de calidad, empleo disponible y becas para seguir estudiando, ni la mejor transferencia condicionada cambia por sí sola el destino de un joven. Ahí está la tarea pendiente, no en el programa.
Juntos, ha ido más allá de su impacto positivo en los niños: las madres accedieron a inclusión financiera y con ello ampliaron sus opciones económicas y su resiliencia ante shocks; Beca 18 ha abierto estudios técnicos y universitarios a cientos de jóvenes que terminaron la secundaria gracias a Juntos; y un piloto urbano relativamente reciente focalizado en madres gestantes y niños menores de un año, evaluado de forma independiente, mostró mejoras significativas en el desarrollo infrantil de los niños involucrados.
Juntos ofrece algo que no sobra en la política social peruana: una ruta probada, transparente, con institucionalidad, capilaridad y dos décadas de evidencia, que llega directamente a los niños más vulnerables del país. Falta mejorarlo —la transferencia sigue congelada desde 2006 y hoy vale la mitad—, ampliarlo y probar variantes focalizadas en distintos grupos de niños. Por ello, vale la pena usar lo que ya tenemos, Juntos, como columna vertebral de una estrategia contra la pobreza infantil. No hace falta reinventar la rueda; hace falta hacerla girar mejor.
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