La fiscalización a los vehículos eléctricos que invaden las ciclovías comenzó oficialmente este fin de semana. Sin embargo, el inicio de esta medida aún no se refleja plenamente en las calles.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Con el objetivo de conocer cómo se implementaría la fiscalización, El Comercio solicitó información oficial a la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía Nacional del Perú (DIRCIMA) sobre los operativos programados, las entidades responsables de los controles y el cuadro de sanciones aplicables. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó a este Diario que no existe ninguna disposición que haya prorrogado o suspendido la entrada en vigencia de la fiscalización ni de las sanciones anunciadas para este tipo de infracciones, descartando así versiones que apuntaban a una eventual ampliación del plazo para la aplicación de las sanciones.
Formalización obligatoria: los requisitos que deben cumplir estos vehículos
Más allá de la prohibición de circular por ciclovías, la normativa establece que los vehículos eléctricos que superen los 25 km/h deben culminar un proceso de formalización para poder circular legalmente.
Ello implica obtener una placa de rodaje, registrar la unidad, contratar un SOAT vigente y que el conductor cuente con una licencia de conducir categoría B-IIa, además de portar la documentación correspondiente durante la circulación.
Aunque la fiscalización a los vehículos eléctricos entró en vigencia, durante el recorrido de El Comercio no se registraron intervenciones a conductores que utilizaban indebidamente las ciclovías. (Foto: Diego Aquino).
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
De acuerdo con especialistas consultados por El Comercio, cuando un conductor incumple simultáneamente varias de estas obligaciones, las infracciones pueden imponerse de manera acumulativa. Además, en determinados casos la normativa contempla el internamiento del vehículo en un depósito oficial hasta que el propietario regularice su situación.
Mientras tanto, distintos gremios vinculados a la movilidad eléctrica han planteado la necesidad de implementar un proceso extraordinario de formalización que permita a miles de propietarios adecuarse a las exigencias legales, argumentando que muchas de estas unidades fueron comercializadas durante años sin información clara sobre las obligaciones que debían cumplir.
Especialistas cuestionan la falta de fiscalización y coordinación entre las autoridades
Para Mario Candia, ingeniero civil especialista internacional en ingeniería de tráfico, el escenario observado por El Comercio responde a un problema mucho más profundo que el inicio de una campaña de fiscalización.
El especialista sostiene que la principal dificultad radica en que las normas de tránsito históricamente no han sido fiscalizadas de manera permanente.
“La Policía básicamente invierte la mayor parte de su tiempo en operar como semáforos humanos, en vez de fiscalizar este tipo de conductas ilegales, controla el tránsito. Ahí tenemos un problema gravísimo porque el rol de la Policía está completamente distorsionado”, explicó.
Mario Candia, ingeniero civil especialista en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial, advirtió que la falta de una fiscalización permanente contribuye al deterioro de la cultura vial y al incumplimiento de las normas de tránsito. (Foto: difusión Microfinanzas).
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Candia advirtió que cuando las infracciones no son sancionadas, los conductores terminan normalizando esos comportamientos.
“Si no me sancionan conductas ilegales, entonces las repito. Incluso llega un momento en que las personas sienten que romper las normas es un derecho. Eso degrada la cultura vial”, indicó.
Asimismo, recordó que la prohibición para que estas motocicletas circulen por ciclovías no constituye una norma nueva.
“La ley ya existía hace mucho tiempo. Lo que nunca existió fue una fiscalización constante. Las normas deben hacerse cumplir todos los días y no únicamente mediante operativos”, afirmó.
La implementación también exige capacidad operativa y una mejor información a los usuarios
El coronel retirado de la Policía Nacional del Perú y especialista en tránsito, Franklin Barreto Verástegui, coincidió en que el problema se originó mucho antes del inicio de la fiscalización.
“Se ha dejado avanzar un problema que ya tenía una reglamentación desde hace muchísimos años. Se permitió que ingresaran vehículos que debían cumplir determinadas exigencias, pero fueron comercializados como si no necesitaran documentación”, sostuvo.
Barreto explicó que una intervención policial en estos casos implica mucho más que colocar una papeleta.
“Si el conductor no tiene placa, licencia o SOAT, no basta con imponer una multa. El vehículo debe ser retenido e internado en un depósito. Todo eso forma parte del procedimiento”, precisó.
Franklin Barreto Verástegui, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú y especialista en seguridad vial, sostuvo que la fiscalización de los vehículos eléctricos requiere capacidad operativa y una adecuada coordinación entre las autoridades. (Foto: difusión)
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
El especialista también consideró que las autoridades debieron acompañar la implementación de la medida con una mayor campaña de información dirigida a los usuarios.
“La autoridad debió informar oportunamente bajo qué reglamentación ingresaban estos vehículos. Muchas personas compraron estas unidades creyendo que no necesitaban ningún trámite porque así se los hicieron creer”, manifestó.
En esa línea, Candia coincidió en que existió un importante vacío de comunicación.
“La información que recibía la población provenía principalmente de los fabricantes y no siempre era verídica. Muchas personas quedaron engañadas respecto de las obligaciones legales que tenían estos vehículos”, concluyó.
Para ambos especialistas, el desafío ahora está en mantener la vigencia de la norma y, al mismo tiempo, garantizar una fiscalización sostenida, fortalecer la coordinación entre las autoridades y brindar reglas claras a los usuarios, de modo que la regulación contribuya efectivamente a mejorar la seguridad vial y proteger a quienes utilizan diariamente las ciclovías.
